El traspaso de la AP-9 a la Xunta, en el aire al romperse la unidad de reivindicación del Parlamento gallego
GALICIA
El Congreso constituye mañana el grupo que estudiará cómo efectuar el traspaso del vial
20 sep 2021 . Actualizado a las 19:54 h.El Congreso de los Diputados constituirá este martes el grupo que se encargará de proponer a la cámara cómo y con qué condiciones debe de traspasarse a la Xunta la autopista AP-9. Será un acto meramente formal, de nombramiento de los diputados que llevarán a cabo ese debate, pero será el arranque del debate de una propuesta que llegó a las Cortes en diciembre del 2019 y obtuvo la clasificación de urgente tras haberse frustrado su anterior tramitación por la convocatoria de las elecciones generales.
En ambas ocasiones la petición de traspaso a la Xunta llegó al Congreso con el respaldo unánime del Parlamento gallego, recalcado desde la tribuna de la cámara baja el pasado febrero por Diego Calvo (PP), Ana Pontón (BNG) y Gonzalo Caballero (PSOE). Pero esa unidad de acción ya no existe y deja en el aire la transferencia, a la que además del debate en ponencia le restaría la aprobación de sus conclusiones en la comisión de Transportes del Congreso, pasar el filtro del pleno de las Cortes y someterse a la comisión de transferencias del Gobierno y la Xunta, trámite que se demorará, como mínimo, seis meses.
La postura única del Parlamento gallego desapareció al plantear el grupo socialista en el Congreso que se transfiera a la Administración gallega solo determinados aspectos de la gestión de la autopista y se deje en manos del Gobierno central la titularidad de la infraestructura. La razón esgrimida por el PSOE es que las bonificaciones y rebajas que han empezado a aplicarse en el vial hacen razonable que sea el encargado de pagarlas el que haga un control efectivo de la concesión y de los vehículos que resultan beneficiados. Los socialistas aducen que no puede haber «asimetrías y que decida en la AP-9 el que no paga».
El Ministerio de Transportes alega estar dispuesto a debatir, pero estima igualmente como riesgo que el Gobierno vaya a pagar 2.300 millones de euros en descuentos pero pase a no tener ningún tipo de control sobre la autopista.
El PP y la Xunta redoblan por su parte la exigencia de transferencia, pero con una cláusula base que certifique que en ningún caso la asunción de la titularidad del vial supondrá que de las arcas autonómicas tenga que salir ni un euro en ningún momento hasta el fin de la concesión en el 2048. Exigen además una larga lista de obras en la autopista a pagar desde Madrid.
El BNG no presentó enmienda alguna a la proposición de ley, urgiendo una rápida aprobación del texto como salió del Parlamento gallego para que sean Gobierno central y autonómico los que pacten el traspaso.