Costa Rica, una economía en graves apuros

El desplome de los servicios vinculados a la hostelería ha agravado la situación fiscal de un país que ya arrastraba graves problemas de equilibrio antes de la pandemia


La economía costarricense pasa por un momento delicado. El PIB del país centroamericano cayó un 4,5 % el año pasado, en el contexto de la crisis generada por la pandemia mundial de coronavirus. Los cierres de empresas y el freno a la actividad en varios sectores, especialmente en el turismo, un sector clave en Costa Rica, han supuesto un duro golpe para la producción y la situación fiscal del país, empeorando problemas previos de una economía cuyo crecimiento ya se había desacelerado en los últimos años. «Costa Rica ya tenía una situación grave en términos fiscales antes de la pandemia», explica Leiner Vargas Alfaro, economista de la Universidad Nacional del país centroamericano.

La deuda pública asciende al 66,2 % del PIB. Esas cifras sitúan a Costa Rica como uno de los países más endeudados de América Latina. Debe más de 40.000 millones de dólares. Buena parte de ese montante es deuda interna, contraída con las instituciones financieras locales. El alto registro se ha acumulado después de décadas de elevados déficits fiscales, que continuaron al alza en los últimos años. El déficit ascendió en 2018 al 6 % del PIB y en 2019 al 6,96 %. La cifra se ha disparado hasta el 8 % en el pandemia.

«La situación de gasto es poco flexible. El país tiene una política social muy activa y requiere de importantes aportes tanto a la educación como a la seguridad social. El Estado está claramente basado en servicios al ciudadano. Nuestra fortaleza está precisamente en ese sector público de amplia cobertura y servicios estratégicos», defiende el economista Vargas. De lado de los ingresos, Costa Rica recauda apenas el 13% del PIB debido a exenciones y la evasión fiscal, una cifra inferior a la mayoría de sus vecinos. El centro izquierdista Carlos Alvarado llegó al poder en 2018 y pareció decidido a hacer algo al respecto, aprobando a mediados del 2019 una polémica reforma fiscal, que incluía recortes y subidas de impuestos. Sus efectos a medio plazo quedaron diluidos en la pandemia. A corto plazo, no surtieron efecto.

«El déficit y la discusión del proyecto de ley tuvieron un efecto negativo sobre las expectativas de crecimiento y generaron incertidumbre. Las empresas se vuelven más conservadoras a la hora de tomar decisiones de inversión y de empleo debido a que no se sabía qué iba a ocurrir con las cargas impositivas ni el balance fiscal», precisa Juan Robalino, profesor de la Universidad de Costa Rica. La pandemia aumentó los problemas. El desempleo prácticamente se ha doblado, llegando a afectar al 20 % de la población. La reacción del Gobierno ante la nueva situación fue pedir un préstamo de 1.778 millones de dólares al Fondo Monetario Internacional. Por supuesto, ligado a austeridad y una nueva subida de impuestos. Las negociaciones provocaron grandes protestas el pasado octubre. El país se incendió durante semanas, hasta que se produjo una suerte de diálogo nacional. Alvarado llegó a un acuerdo con el FMI a principios de marzo. Costa Rica se compromete a realizar un ajuste fiscal del 5 % del PIB para alcanzar un superávit primario en 2023. Un objetivo que conllevará importantes recortes.

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