El Gobierno gallego amplía los descuentos del transporte metropolitano a toda Galicia y aprueba las alegaciones contra el plan del Ejecutivo para desalojar la costa
21 jul 2022 . Actualizado a las 20:44 h.La Xunta dio ayer un paso más para afrontar con medidas la falta de agua que se está detectando de forma grave en algunas zonas de Galicia, y declaró la situación de prealerta por sequía prolongada en la cuenca del río Lérez, del que se abastecen directamente los municipios de Pontevedra, Marín, Sanxenxo, Bueu, Poio y Ponte Caldelas. El presidente, Alfonso Rueda, señaló que desde el 1 de julio se ha detectado una importante caída del caudal del río, y lo que se pretende es garantizar el abastecimiento de la población hasta que lleguen las lluvias.
La prealerta por sequía prolongada supone tomar una serie de medidas que sirvan de base para posibles restricciones futuras: controlar los recursos existentes de forma casi diaria; intensificar las acciones de vigilancia y control; revisar la operatividad de los planes municipales de emergencia y de los mecanismos de coordinación entre Administraciones. También se traducirá en limitaciones al uso no prioritario del agua —por ejemplo del baldeo de las calles o el riego de jardines— así como en campañas para concienciar a la población para que reduzca el consumo.
Ence deja de captar agua
El caudal del Lérez se ha reducido de forma abrupta en semanas, pasando de 3,7 metros cúbicos por segundo a 1 metro. Es decir, en menos de 20 días se ha perdido el 70% del caudal. Las temperaturas anormalmente elevadas de los últimos días y la falta de lluvias parecen estar detrás de este descenso en un caudal que no tiene embalses, aunque la Xunta «xa advertiu á empresa Ence, que capta auga do Lérez, da situación do río e do seu deber de cumprimento do caudal ecolóxico». Esto hizo que la empresa paralizase de forma temporal su actividad en la fábrica de Lourizán, tal y como reconoció la propia Ence en un comunicado dado a conocer ayer. La fábrica se encuentra ya en pleno proceso de parada, que se está realizando con todas las garantías de seguridad. Esta suspensión de la actividad de Lourizán se prolongará hasta que se normalice el caudal del río «en cumprimento da normativa vixente».
El gobierno local de Pontevedra afirmó también ayer, por boca de la concejala del Ciclo da Auga, Carme da Silva (BNG), que la captación de Ence en el Lérez no es compatible con el abastecimiento a los municipios de la ría. Pidió una reflexión más allá de estos episodios puntuales de sequía y para garantizar el sistema. El martes Augas de Galicia se lo trasladó a la pastera. Da Silva dijo que los concellos captan 5,8 millones de metros cúbicos al año, y el resto procede del sistema complementario del embalse del Pontillón de Castro, en Verducido. Ese es el dato del 2021, mientras que el consumo de Ence se sitúa entre los 12 y los 17 millones de metros cúbicos cada año, aseguró.
El Concello de Pontevedra anunció que la próxima semana se publicará un bando con medidas destinadas a la población, donde las recomendaciones pasarán, previsiblemente, a ser obligaciones. No se podrá emplear el agua de la traída para usos no imprescindibles, es decir, llenar piscinas, lavar coches o regar jardines.
También se hizo un doble llamamiento a los concellos de la ría que se abastecen en alta de Pontevedra: que mejoren las redes para evitar pérdidas (Sanxenxo tiene un rendimiento de la red del 63,3 %, dijo Da Silva, por debajo del 80 % exigido) y que adopten medidas de ahorro de agua.
Riego por goteo en Caldas
Por otra parte, el Concello de Caldas de Reis denunció que están detectando consumos de agua nocturnos abusivos, probablemente para riego y piscinas. «Chegan a superar os 60 metros cúbicos por hora, que é unha cifra elevadísima e un volume que», afirmó el alcalde, Juan Manuel Rey (PSOE). Por ello, se recomienda a los vecinos que no laven patios, terrazas o vehículos, y que limiten los riegos de huertas y jardines solo a través de goteo y no por inundación.
