LOS DATOS difundidos por el Instituto Nacional de Estadística, según los cuales Galicia perdió cerca de 9.000 habitantes en el año 2002, confirman la gravedad de una crisis demográfica de demoledoras consecuencias económicas y sociales para nuestro país. Paradójicamente, los poderes públicos, particularmente la Xunta, hace tiempo que parecen haber renunciado a intervenir sobre las causas que han producido una drástica reducción de la tasa de natalidad en Galicia, hasta niveles inferiores a los que garantizan la sustitución de la población y, por tanto, el relevo generacional. La causa de la baja fertilidad no tiene relación, en modo alguno, con la participación de la mujer en el mercado de trabajo, sino con la forma en que tal participación tiene lugar. Es decir, tiene vinculación con la poca seguridad y apoyo que encuentra la mujer, así como con las limitadas opciones que se le ofrecen cuando se integra en el mercado laboral. En efecto, en todos los países desarrollados con reducida natalidad suelen existir simultáneamente altos índices de desempleo, particularmente femenino, altas tasas de eventualidad y un escaso desarrollo de los servicios sociales. Con una tasa de paro del 13%, que se eleva al 19% entre las mujeres, y la de precariedad superior al 34%, la más alta de la Unión Europea, Galicia es un caso paradigmático. Por lo que se refiere a los servicios sociales, en especial los de ayuda a la familia -en un país en que retóricamente se proclama a ésta como base de la sociedad-, tales como residencias de ancianos, escuelas infantiles o ayudas a los discapacitados, ocupamos los últimos lugares de España, que a su vez está a enorme distancia de la media europea y a distacias siderales de los países más avanzados. Similares resultados se obtienen si realizamos un análisis comparado de las transferencias de fondos públicos a las familias, tales como subsidios o exenciones fiscales. Así las cosas, los datos divulgados por el INE no constituyen sorpresa alguna, aunque sí conducen a una inequívoca conclusión: si no disminuyen el paro femenino y la precariedad, aumentan los servicios públicos de apoyo a la familia y mejora la situación de la vivienda, Galicia seguirá teniendo una bajísima tasa de fertilidad. En el año 2000, la gravedad del problema llevó a las fuerzas políticas y sociales a la conclusión de que era imprescindible la elaboración de un Plan de Revitalización Demográfica de Galicia, construido a partir del consenso y de un enfoque integrador de las diversas dimensiones asociadas al problema demográfico. El proyecto llegó al Parlamento, y, cuando sólo restaba la votación del mismo, ante la sorpresa general y forzando las normas de la Cámara, la Xunta y el PP bloquearon su aprobación, impidiendo que Galicia disponga hoy de un proyecto estratégico para abordar la crisis demográfica. Por eso, cuando el INE, un año más, nos recuerda la gravedad de la situación, la Xunta está emplazada a dar una cumplida explicación, o, al menos, alguien debería pedírsela. Porque cada año somos menos.