Déjà vu. Ya visto. Confieso que he vivido, en las últimas décadas del siglo pasado, debates sobre la sostenibilidad de las pensiones públicas muy similares al actual. Proyecciones demográficas que, una vez ahuyentado el fantasma maltusiano de la superpoblación, auguraban un Occidente pletórico de funerales y escaso de bautizos. Voces tremebundas que, desde los púlpitos académicos y oficiales, pronosticaban el advenimiento de la catástrofe. Profecías apocalípticas que anunciaban el colapso del sistema.
Después, repentinamente, el debate se desvaneció. La Seguridad Social vivió lustros de esplendor, el número de afiliados se multiplicó hasta rebasar los veinte millones, el Pacto de Toledo garantizó el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones y los superávits del sistema permitieron nutrir una hucha de ahorro en previsión de malos tiempos. Y estos han llegado. Y con ellos la resurrección de la vieja pregunta: ¿Es sostenible el sistema público de pensiones? ¿Lo era sin los recortes arbitrados en la última reforma?
Los últimos datos no invitan al optimismo. En julio solo había 2,26 cotizantes por cada pensionista. El gasto en pensiones contributivas superó ese mes los 8.000 millones de euros, récord sin precedentes históricos. El Gobierno echó mano una vez más -y van seis en dos años- del fondo de reserva, del que ya extrajo la friolera de casi 25.000 millones de euros. Ahora bien, antes de declarar la quiebra del sistema, el Gobierno debería explicar un par de cuestiones.
Primera, ¿por qué las pensiones contributivas tienen que correr a cargo, exclusivamente, de las cotizaciones sociales? ¿En qué biblia se establece que la factura deben pagarla los trabajadores empleados -cada vez menos y con menos salario- y no todos los contribuyentes en general? Si no existe ningún texto sagrado con tal precepto -y no lo hay-, se suscita la segunda cuestión: ¿Qué porción de la riqueza nacional generada cada año estamos dispuestos a reservar para los pensionistas? En el 2007, antesala de la crisis, destinamos a pensiones el 8 % del PIB. De no mediar los recortes, nos iríamos al 15 % en el 2060, porcentaje que el Gobierno considera insostenible y que, sin embargo, coincide con lo que gasta actualmente Italia en esa rúbrica.
Pero hay más: el argumento económico en contraposición al argumento demográfico. Lo ha expuesto repetidas veces, sin que haya sido rebatido de forma concluyente, el catedrático Vicenç Navarro. Si la productividad crece a una modesta tasa del 1,5 % anual, la amenaza que pende sobre el sistema de pensiones se disipa. Con esa mejora de la eficiencia, a la altura del 2060 un solo cotizante podrá sostener a varios pensionistas. Los pormenores -y las cifras- del argumento se detallan en un libro, escrito en colaboración con Juan Torres, de título harto significativo: Lo que debes saber para que no te roben la pensión. A él me remito.