El concejal del gobierno Benjamín Escontrela «hizo de oposición» al alcalde Claudio Garrido por discrepancias en las medidas a tomar
30 sep 2022 . Actualizado a las 11:20 h.La corporación de Sarria aprobó en el pleno de este jueves dos medidas contradictorias para paliar los efectos del «catastrazo» del IBI. Ambas salieron del propio gobierno. El grupo de Camiña Sarria presentó la modificación para aplicar bonificaciones y el concejal del partido de coalición, Benjamín Escontrela, pidió en una moción que el Concello tramitase la nulidad de los pagos por su caducidad. El edil de Galicia Siempre y Claudio Garrido se enfrentaron en la sesión con reproches de «hacer oposición desde el gobierno».
El pleno ordinario de este mes estuvo protagonizado por la propuesta de soluciones para mitigar los pagos del «catastrazo». En los últimos meses, los sarrianos recibieron notificaciones del pago de la actualización del IBI de fincas rurales desde el año 2016 al 2019. Las cantidades ascendían hasta los 12.000 euros porque el Catastro actualizó los valores de los terrenos de manera que miles de los que son rústicos pasaron a ser urbanos.
El alcalde Claudio Garrido y el edil José María Escudero propusieron bonificar fincas de núcleo rural en las que no exista ningún tipo de construcción, con devoluciones del 30 al 90 %. Se aplicaría a partir del 2023. Fue aprobado por unanimidad, aunque el portavoz de BNG, Efrén Castro, recordó que esta medida no soluciona los pagos ya realizados y planteó la creación de una oficina para prestar apoyo jurídico a los vecinos. La socialista Pilar López recalcó que los tramos de bonificación podrías ser mayores, ya que los decide el Concello. Y el nuevo portavoz popular, José Manuel Bello, lo tildó como un movimiento precampaña, porque «houbo tres anos para facelo». Además, incidió en que el PP seguirá insistiendo en que se realice una devolución total de los pagos. Bello se estrenó en sus intervenciones a los ojos del nuevo presidente del PP en Sarria, Fernando Carlos Rodríguez, que acudió en primera fila al pleno. Con su incorporación como representante del partido también se suavizaron los caldeados intercambios que García y Garrido repetían en cada pleno.
Pero quien más debatió la modificación fue el edil del gobierno Benjamín Escontrela, algo criticado por Castro y López. «Nun tema tan importante para os sarrianos o mínimo é que haxa consenso no goberno», declaró el nacionalista. El representante de Galiza Sempre recalcó que esta bonificación nada tiene que ver con las liquidaciones que se están pagando, ya que se aplica a partir del 2023 y las pagadas son del 2016 al 2019. «Es desviar el tema». Por eso, Escontrela, aunque votó a favor, presentó su moción porque asegura que «no es legal» el procedimiento que se aplicó en Sarria.
Fotocopias en plena sesión
Antes de poder debatir la moción, se tuvo que votar su urgencia porque, pese a que la presentó el día 19 de septiembre -lo que recordó firme Escontrela-, el alcalde Claudio Garrido no la incluyó en el orden del día. Así que una trabajadora del Concello tuvo que fotocopiar el documento en medio del pleno para que así el BNG y el PSOE pudieran leer su contenido.
La propuesta de Benjamín Escontrela insta al Concello a reclamar al Catastro que anule las liquidaciones pendientes y devuelva las ingresadas. Explicó que una sentencia del TSXG declaró nulos los pagos de un afectado porque el Catastro le notificó con más de seis meses de plazo, la fecha máxima establecida. Y aseguró que todos los miembros de la plataforma que él creó están en la misma situación. «Estoy cansado de hablarlo con el señor alcalde», expuso. Tanto Garrido como Escudero intercambiaron reproches con Escontrela. Garrido dijo que tenían «discrepancia jurídica» y Escudero quitó la razón a su compañero porque la sentencia fue «un caso puntual» y el proceso fue legalmente correcto. Aun así, se aprobó por unanimidad, incluyendo los votos del resto del gobierno para que no se les «achaque nada», pese a que «no lo ven ni tampoco los asesores».
La oposición, sorprendida con el enfrentamiento dentro del propio Concello, añadió que si la argumentación de Benjamín Escontrela es verdad, el Concello «debería ir un paso máis alá» y tomar medidas jurídicas con los asesores locales o de la Diputación para anular los pagos. José Manuel Bello incluso agradeció el «cambio de postura» de Escontrela y su propuesta. En lo que toda la corporación coincidió es en que los sucesivos gobierno de Sarria «dejaron los deberes sin hacer» en lo relacionado a la normativa urbanística, que si estuviera actualizada habría evitado el catastrazo. Al final, son los vecinos los que están haciendo frente a sus consecuencias.