La también presidenta del Tribunal Supremo advierte que la creación de nuevas plazas judiciales «no resuelve el problema de fondo»
03 feb 2026 . Actualizado a las 16:56 h.La presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Isabel Perelló, alertó hoy martes del «grave déficit de jueces» que sufre España, con una media de 11 jueces por cada 100.000 habitantes, frente a los 17 de los países miembros del Consejo de Europa. Perelló hizo estas declaraciones en Barcelona en el acto de entrega de despachos a los nuevos 121 jueces (85 mujeres y 36 hombres) de la promoción número 74 de la Carrera Judicial, a quienes les dijo: «Sois muy bienvenidos porque sois muy necesarios» Reconoció que proyecto de creación de nuevas plazas judiciales «es una buena noticia», pero lamentó que «no aborda ni resuelve el problema de fondo», pues aunque se amplía el número de plazas o despachos, «no se incrementa el número real de jueces disponibles. Se crean plazas adicionales, pero sin aumentar a la vez el número de jueces, de modo que las plazas vacantes seguirán creciendo y las dilaciones se irán incrementando».
La presidenta del Supremo y del Poder Judicial aseguró que el déficit de jueces «provoca un sobreesfuerzo y una sobrecarga de trabajo sobre los jueces actuales, así como retrasos y dilaciones en la respuesta judicial, que muchas veces son inasumibles para los profesionales del derecho y para los ciudadanos». Recordó que en la actualidad ya hay 260 plazas judiciales más que jueces y que si se crean más, pero sin aumentar el número de jueces, «las vacantes seguirán creciendo y las dilaciones se irán incrementando».
La presidenta de la cúpula judicial española dijo que la situación actual evidencia que «el verdadero desafío no es solo cuantitativo, sino estructural, por lo que es necesaria la convocatoria urgente de pruebas selectivas para cubrir tantas plazas vacantes», señaló antes de advertir que el ingreso de nuevos jueces «es una necesidad actual que no se puede aplazar y que se sigue agravando día a día». En ese sentido, apuntó que no se puede «reducir el nivel de exigencia ni la formación requerida, pues ello puede comprometer la calidad del sistema y, en definitiva, la efectividad de la tutela de los derechos de los ciudadanos que las leyes proclaman». Por eso, reclamó al Gobierno «una planificación realista, inversión, presupuestos y cooperación institucional», y recordó que la Constitución encomienda al Consejo General del Poder Judicial el gobierno de los jueces, lo que supone, «además de velar por su independencia, ser un actor esencial en las reformas» que atañen a los jueces y a su función. Por eso, afirmó, «el Consejo ha mostrado preocupación por los problemas que conlleva la implantación de la nueva ley de los tribunales de instancia».
La situación puesta de manifiesto por la presidenta del Poder Judicial se extiende al conjunto de España. Por ejemplo, el Gobierno anunció la creación de 19 plazas judiciales en Galicia en este 2026, pero desde la Xunta, que tiene transferidas las competencias en Justicia, consideran que esa cifra es insuficiente, al tiempo que critican la forma en la que se elaboró el real decreto, sin consultar a Galicia sobre las necesidades judiciales. El conselleiro de Xustiza, Diego Calvo, echa en falta que no se cree ninguna plaza en localidades como Vilagarcía, Viveiro, Carballo o Sarria para hacer frente a la carga de trabajo existente en los antiguos juzgados de primera instancia e instrucción, ahora transformados en tribunales de instancia de secciones civiles y de instrucción. El conselleiro tiene claro que cada vez se hace más necesario el incremento de jueces en Galicia porque el déficit actual sumado al incremento de la litigiosidad, «atrasa os sinalamentos das vistas».