Julia Rodríguez dice que el alcalde sabía de la situación dos años atrás
28 dic 2014 . Actualizado a las 05:00 h.El Ayuntamiento de Monforte no era ajeno a las dificultades económicas del Grupo Pazos mucho antes de que el personal de la piscina municipal amagase con una huelga indefinida por el impago de sus salarios. La primera de las convocatorias de paro, aplazadas en última instancia por los trabajadores para facilitar una solución, se produjo a finales del pasado mes de octubre. Sin embargo, hay constancia de desembolsos municipales motivados por la falta de liquidez de la concesionaria en los dos últimos años. El PP tuvo conocimiento de esta circunstancia a raíz de la información que requirió a la interventora sobre la situación del contrato.
«El Ayuntamiento llevaba dos años ingresando el precio que corresponde percibir a la concesionaria en la Seguridad Social, por orden de embargo de los créditos que correspondía percibir a esta empresa», señala el PP en una iniciativa que llevará mañana a pleno. La portavoz de este grupo, Julia Rodríguez, quiere que el alcalde explique qué gestiones realizó desde entonces, si es que se llevó a cabo alguna, ante esta situación.
Hasta que los trabajadores dejaron de percibir sus nóminas, el pasado mes de julio, «no se conoce» que se haya adoptado medida alguna desde el gobierno municipal, subraya la concejala del PP.
Este partido pudo comprobar además, por otro lado, que en último proceso de contratación de la piscina fue eliminada la cláusula que facultaba al Ayuntamiento a rescatar la adjudicación, sin necesidad de indemnizar a la concesionaria, si la empresa entraba en concurso de acreedores. «Este dato es importante por cuanto puede ser uno de los elementos que esté dificultando las negociaciones para la cesión del contrato», dice Julia Rodríguez.
Posible indemnización
Los populares solicitarán en el pleno que se aclaren los motivos por los que se suprimió este cláusula en el último concurso, que estuvo vigente mientras la anterior adjudicataria, Gaia Gestión Deportiva, estuvo al frente de las instalaciones ubicadas en la zona A Pinguela.
La corporación facultó recientemente al alcalde a proceder al rescate de la concesión, en el supuesto de que fuese necesario para evitar el cierre de la piscina. Lo dijo bajo la premisa de que al entrar la adjudicataria en concurso de acreedores sería posible dar este paso sin necesidad del pago de indemnizaciones. En vista de que no es así, Julia Rodríguez quiere que el equipo de gobierno cuantifique la cantidad que debería abonar al Grupo Pazos si fuese preciso retirarle el contrato de gestión.
La iniciativa del PP surge cuando está a punto de agotarse el último plazo que dio la plantilla de la piscina para que se alcance una solución que les garantice el cobro de los salarios.