LA GUERRA de las hamburguesas se está enconando. Llamativo titular de este periódico que evidencia los intereses soterrados en tanta publicidad educadora y fomentadora de malos hábitos alimentarios. Y en la contraeducación, el propio infográfico que da cuenta del aberrante equivalente de una hamburguesa gigante: once plátanos, tres filetes de ternera, diecisiete yogures¿ Lo aberrante se extiende además a la obesidad, las enfermedades cardiovasculares o diabetes a ella asociada, pero también y peligrosamente a los trastornos alimentarios en jóvenes y adolescentes. En contraposición hay campañas educativas en torno a la alimentación que sorprenden agradablemente: uno de los anuncios más estimulantes que circulan actualmente en los medios de comunicación es el que titula este Codex . Anuncio limpio, recuerdo de mañana festiva. ¡Y es del Gobierno! Se agradece, por más que altere los hábitos y el humor, la ley que limita el tabaco e incita a cambios en el comportamiento social y personal. O aquella que obliga a reflexionar y condiciona el hábito al conducir. Se agradecen los esfuerzos por hacernos reflexionar sobre nuestra alimentación frente a las prédicas sobre productos desaconsejables para la salud, de los que la omnipresente publicidad estimula su consumo. Pero uno echa en falta en estas actuaciones por una alimentación saludable algunas medidas administrativas. Porque los malos hábitos alimenticios no se limitan al ámbito familiar. Los acompañan la tentación insistente o lo exclusivo de la oferta. En numerosos lugares públicos (enseñanza, universidades, centros deportivos, hospitales¿) -bien en sus bares y cantinas, bien en máquinas expendedoras-, niños y adolescentes, también los jóvenes, encuentran mayoritariamente, y en ocasiones como oferta exclusiva, productos alimenticios con riesgos para la salud. Sin una oferta alternativa de alimentos saludables (unidosis de fruta, lácteos¿), lo que esteriliza campañas educativas y esfuerzos familiares. Por lo que, aun a riesgo de protestas por la libertad de comercio y los derechos individuales, bien estaría intervenir en la regulación de la oferta de productos alimentarios. Al menos aquella que se realiza en locales propios de la Administración pública.