El proceso que ha rematado, por ahora, en el 9-N ha puesto en evidencia la singularidad de Cataluña, incluso al margen de la calificación como ilegal de lo actuado o de su deslealtad constitucional. Una manifestación de ese tipo es impensable, salvo una excepción, en otra comunidad autónoma. Se puede discrepar del alcance de la singularidad y en ese sentido rechazar, como ha hecho Rajoy, negociar una ruptura de la unidad del Estado que no permite la Constitución. Pero la singularidad tiene un largo recorrido. Reconocida durante la Constitución republicana, seguía siendo una cuestión pendiente para la singladura del Estado que nos ha llevado hasta hoy. La restauración de la Generalitat en 1977, con Tarradellas, fue todo un símbolo del reconocimiento de la singularidad. También existe, aunque parezca paradójico, en la Constitución de 1978, que se invoca, aprobada por las Cortes Generales, incluida la minoría catalana, y por amplia mayoría de los ciudadanos, también en Cataluña. Lo que figura en la Constitución es una autonomía generalizable, pero con singularidades previsibles para Cataluña, País Vasco y Galicia, enlazando con la de 1931. Ha sido sustituida por «el café para todos», ahora existente, a partir del pacto de Calvo Sotelo con el PSOE y el respaldo científico de una comisión de expertos. Tenían la convicción de que así se resolvía el problema de Cataluña. Fue una decisión política que no parece que haya conseguido el objetivo.
No deja de sorprender que quienes colaboraron en esa uniformidad y la han defendido se apresuren ahora a reconocer unas singularidades a Cataluña urgiendo al Gobierno o traten de influir en él con nuevas recetas. En una huida hacia adelante, el PSOE ha planteado un Estado federal. En realidad, y dada la variedad de federalismos, ya lo es el actual, después de la espuria uniformidad de las comunidades autónomas. Para dejar las cosas como están no hace falta esa reforma más bien nominal de la Constitución y que desde esa perspectiva puede ser chocante. Al parecer, el federalismo asimétrico acuñado en el PSC está ahora cuestionado; rompería la igualdad. El Estado federal podría, sin embargo, servir de pretexto para reconocer alguna singularidad a Cataluña. Para ello no creo que sea preciso modificar la estructura del Estado. No es momento para que se satisfaga la prisa de ERC, ni para negociar con un Mas envalentonado. Hace falta tiempo, aunque a su vez apremie, para superar la circunstancia actual.
Debería dejarse, sin embargo, claro que existe en el horizonte, desde el Gobierno, voluntad de reconocer la singularidad de Cataluña. No ir a remolque. Existe un actor importante que no ha hablado: los dos tercios de catalanes que no han participado en el 9-N. Algo necesitan oír; algo tendrán que decir. ¿A quién votarán si Mas decide de pronto convocar elecciones en cualquiera de las variaciones barajadas? ¿Tendrían mayoría PP, Ciutadans y PSC? La singularidad como diferencia no es desigualdad.