El Supremo pone las cosas en su sitio

Roberto Blanco Valdés
Roberto L. Blanco Valdés EL OJO PÚBLICO

OPINIÓN

@KRLS

10 ene 2020 . Actualizado a las 18:30 h.

Poco le duran las alegría judiciales a los separatistas catalanes y a sus amigos y aliados, empeñados todos en retorcer hasta extremos demenciales las leyes de un Estado, al que, en un acto de auténtico delirio, los sediciosos niegan su indiscutible naturaleza democrática y de derecho.

Ayer, dos salas de nuestro Tribunal Supremo, la de lo Penal y la de lo Contencioso-administrativo, desestimaron por unanimidad los recursos de Junqueras (quien desprecia el orden jurídico español pero no tienen inconveniente en acudir a él cada vez que le conviene) dejando con ello en malísimo lugar tanto a la Abogacía del Estado, como a todos los que, incluido el PSOE, pusieron a caldo a la Junta Electoral Central en un acto realmente inconcebible en un partido de gobierno. También, por supuesto, a la presidencia del Parlamento Europeo, que, por medio de actos sucesivos, ha venido desafiando de un modo inadmisible la potestad de los órganos jurisdiccionales de un Estado miembro de la Unión Europea.

El auto de la Sala Tercera del Supremo, de lo Contencioso-administrativo, desestima la petición de Junqueras para que aquella suspendiera de forma cautelarísima -es decir, con la máxima urgencia- el acuerdo por virtud del cual la Junta Electoral Central declaró el viernes pasado que Junqueras había perdido la condición de eurodiputado como consecuencia de lo previsto en la Ley del Régimen Electoral General, pérdida que lo convertía automáticamente en inelegible para el cargo de miembro del Parlamento Europeo.

Con mucha mayor trascendencia jurídica y política, la decisión de la sala penal cierra a Junqueras toda posibilidad de convertirse ya en eurodiputado. El alto tribunal, desautorizando de plano a la Abogacía del Estado (y, por tanto, al Gobierno que forzó su decisión sobre el dirigente de ERC con el objetivo de dar satisfacción a lo que los separatistas exigían para investir a Pedro Sánchez), declara que Oriol Junqueras ha quedado inhabilitado para ser eurodiputado como consecuencia de la sentencia firme que lo condenó por sedición y malversación a 13 años de prisión y a 13 de inhabilitación absoluta. Por ello, y de acuerdo con la posición de la Fiscalía, ni Junqueras será puesto en libertad, ni tampoco se tramitará un suplicatorio ante el Parlamento Europeo para que aquel pudiese levantar eventualmente su inmunidad parlamentaria. El Tribunal Supremo decide, además, como era de esperar, que, en ningún caso, se anularán las decisiones judiciales sobre Junqueras adoptados por el propio órgano jurisdiccional con posterioridad a su adquisición de la inmunidad y, entre ellas, de modo muy destacado, la sentencia firme que lo condena.

En medio del chantaje político del separatismo y del ruido mediático, tantas veces interesado, el Tribunal Supremo español ha vuelto a dar una lección que nadie debería olvidar: que todos, también los independentistas, estamos sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico. Empezando, claro, por el propio Tribunal Supremo.