NADIE duda de que los periódicos -es verdad que unos más y que otros menos- arriman a veces el ascua a su sardina. Pero hay una circunstancia que puede tenerse por principio universal: que un hecho existe cuando todos lo recogen como cierto. Por eso, era de libro la pregunta que, en una entrevista de anteayer, le dirigieron a José Blanco dos redactores de este periódico en Madrid, al observar que el secretario de Organización del Partido Socialista se empecinaba en negar que el Tribunal Supremo ha dicho lo que ha dicho sobre la impugnación de ANV por parte el ministerio fiscal y de la abogacía del Estado. «¿El Supremo ha reprendido al Gobierno respecto de la impugnación de las listas de ANV?», preguntaban los redactores de La Voz. Y José Blanco respondía: «Eso es una falsedad, y miente quien diga que el auto establece eso. En ningún caso el Supremo ha dicho que el Gobierno debería proceder de otra forma». La réplica resultaba de cajón: «¿Mienten entonces todos los periódicos españoles?». Pues sí señor. Según Blanco, mienten todos: «Se ha hecho una interpretación sesgada de fundamentos de ley». Al margen de que tal cosa -los «fundamentos de ley»- no existe con tal nombre, parece increíble la terquedad con que el Gobierno y el PSOE han decidido negar lo que cualquiera que sepa algo del asunto -quizá no es el caso de Blanco- puede entender muy fácilmente: que el empeño del Gobierno en permitir que concurran a las elecciones cuya campaña electoral comienza hoy la mitad de las listas de ANV le obligó finalmente a presentar ante el Tribunal Supremo una estrambótica demanda. ¿O no es estrambótico basar la impugnación de las candidaturas de ANV en el hecho de que ese partido -sólo virtual hasta hace cuatro meses- es utilizado por Batasuna y no solicitar, en consecuencia lógica con ello, que se anulen todas y no sólo una parte de sus listas? Es estrambótico. Lo es hasta tal punto de que la Sala especial del Tribunal Supremo, en el que hay un magistrado que ha sido ministro de Justicia socialista, se haya visto obligado en su resolución a dejar constancia, ¡por unanimidad!, de que, al no haberlo solicitado el Gobierno, no puede la sala proceder a lo que resultaría coherente: anular todas las listas de ANV. Sólo la confirmación por parte del Tribunal Constitucional de lo decidido por el Tribunal Supremo previamente puede ya evitar un mayúsculo fiasco. Pues, de no ser así, resultaría lo peor: que la mitad de las listas de ANV concurrirán a los comicios debido a la complicidad de este Gobierno, y la otra debido a su intento de hacer jurídicamente posible tan disparatada decisión.