Avaló con bienes personales a la empresa concesionaria de hasta 73 servicios públicos en diversos ayuntamientos
15 may 2015 . Actualizado a las 05:00 h.El Juzgado Mercantil declaró en concurso de acreedores como persona física a Francisco José Alonso Junquera, apoderado de la empresa Celta Prix, concesionaria de los servicios de recogida de basura de varios ayuntamiento de Terra Chá y de Chantada, que figuran entre las 73 entidades públicas -concellos y diputaciones- con los que tiene contratos en Galicia y Huelva.
Alonso Junquera se vio obligado a solicitar el concurso personal como consecuencia de haber avalado con su propio patrimonio a la empresa de recogida de basura, que también gestiona parques de bomberos en las áreas metropolitanas de Vigo y de Pontevedra. El pasivo de este concurso supera los 2 millones de euros, de los que el 40% corresponde a un único acreedor, un proveedor, de una lista de una docena.
Concurso de Celta Prix
Celta Prix se declaró en concurso de acreedores en febrero del año 2012. Con posterioridad llegó a un convenio con sus acreedores, con quitas y esperas, que, según fuentes consultadas, está cumpliendo. La declaración en concurso del empresario no afectará al funcionamiento de las diferentes concesiones repartidas por Galicia de recogida de basuras y de servicio de bomberos. Esta empresa, que tiene su sede social en Lugo, aunque opera desde la provincia de A Coruña, también cuenta con otra especialidad, la limpieza de playas.
Fuentes consultadas señalaron que el empresario está intentando llegar a un acuerdo con sus acreedores y que con el principal ya existen negociaciones que podrían estar avanzadas. La decisión de presentar concurso obedece a la necesidad de frenar posibles ejecuciones. El Juzgado Mercantil nombró administrado a la empresa Ayse Lugo, que fue la misma que se encargó en su día del concurso de Celta Prix.
Alonso Junquera no es el primer empresario que presenta concurso como persona física en el Juzgado Mercantil de Lugo. Con anterioridad lo hicieron, entre otros, el propietario del grupo Mon y su esposa, de A Mariña y los administradores del grupo Migán. Todos ellos habían avalado personalmente las empresas de las que eran titulares y tuvieron que tomar la decisión para frenar embargos de bienes personales.