Noruega empleó excusas tan peregrinas como que la particular onomástica de los españoles propiciaría el fraude para no incluir a este colectivo en su sistema de protección social
15 nov 2015 . Actualizado a las 05:00 h.Para alguien que está acostumbrado a bregar administrativamente con patronímicos como Østberg -apellido del abogado que defiende en Noruega los intereses de Long Hope, la asociación que agrupa a los ex marineros españoles que trabajaron en mercantes noruegos sin que ahora tengan derecho a pensión a pesar de haber pagado impuestos-, puede resultar complicado comprender que alguien se apellide Torrijos García o Rodríguez Fernández, y ya no digamos si dan con sobrenombres gallegos tales como Paz Viñas, Del Río Castro o Piñeiro Seixo. Pero de ahí a emplearlo como argumento para negar el acceso de los trabajadores de nacionalidad española a la pensión de jubilación media un trecho.
Y, sin embargo, esa fue una de las excusas a las que recurrió en su día Noruega para cimentar lo que la Comisión Europea calificó de «injusticia social grave», contra la que hoy lucha un colectivo de 269 ciudadanos, pero que afecta a unos 10.000 marineros retirados, 8.000 gallegos. Así lo recoge el abogado Øivind Østberg en la reclamación que ha presentado al Gobierno noruego, previa a la entrada del caso en los tribunales de justicia del país nórdico.
Hay documentación de cuando en el paraíso social noruego se estaba preparando la Ley de la Seguridad Social, a mediados de los sesenta, que demuestra que el órgano encargado del personal marítimo adujo que la forma foránea de los apellidos de la gente del mar dificultaría llevar un control de sus derechos a la protección social. Y en el caso de los españoles las complicaciones aumentaban, pues, «como unas veces usan el apellido de su padre y otras el de su madre, tienen dificultades para registrarse».
Falta de interés
Si esa excusa es llamativa, no lo es menos la que adujeron los navieros noruegos. Además de hacer ver que los costes del transporte marítimo ascenderían solo en 1967 a 14 millones de coronas noruegas (1,5 millones de euros), declararon que a los españoles no les interesaba cotizar para la jubilación y que imponerles ese pago retraería la mano de obra. A los gallegos nadie les preguntó si les interesaba o no que les descontasen una parte de la nómina para disfrutar de la pensión. En definitiva, así se fraguó la «injusticia social grave» que Noruega estuvo cometiendo contra los españoles hasta 1994 y que ahora se niega a reparar, como exigen los afectados desde Long Hope.
En 1994 Noruega entró en el Espacio Económico Europeo (EEE) y se vio obligado a reconocer el derecho a pensión de jubilación a todos los que trabajasen en sus buques mercantes y no circunscribirlo exclusivamente a los que tuviesen la residencia en el país.
En su demanda, el abogado subraya que los marineros que reclaman su pensión tributaban en Noruega como si residiesen en Oslo. Y sin embargo no se beneficiaron de los servicios e infraestructuras que contribuyeron a levantar en el país. «El hecho de que esta gente de mar pagara en su totalidad sus impuestos en Noruega hace aún menos justificada la exclusión de la seguridad social». Y que no pagaran las cotizaciones, aunque redundara en su propio interés, como sugerían los navieros, no es argumento válido para negarles la pensión, puesto «que estaban excluidos del sistema de la ley».
El representante legal de Long Hope fundamenta lo que ha sido «un trato discriminatorio basado en la nacionalidad» y esa exclusión atenta contra los derechos humanos, que Noruega se ha obligado a respetar en su Constitución. También argumenta que ha llegado el momento de reparar la injusticia y se remite a la doctrina del Tribunal de Justicia de la UE, pues de sus fallos se deduce que «los efectos discriminatorios de la legislación que estaba en vigor en el momento en que un país quedara vinculado al derecho de la UE [en 1994] no pueden ser prolongados después, puesto que eso implicaría restablecer el trato discriminatorio después de la introducción de una legislación cuyo objeto es precisamente abolirlo».
Pago de pensiones y atrasos
Así que reclama para 226 afiliados a Long Hope y a 43 familiares de jubilados fallecidos que el Ministerio de Trabajo ordene liquidar las pensiones «de manera que durante los períodos de tiempo en que hayan desempeñado un trabajo asalariado como marineros a bordo de mercantes entre el 67 (entrada en vigor de la ley de la Seguridad Social) y el 94 (entrada en el EEE) sean tratados del mismo modo que si hubieran sido noruegos». Y que les pague los atrasos desde el 94. Espera la respuesta del Gobierno. Si es negativa, irán a los tribunales.