El futuro de cuatro mil edificaciones, en el aire al carecer la Xunta de competencias para gestionar el litoral
SOMOS MAR
Las consellerías de Mar y Medio Ambiente reúnen en Ribeira a 70 alcaldes de municipios de la costa para hacer un frente común y conseguir competencias que ya tienen Andalucía y Cataluña. El Gobierno central presenta una estrategia a largo plazo para ir reduciendo toda edificación de la costa
13 jun 2022 . Actualizado a las 21:01 h.«Debemos seguir traballando para ter a xestión íntegra da costa.Temos recoñecidas polo Estatuto de Autonomía as competencias, pero fáltanos a xestión íntegra, como xa teñen Cataluña e Andalucía e na que traballan Baleares e o País Vasco e a nós estásenos negando. E non se nos pode negar». Este fue el mensaje de la conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, antes de mantener, junto a su homóloga en Mar, Rosa Quintana, una reunión de trabajo en Ribeira a la que estaban convocados 82 alcaldes de municipios del litoral y finalmente acudieron unos 70. Ambas reiteraron la inseguridad jurídica derivada de las modificaciones que el Ministerio para la Transición Ecológica pretende introducir modificando la normativa de Costas a través de la Ley de Cambio Climático. En juego, afirmaron, está el futuro de cuatro mil edificaciones que, precisó Rosa Quintana, «corren o risco de non ver renovada a concesión ou o uso para o que están destinadas». Entre ellas, figuran empresas de la cadena mar-industria, pero también inmuebles de interés patrimonial, sanitarios o educativos.
Con la ría de Arousa como fondo, Quintana y Vázquez desgranaron el difícil escenario al que se enfrenta Galicia que, aseguró la titular de Medio Ambiente, «precisa unha costa viva, según indican os estudos do territorio». El objetivo es hacer un frente común y explicar a alcaldes y portavoces cuál es la situación y los riesgos. A nivel económico, indicaron que hay más de un centenar de empresas que están emplazadas en terrenos de dominio público marítimo-terrestre o portuario, lo que significa que están sujetas al estudio de prórrogas en sus concesiones. Ahondando en el problema que supone para Galicia estar a expensas de lo que se decida desde Madrid sobre los usos del litoral, Rosa Quintana manifestó que de las 81 ramas de actividad económica existentes en Galicia, 74 están vinculadas directamente con la cadena mar-industria. Así, manifestó que «calquera ataque ten un forte impacto social e económico no territorio».
Rosa Quintana sentenció que «a mellor ubicación das depuradoras é ao lado do mar», precisando en el negativo impacto ambiental de tener, por ejemplo, que bombear el agua desde el mar hasta un polígono industrial. Explicó que el Gobierno central trabaja en la regulación de la Ley de Costas y en la estrategia de cambio climático, lo que implica una inseguridad jurídica que frena a las empresas a la hora de hacer inversiones para ampliar su actividad o de instalación de nuevas naves. La titular de Mar se refirió a las dificultades de compañías como la piscifactoría de Lires o Stolt Sea Farm de Carnota para renovar sus concesiones y sentenció: «Non podemos estar litigando cada unha das peticións de prórroga que nos fan as empresas».
Por su parte, la conselleira de Medio Ambiente se refirió a la presentación, por parte del Gobierno central, de la estrategia de la costa libre. Aseguró que se remitió a las comunidades «un cuestionario de percepción da costa. Iso non é válido para elaborar unha estratexia que pode converterse en norma». Desde la Xunta, indicó Ángeles Vázquez, se indicó al ejecutivo que «iso non podía ser enviado por parte dun ministerio». Instó a que se tomen como referencia estudios científicos o referencias como PIMA Costas «no que si estamos representados».
A falta de conocer los detalles sobre la estrategia para afrontar los efectos del cambio climático, la responsable de Medio Ambiente recalcó: «A inquedanza é aínda maior porque o que se vén dicir nesta estratéxia é que o que se pretende é unha costa libre, no dominio público marítimo-terrestre, de aquí ao 2045. Din que hai que facer unha retirada paulatina do humano da costa».
Una «retirada controlada»
El encuentro con esos regidores, a los que el Gobierno gallego busca sumar a su estrategia, se producía horas antes de que las comunidades conocieran el plan estratégico nacional para la protección de la costa española, considerando los efectos del cambio climático. Es un documento marco del Ministerio de Transición Ecológica que aboga por una reducción progresiva de las construcciones en el litoral hasta el 2045.
Se trata, explica el Gobierno central, de una «retirada controlada», dice el Gobierno central, que implicaría el desmantelamiento y la reubicación de instalaciones, aunque sin concretar cuándo y de qué manera. Los objetivos de ese plan hablan de «retranqueo o retirada» de todo aquello que no sea defensa estratégica. «La meta principal del Gobierno central parece que es la progresiva deshumanización de la costa española hasta eliminar cualquier vestigio de actividad o presencia de las personas en esta franja», dicen desde la Xunta.
La reunión de ayer con el Ejecutivo central solo sirvió para presentar esas líneas maestras y de cómo las comunidades podrán hacer aportaciones, según fuentes la Consellería de Medio Ambiente. No hubo más avances. Solo se apuntó que se trasladará un cuestionario para que los diferentes territorios contesten antes del 22 de julio.