Noviembre de 2000: Un incendio originado en el vertedero de Monforte llega a los tribunales
MONFORTE DE LEMOS
La Fiscalía reconoció hace 25 años los derechos de 134 damnificados por el siniestro a emprender acciones judiciales
16 nov 2025 . Actualizado a las 05:00 h.Los vertederos al aire libre aún constituían un serio problema medioambiental hace un cuarto de siglo y además suponían un elevado riesgo de incendios. El caso más grave que se registró en el sur lucense en esa época fue un fuego de grandes dimensiones que se originó en el entorno del basurero municipal de Monforte —situado en la parroquia de Ribas Altas— el 21 de julio del año 2000. El 8 de noviembre de ese mismo año, la edición local de La Voz informó de que la Fiscalía del juzgado monfortino había iniciado una investigación acerca del suceso, reconociendo el derecho de 134 damnificados «a exigir indemnizaciones debido a las pérdidas provocadas en sus propiedades».
La Fiscalía, según precisaba la noticia, hacía extensivo ese derecho a la Consellería de Medio Ambiente, que se había visto obligada a movilizar brigadas de diversos puntos de las provincias de Lugo y Ourense para sofocar el fuego. «Los particulares afectados por el incendio y la propia Xunta de Galicia recibirán el ofrecimiento correspondiente para hacer valer sus intereses recurriendo a la vía judicial», indicaba asimismo la información.
Peritaje de los daños
Entre las primeras acciones emprendidas por la Fiscalía del Juzgado de Monforte figuraba la solicitud de un peritaje de los daños causados por el incendio con vistas a las actuaciones judiciales que se pudiesen desprender de la investigación. Las propiedades de los 134 afectados cuyos derechos se reconocían estaban repartidas en más de setecientas hectáreas de terreno que fueron arrasadas por las llamas. De acuerdo con las estimaciones oficiales, habían resultado quemadas 167 hectáreas de arbolado, 332 de matorral y 238 de pastizal. Además, había quedado destruido por completo un desguace de vehículos situado en las cercanías de la carretera C-546.
En las tareas de extinción de aquel incendio, que se extendió al vecino municipio de Bóveda, habían participado 25 brigadas procedentes de todo el sur de la provincia, así como de Palas de Rei, Cervantes, A Fonsagrada, San Xoán de Río y Toén. También colaboraron en los trabajos seis aviones y cuatro helicópteros.
Los afectados por el siniestro, indicaba además la información de este diario, habían recurrido a empresas especializadas a fin de evaluar los daños causados por el fuego. La Consellería de Medio Ambiente, por su parte, también encargó a una firma privada la tasación de los gastos empleados en las tareas de extinción.
La Fiscalía, por otro lado, requirió al Ayuntamiento de Monforte para que le facilitase la licencia de funcionamiento del vertedero municipal y para que le informase acerca de las condiciones de seguridad de las instalaciones y de los operarios encargados de atenderlas. El Concello también debería acreditar si disponía de un seguro de responsabilidad civil para asumir, en caso de que fuese necesario, el pago de las indemnizaciones que correspondiesen.
Por otra parte, la información de La Voz precisaba que los informes de la Policía Autonómica y la Guardia Civil de Bóveda daban por sentado que el incendio se había originado en el vertedero «debido a la supuesta combustión incontrolada de residuos». El primero de estos cuerpos hablaba de «negligencia» y acreditaba la existencia de actuaciones de mejora realizadas con posterioridad en la zona donde se había originado el fuego.
Hasta entonces, indicaba también la noticia, una comisión de representantes de los grupos municipales que se había reunido en varias ocasiones a fin de determinar las causas y responsabilidades del siniestro no había presentado ninguna conclusión. Sin embargo, de estos encuentros trascendió la existencia de un informe de los bomberos locales según el cual el fuego se había originado fuera del vertedero.
Un litigio que aún se prolongaría durante varios años
Cuando se produjo el incendio de julio de 2020 ya estaba previsto sellar y clausurar el vertedero al aire libre de Monforte, una actuación que se preveía terminar a finales de ese mismo año. Pero las secuelas del siniestro persistieron aún durante mucho tiempo. El 5 de octubre del 2001, una noticia de la edición local de La Voz señalaba que los afectados del incendio iban a recurrir a la vía judicial para reclamar indemnizaciones por los daños. «El Concello no les deja otra opción al negarse a asumir la reparación de las pérdidas económicas por un siniestro que arrasó más de 700 hectáreas de terreno», precisaba la información.
El 13 de noviembre del mismo año, este diario informó sobre el cierre la investigación acerca del incendio que había llevado a cabo el Ayuntamiento, el cual descartó su responsabilidad en el incendio. En una reunión mantenida por este motivo con los portavoces de los grupos municipales —añadía la noticia— «se reprodujeron los argumentos que utilizó la comisión de gobierno hace cinco meses para desestimar el pago de indemnizaciones requerido por los afectados».
Sentencias condenatorias
El litigio seguía activo en el 2005. El 30 de octubre de ese año, La Voz dio a conocer cuatro sentencias del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia que obligaban al Ayuntamiento y a la empresa Escor —concesionaria del servicio de limpieza— a pagar a medias las indemnizaciones, que sumaban 21.227 euros. En enero del 2006, otra sentencia reconoció al dueño de una de las fincas afectadas el derecho a recibir una indemnización de 7.387 euros, más los intereses ocasionados por la demora desde que se había rechazado su reclamación.