SACAR de Madrid alguno de los organismos públicos estatales que abundan en sus calles y trasladarlos a otras ciudades de España es una medida saludable para vertebrar el país, ahora que se está quedando en los huesos tras la asunción por las comunidades autónomas de la mayoría de sus competencias estatutarias exclusivas. La intención es buena y hasta aplaudida, pero, sin embargo, las formas con las que se quiere hacer el traslado a Barcelona de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) está generando una porfía poco edificante entre el Ejecutivo y el consejo de la CMT, con su presidente Carlos Bustelo al frente, que ha calificado de «deportación» la decisión gubernativa. Quienes se oponen al traslado porque no ven en la decisión del Gobierno «razones funcionales o administrativas» argumentan también que la CMT es un órgano que regula la actividad de unas empresas que tienen su sede central y societaria en Madrid, cuyas resoluciones sólo son impugnables ante la Audiencia Nacional, también radicada en Madrid, y que depende del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, que igualmente está en Madrid. Pero estas particularidades ocurren con la casi totalidad de los organismos estatales que regulan determinados mercados y por esta regla de tres no se justificaría nunca su salida de la capital del Reino y su emplazamiento en otras ciudades. Es verdad que hubiera sido más lógico designar a la ciudad condal sede de algún organismo estatal de nueva planta, como el próximo Consejo Audiovisual, para el que tiene todas las papeletas, en lugar de decidir el traslado de la CMT por decreto de Consejo de Ministros y sin consulta previa a sus 140 empleados, muchos de ellos con hipotecas inmobiliarias en Madrid. El loable compromiso del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero de promover las líneas transversales en las comunicaciones españolas y repartir por diversas comunidades autónomas los organismos nacionales debe ser coherente en su aplicación porque en caso contrario tendrán razón quienes interpretan esa política no como un criterio integrador sino como una mera imposición del tripartito catalán que, al igual que pidieron y obtuvieron que se desgajaran del archivo de la Guerra Civil situado en Salamanca los documentos procedentes de la Generalitat catalana, quieren ahora para Barcelona todos aquellos organismos estatales que tienen que ver con la energía y con las nuevas tecnologías de la sociedad de la información y del bienestar, en detrimento del resto de España. El Gobierno haría bien en que los hechos desmintieran esta tesis.