Se busca acuerdo «postbrexit»

Londres y Bruselas estudian distintas fórmulas para tejer una relación comercial que limite los daños mutuos. La Unión Europea no quiere otra Suiza dentro del mercado interior porque sería un continuo dolor de cabeza


Redacción / La Voz

El divorcio está sellado aunque los británicos sigan a vueltas con la mudanza. Tienen diez meses para recoger sus cosas y buscar un nuevo hogar. También para aclarar qué tipo de relación quiere -y puede- tener con sus viejos amigos del continente. Aunque fueron ellos quienes decretaron el fin de la convivencia, su primer ministro, Boris Johnson, sigue culpando a la UE de cualquier potencial desastre. Tanto es así, que esta semana amenazó con levantarse de la mesa de negociación, recién iniciada, y dar carpetazo al asunto a finales de junio si no hay avances. ¿Por qué? El negociador europeo, Michel Barnier, le exige cumplir con las normas del mercado único si quiere tener acceso a él. Y eso implica aceptar la libre circulación de personas, mismos estándares laborales, fiscales, medioambientales... ¿Qué salidas se vislumbran a este laberinto?

Acuerdo a la australiana

Un «acuerdo de reconocimiento mutuo» en el que las dos partes alcanzan pactos parciales y mínimos en los sectores de interés dejando a un lado cualquier ejercicio de armonización reglamentaria. La relación se regiría en casi su totalidad a través de las normas establecidas por la Organización Mundial del Comercio (OMC). Las puertas estarían abiertas al comercio de servicios, bienes industriales y también las inversiones, reduciendo barreras burocráticas al limitar los aranceles. Quedarían excluidos productos «sensibles» para la UE como son los agrícolas.

Acuerdo a la canadiense

Es una de las opciones preferidas por el Gobierno británico: «Queremos un acuerdo de libre comercio completo, similar al de Canadá», admitió Johnson. Quieren sus ventajas, pero niegan el mayor de los inconvenientes que presenta: es un acuerdo que tardó siete años en fraguarse. Quizá el calendario se les quede corto. Esta vía les despierta interés porque permitiría a los británicos estar exentos de cualquier contribución presupuestaria a la UE, además de permanecer fuera de la política agrícola y pesquera, no tener la obligación de aplicar las normativas europeas, quedarse al margen del ámbito de jurisdicción del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE), mantener una política comercial independiente y restringir la migración procedente del bloque. A cambio, podrían exportar sus bienes sin aranceles para el 99 % de sus exportaciones. Eso sí, el acceso de los servicios al mercado único, sustento de la economía de la City, sería muy limitado. También persistirían los controles aduaneros, un problema mayor si no quieren levantar barreras en su frontera marítima con Irlanda del Norte.

Acuerdo a la noruega

Para la pesca sí, no para el resto de la economía. Londres ha sugerido la posibilidad de arrancar las negociaciones pesqueras -el primer capítulo a cerrar-, poniendo el prisma en el modelo noruego, que consiste en negociar año a año el volumen total de capturas disponibles de los stocks compartidos con flotas comunitarias como la francesa o la española. Las épicas batallas con Oslo y otros países del Espacio Económico Europeo, como Islandia, por la caballa auguran un infierno negociador si se aplica el mismo modelo al Reino Unido, con el que se comparte la gestión de hasta 100 especies de interés para las flotas comunitarias. «Sería inviable, y quien diga lo contrario, o es ignorante de la realidad o miente», sostuvo esta semana el portavoz de Cepesca en la Alianza Europea de Pesca (EUFA), Iván López. Y la lo advirtió el propio Barnier: «El acuerdo comercial irá asociado al acuerdo pesquero y a un terreno de juego en igualdad de condiciones, de lo contrario, no habrá ningún acuerdo en absoluto». A nadie le parece razonable. Sí a Londres que, sin embargo, rechaza aplicar este modelo en su totalidad. ¿Por qué? Les obligaría a cumplir buena parte de la legislación europea a cambio de acceder al mercado interior, incluida la libre circulación de personas. No solo eso, el Reino Unido se vería obligado a contribuir a los presupuestos (en menor medida de lo que venía haciendo), pero sin representación ni derecho a voto en la toma de decisiones políticas de la UE. 

Acuerdo suizo

Para los británicos sería la opción ideal. El país no pertenece al Espacio Económico Europeo (sí a la Asociación Europea de Libre Comercio, EFTA), pero ha fraguado una estrecha relación económica con la UE que le ha permitido acceder casi sin restricciones al mercado interior, manteniendo barreras en lo que se refiere a los servicios, sin aportar fondos a la hucha comunitaria y manteniendo la jurisdicción de sus tribunales. El problema es que esta entente se tejió minuciosamente a través de 120 tratados bilaterales. Habría que cerrar 12 de ellos cada mes para poder llegar a tiempo al final de la prórroga concedida por Bruselas (31 de diciembre del 2020), puesto que Johnson se niega a alargar más los plazos. Esta vía, por tanto, parece cerrada. No solo por una cuestión de tiempo. Bruselas no quiere otra Suiza dentro del mercado interior. Es un continuo dolor de cabeza. Especialmente por su insistencia en introducir restricciones a la entrada de trabajadores comunitarios. La última ofensiva llegará en mayo, con un referendo para cerrar sus puertas. Si se ratifica, las relaciones comerciales estarían comprometidas.

¿Qué se juega Galicia?

Casi medio millar de empresas gallegas que exportan al Reino Unido. Y eso para la hucha supuso en el 2019 unos 1.504,6 millones de euros. Las ventas al país se redujeron un 6,6 % el año pasado y existe enorme incertidumbre sobre el futuro del textil, la automoción y la pesca. Cualquier acuerdo que no garantice el acceso mutuo a las aguas cerrará las puertas del mercado interior al Reino Unido y los caladeros a la flota gallega. El mercado británico supone entre el 10 y el 12 % de las ventas al exterior de la planta PSA de Vigo y es el 39 % del valor total de las exportaciones del textil.

El escenario más negativo es el de un acuerdo bajo el paraguas de la OMC porque los bienes se verían sujetos a aranceles de entre el 5 y el 10 %. «Eso, siempre que el Gobierno británico decida ser leal a las normas internacionales», aseguran fuentes negociadoras. No se descarta lo peor: un Singapur a las puertas de la UE. Si Londres opta por una guerra fiscal sin cuartel, el drenaje a la hucha comunitaria será mucho mayor.

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