Tal y como se esperaba, la Comisión Europea no ha concedido a España margen adicional alguno para cumplir los compromisos fiscales de la eurozona. De modo que el nuevo Gobierno se encuentra con la casi ineludible tarea de incluir entre sus primeras decisiones un ajuste presupuestario de 5.500 millones de euros en el 2017 (lo que representa, más o menos, un 5 % del PIB), quedando otro tanto pendiente para el ejercicio siguiente. ¿Tarea ineludible? Pues esta vez parece que así es, dado que hace unos meses nuestro país se salvó por los pelos de sufrir una importante multa por incumplimiento, con la admonición de que esa era la ultima vez que se toleraría. Es verdad que en estos momentos se está produciendo en Europa una cierta reacción frente al fundamentalismo fiscal -dirigida por el bastante atribulado primer ministro italiano, Matteo Renzi-, pero es difícil imaginar a un Gobierno como el que está naciendo en España negándose tajantemente a aceptar el firme criterio de Bruselas.
Lo más llamativo de esta situación es que el nuevo Ejecutivo de Mariano Rajoy se ve forzado a comenzar su gestión con una decisión amarga como consecuencia directa de su propio oportunismo fiscal. Porque no hay duda de que la causa principal de los deslizamientos del déficit en los dos últimos años fue el empeño en reducir impuestos, algo contraindicado desde un punto de vista económico, pero muy útil para el objetivo de ganar votos.
Esto último debe ser recordado, más que para revisar críticamente el pasado, porque ahora es fundamental decidir cómo se va a repartir ese ajuste. ¿Deberá recaer sobre el gasto o sobre los ingresos públicos? La respuesta es clara: una subida de impuestos parece inevitable. Por varios motivos. Primero, para retrotraernos a la situación previa a la bajada artificiosa ya descrita. Segundo, porque los recortes en el gasto ya han dañado seriamente algunos servicios públicos esenciales (siendo, además, algunos de ellos condicionantes básicos del crecimiento a largo plazo): ni la educación, ni el sistema de innovación, ni la sanidad pueden permitirse una presencia renovada de la tijera. Y tercero, porque cualquier comparación con el conjunto europeo da cuenta de una diferencia sustancial en el peso relativo de la recaudación impositiva sobre la actividad económica: en España se sitúa en torno a seis puntos por debajo de la media del continente.
Si añadimos la nota cínica de que ahora parece que no habrá elecciones durante una temporada -acaso no muy larga-, cabe pensar en que, efectivamente, no tardaremos en ver algunos retoques al alza en algunos impuestos. Pero ese no es el cambio que el sistema fiscal español necesita.
Si algo ha quedado claro en los últimos años es que la llamada reforma fiscal -elaborada por un parlamento con mayoría absoluta- no fue más que un grupo de medidas dispersas pensadas únicamente con objetivos políticos de corto plazo. Una verdadera reforma que aumente la eficiencia, la igualdad, la sencillez de los procedimientos y una sustantiva reducción del fraude está todavía pendiente. Y en este punto es difícil dejar de lado el escepticismo, pues no parece que las condiciones en las que nace el nuevo Gobierno sean las adecuadas para que se introduzcan reformas de calado. Algo que se hace presente también en otros ámbitos: lo que probablemente se está ahora mismo dibujando es una política económica cuya máxima ambición no va más allá del ir tirando.
El nuevo Gobierno tendrá retos de calado en un clima de incertidumbre política. | benito ordóñez