Eldorado del cannabis medicinal

El Parlamento libanés plantea legalizar este cultivo para uso sanitarios con el objetivo de obtener 1.000 millones de dólares anuales de ingresos y paliar la grave crisis económica


Beirut / La Voz

Líbano, un país del tamaño de Asturias, es el tercer productor de hachís a nivel mundial y el tercer estado más endeudado del mundo en relación a su PIB. Ávidas de ingresos tras declararse este mes el Estado en suspensión de pagos, las voces que ven en la legalización del cultivo de cannabis una vía para obtener ingresos no paran de crecer. Incluso la consultora McKinsey estima que este mercado podría aportar 1.000 millones de dólares anuales a las arcas públicas libanesas, que ya han dado pasos para adentrarse en esta senda. En febrero se aprobó en comité parlamentario el proyecto de ley para legalizar el cultivo con fines medicinales y se espera que se vote en el pleno en abril. «Esperemos que esta ley produzca los beneficios que el Estado desesperadamente necesita», afirma el diputado Fadi Alame.

La producción ilegal de hachís sostiene a miles de familias en áreas marginales del norte del país como Akkar, Baalbek o Hermel. Los propulsores de esta ley defienden que la legalización revitalizará la economía de la región gracias al interés de la industria farmacéutica. En el 2019, Uganda selló un contrato para vender marihuana a farmacéuticas canadienses y alemanas por valor de 160 millones de dólares. Líbano quiere su parte del pastel.

La ley prevé un monopolio del Estado por el que una entidad gubernamental emitirá licencias de cultivo, producción, almacenamiento y distribución. Esta entidad compraría toda la producción a los agricultores y luego la vendería. El Estado obtendría beneficios de la venta y las tasas de las licencias. Un modelo similar se aplica al cultivo de tabaco y su desventaja es el hecho de que «el precio fijado por la entidad gubernamental suele ser insuficiente para los agricultores», según el doctor Ali Chalak, profesor de Agricultura en la Universidad Americana de Beirut (AUB). También es un modelo proclive a la corrupción y sobornos para obtener permisos.

El diputado Alame defiende que han detallado los criterios para que los miembros de la institución no tengan vínculos con cargos públicos. Pero para Sandy Mteirek, del Centro de Adicción Skoun, hay un claro conflicto de intereses ya que «la entidad que emite permisos obtiene su salario de las tasas de estos, por lo que cuantos más permisos emita, más cobrará». Más allá de posibles corruptelas, la tesis de que gracias a la legalización los agricultores accederán a un floreciente mercado de la mano de compañías farmacéuticas no convence a todos.

Líbano sufre una crisis agraria debido al colapso de las exportaciones, el débil mercado interior, la escasez de agua o la abundante competencia. «Si produces patatas en Líbano acabarás pasando hambre», resume Giuliano Martiniello, profesor de Agricultura en la AUB. Como vía de escape, pequeños agricultores se han unido al bum del cannabis ya que, comparativamente, este cultivo requiere menos mano de obra, menos agua y aporta mayor margen de beneficios.

El problema es que el cultivo ilegal de cannabis se sustenta en redes criminales que «han sustituido al Gobierno central y proveen de servicios a la población marginal», explica Chalak. Se trata de «grandes latifundistas con conexiones políticas e involucrados en actividades ilícitas como la venta de armas», detalla Martiniello.

El paso al mercado legal «socavaría las estructuras de poder de redes criminales», apunta Chalak, quien cree que el Gobierno intentará convencer «a los elementos más modelables para incorporarlos a la estructura comercial, pero probablemente veamos episodios de violencia donde elementos más recalcitrantes se opongan a esta política». Los clanes que controlan este negocio están fuertemente armados y durante años han protagonizado duros enfrentamientos con el Ejército libanés.

En términos macroeconómicos, es probable que «la producción agregada aumente y veamos casos de éxito», cree Chalak, pero este considera que solo se beneficiarán «el 5 % de los agricultores, los que están formados, tienen habilidades técnicas o buenas conexiones políticas». Mientras, los pequeños agricultores serán empujados a vender sus tierras y «veremos una mayor concentración de la riqueza», sentencia el profesor.

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