Aprobadas las alegaciones contra la ley del litoral
El Consello de la Xunta también aprobó las alegaciones que presentará al borrador del plan nacional para la protección de la costa frente al cambio climático. El presidente gallego, Alfonso Rueda, recordó que ese documento prevé eliminar la presencia humana del dominio público marítimo terrestre para el año 2045, y añadió que afectará a unas 4.000 edificaciones, entre ellas más de 200 empresas de la cadena mar-industria, que están paralizando sus inversiones en previsión de lo que pueda indicar la normativa estatal. La Xunta ha canalizado las alegaciones de esas entidades y de los concellos —unos veinte se han sumado— frente a un plan que hasta ahora se ha redactado de forma «unilateral», según denuncian, y que el Gobierno gallego rechaza por ser «uniformizador», ir contra la ley de costas e invadir competencias autonómicas.
De la ley de costas, Rueda recordaba que regula la eliminación de las concesiones en el litoral por el cambio climático y solo se permite «cando o Estado teña declarado unha área en regresión grave por ter retrocedido la liña de costa máis de 5 metros en cada un dos últimos 5 anos anteriores, e que as ocupacións que estean nesa área se vexan alcanzadas polo mar ou exista certo risco». Entiende el ejecutivo gallego que el Estado no puede aprobar una norma que vaya en contra de otra ya existente.
En cuanto a la invasión de competencias, el presidente señaló que el Consello Consultivo de Galicia ha emitido un dictamen en el que considera que el Estado está ejerciendo transitoriamente «funcións que non lle corresponden», lo que se traduce en una situación que es necesario corregir por «lealdade constitucional». Por ese motivo, Rueda reclamó de nuevo al Gobierno que transfiera las competencias de gestión del litoral a Galicia.
Sin reforma del Estatuto
Como explicó el presidente de la Xunta, a Galicia le corresponde ejercer las competencias en materia de ordenación del litoral sin tener que reformar el Estatuto de Autonomía, tal y como recalca el Consello Consultivo. De hecho «a Xunta leva tempo reclamando a xestión plena destas zonas para poder exercer as competencias que xa temos no ámbito urbanístico, portuario ou de control de vertidos».
Las subvenciones al transporte metropolitano llegan a los concellos rurales
En el Consello de la Xunta también se aprobó un acuerdo para ampliar a todo el territorio gallego las ventajas del transporte metropolitano. Es decir, esta iniciativa supone que 119 municipios de las zonas rurales, con menos de 2.000 habitantes, se integren en ese sistema de bonificaciones, que supone un descuento mínimo del 50 % en los billetes y transbordos gratis, y se hará de forma automática.
Esto supondrá que los viajes tendrán el mismo precio para el conjunto de los usuarios de un mismo concello, independientemente del itinerario concreto que elija el autobús o el número de transbordos que tenga que hacer el usuario para llegar al destino final.
Acuerdo con los municipios
La Xunta asumirá el 100 % del coste de las bonificaciones para los cerca de 150.000 vecinos de esos concellos. Los municipios con más de 2.000 vecinos podrán entrar en el sistema mediante convenios con el Gobierno gallego, que aportará el 80 % de los fondos necesarios.
Con la creación del Área de Transporte de Galicia, los usuarios de los concellos adheridos podrán disfrutar de descuentos mínimos de 50 céntimos en el precio del billete. Alfonso Rueda espera que esta medida suponga «un paso máis para favorecer a mobilidade sustentable en Galicia impulsando o uso do autobús». Esto supondrá un desembolso de 11 millones de euros al año.
Apoyo al autoconsumo eléctrico
El Consello de la Xunta decidió igualmente ampliar la partida dirigida a proyectos de autoconsumo eléctrico y almacenamiento con energías renovables con fondos europeos del plan de recuperación. Se duplica la cantidad establecida para esta línea de ayudas, que ahora llegará a los 74 millones.
El plazo de solicitudes, en concurrencia no competitiva, permanecerá abierto hasta el año 2023, y la Xunta ya aprobó 646 iniciativas que contribuyen a impulsar medidas de ahorro y eficiencia energética. Las ayudas tienen como objetivo ayudar a las empresas, por una parte, pero también a los hogares, las administraciones públicas y los organismos sin ánimo de lucro por otra. Incluso se recoge un apartado propio para el uso de energías renovables térmicas en el sector residencial. Con estas subvenciones se reducirán los costes energéticos.