Informe para un parlamento


Al fin llega al parlamento la cuestión de la debacle bancaria vivida en España en el último decenio. Cuando ya ha pasado un tiempo interminable desde que se detectaron los problemas, la comisión sobre la crisis bancaria adquirirá protagonismo a partir del mes de julio. Más vale tarde que nunca, pero recuérdese, como punto de comparación, que el Congreso norteamericano puso en marcha un proceso análogo ya en el 2009, y que en el 2011 publicó su famoso (y excelente) informe de conclusiones, Financial Crisis Inquiry Report.

En todo caso, es verdad que el que se haga ahora permite un análisis más completo de la historia de esa crisis. Aunque, desgraciadamente, no se trate de un asunto ya cerrado, como ha venido a mostrar el reciente colapso del Banco Popular, el cual, además, ha desmentido también una de las falsas verdades establecidas en los últimos años: que aquello tuvo que ver únicamente con las antiguas cajas de ahorro, quedando los bancos al margen de los problemas. Entre otras cosas, va quedando acreditado que el origen del agujero en las cuentas del Popular no es demasiado diferente de lo acontecido en numerosas cajas.

Para los trabajos de esa comisión llega en el momento oportuno el Informe sobre la crisis financiera y bancaria en España, 2008-2014, que acaba de publicar el Banco de España. Lo primero que cabe decir es que se trata de un excelente estudio que establece un relato de los acontecimientos vividos por el sistema bancario en el pasado reciente que probablemente sea considerado canónico en el futuro. Particular interés tiene el examen del período de expansión, en el que se fue fraguando la tormenta; un período en el que el crédito creció a unas tasas enloquecidas, incrementándose en un 221 % entre el 2001 y el 2007, cuando el crecimiento de la economía real fue del 28 %. De ello, la parte principal correspondió a la financiación de la vivienda, que creció a tasas medias acumulativas de casi un 20 % al año. Visto desde la perspectiva de hoy, ¿a dónde íbamos con eso?

Luego se suceden los análisis, siempre interesantes y bien documentados, del período estricto de crisis, sobre todo en su fase más aguda (2012-013), cuando entra en vigor la operación europea de rescate; el comienzo de la normalización; la progresiva introducción de nuevos marcos regulatorios; y una detallada presentación cuantitativa de las actuaciones públicas de apoyo al sistema financiero: o sea, en términos más descarnados, el coste de esa crisis para el conjunto de los ciudadanos. En resumen, se dice, desde el 2009 hasta finales del 2015 catorce entidades financieras recibieron ayudas de capital por valor de 59.959 millones de euros, lo que equivale a un 5,6 % del PIB del 2015. El efecto más directo de todo ello fue el desmesurado incremento de la deuda pública, que creció en unos 50.300 millones por causa de esas actuaciones.

Hay un punto muy importante en el que el informe del Banco de España resulta del todo insuficiente: el no reconocimiento de sus propias -y muy notorias- responsabilidades. ¿Dónde estaba el banco durante la explosión del crédito previa a la crisis? Porque hoy sabemos, entre otras cosas, que sus inspectores oteaban el desastre ya en el 2006 y así lo hicieron saber a sus superiores. ¿Y qué cabe decir respecto a su actuación en la gestión del rosario de crisis, desde el caso Bankia al del Popular? Alega el informe que, como supervisores, no contaban con los instrumentos adecuados, y que en eso no estuvieron solos, pues el conjunto de los bancos centrales han tenido que ir cambiando sus conceptos y sistemas de regulación. En eso no les falta razón, pero los fallos han sido aquí tan clamorosos que esa disculpa suena más bien patética.

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