EL PROCESO de incorporación plena de Turquía a la Unión Europea -el próximo viernes deben pronunciarse los jefes de Estado y de Gobierno de los 25 sobre la fecha de inicio de las negociaciones- sólo puede depender, a nuestro juicio, del cumplimiento estricto por ese país del artículo 2 de la Constitución Europea en lo que se refiere a todos los valores y derechos que deben ser respetados en la Unión -lo mismo que se ha exigido a todos los candidatos en las sucesivas ampliaciones-. Muy singularmente, los derechos de las personas y los relacionados con la diversidad regional, cultural y lingüística (artículo 3.3.). Por nuestra parte, en el club de los 25 debiéramos ser exquisitos en la no discriminación «por razón de sexo, raza, color, orígenes étnicos o sociales, características genéticas, lengua, religión o convicciones» (artículos 81 y 118) cuando valoremos una nueva adhesión. Más si la Unión se declara aconfesional y respetuosa con «la diversidad cultural, religiosa y lingüística» (artículo 82). Sobre esa base nada habría de extraño en que un país de 70 millones de ciudadanos viniese a ampliar una Unión que ya cuenta con más de 450 millones. Resulta difícil negar las potenciales ventajas económicas y estratégicas -su pertenencia a la OTAN y los acuerdos preferenciales con la Unión Europea ya existentes así lo demuestran- que de esa incorporación se derivarían. Quizás en esta controversia estén aflorando, en realidad, las fronteras interiores -y mentales- relativas a la inmigración, al mestizaje y a la integración -o no integración- de los 10 millones de ciudadanos africanos y/o musulmanes que ya viven entre nosotros. Estaríamos ante una reedición de aquellas prevenciones étnicas, a lo Sabino Arana cuando reaccionaba contra lo español por contar con antepasados y mestizaje de moros o judíos. O de la Inmigration Restriction Act (1924) de Estados Unidos en la que sobre la base de sesudos estudios de las Universidades de Harvard y Stanford se fijaron cupos estrictos «hacia la escoria del Sur y el Este de Europa -italianos, griegos, turcos, húngaros, polacos...», por ser «formas humanas inferiores originarias de regiones genéticamente desfavorecidas que entrañarían serios riesgos de enturbiamiento por mestizaje». Si a lo anterior sumamos el actual tensionamiento extremo en el conflicto árabe-israelí, la desestabilización terrorista del Golfo Pérsico, el 11-S y nuestro 11-M, el caldo de cultivo para jalear y radicalizar el riesgo interior y exterior de los otros empieza a ser preocupante. Nótese cómo se habla ya de los riesgos sociales de la inmigración, cuando lo que tocaría sería resolver con voluntad incluyente, y sobre el imprescindible bálsamo de sucesivos relevos generacionales, su participación en el bienestar europeo -que entre todos hemos levantado-. Aunque también de esto se ocupa nuestra Constitución (artículo 257): prevención del racismo y la xenofobia . Y no es extraño que así sea pues la idea de Europa emerge de las cenizas de siglos de conflictos entre sus Estados miembros (por eso es incalculable el valor de la Constitución de los 25) y muy singularmente del holocausto de la Segunda Guerra Mundial en la que, según S. Zweig, «... el primer fenómeno visible de esta epidemia fue la xenofobia: el odio o, por lo menos, el temor al extraño. En todas partes la gente se defendía de los extranjeros, en todas partes los excluía». Y conviene recordar que en aquel caso de poco sirvió el que los judíos fuesen un colectivo manifiestamente no menos europeo que sus verdugos. Con esos otros de ahora, la actual escoria del Sur , debieran sonar ya todas las alarmas. Porque si el tío de Hamburgo o Barcelona no es percibido en la aldea de Anatolia como un europeo más y sus sobrinos no pueden llegar a trabajar en una planta de Inditex o Pescanova en Estambul, ya dentro de la UE, estaremos alimentando la epidemia. La misma epidemia.