Nuevo conflicto entre el Gobierno y la Xunta por la AP-9, ahora a los tribunales por Rande y A Barcala
GALICIA
Transportes interpone una reclamación contencioso-administrativa para que la Administración gallega pague 26 millones a Audasa
28 oct 2021 . Actualizado a las 12:51 h.La autopista AP-9 vuelve a enfrentar al Gobierno central y a la Xunta. La cordialidad y acuerdo que hace quince días escenificaron a cuenta de las futuras bonificaciones en el vial el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, y Alberto Núñez Feijoo, han encontrado un punto de fricción. El Ejecutivo central acaba de interponer una reclamación contencioso-administrativa contra la Administración gallega para exigirle que pague 25,44 millones de euros a Audasa a cuenta de los peajes de Rande y A Barcala que la Xunta dejó de abonar a la concesionaria en el 2017 al asumir entonces el Ministerio de Fomento la factura de todos los vehículos que pasan por ambos tramos. El entonces ministro Íñigo de la Serna (PP) decidió a mayores, unilateralmente, reducir a la mitad el importe anual a pagar por dichos peajes, iniciativa que el Tribunal Supremo acabó considerando ilícita el año pasado.
Al incrementarse de nuevo la factura por los peajes de Rande y A Barcala, el departamento de Ábalos le remitió en diciembre un requerimiento a la Consellería de Infraestruturas instándole a pagar a Audasa su parte de los últimos tres años y medio. El Gobierno central le dio al autonómico tres meses para saldar la deuda, plazo que se cumplió el pasado día 20. Pero la Xunta no ha hecho ingreso alguno en favor de la concesionaria, optando por ello el Ministerio de Transportes por interponer la reclamación judicial, y que decidan los tribunales.
Ministerio y Xunta interpretan de modo radicalmente diferente la sentencia que declaró nula la decisión del Gobierno de Rajoy de reducir a la mitad el importe a pagar a Audasa. El Gobierno central entiende que al declararse nulo el real decreto que cambió la fórmula de lo que se paga a Audasa por los dos tramos gratuitos para el usuario, todo vuelve a la situación anterior, en la que la concesionaria cobraba por cada vehículo que pasa y el importe final a cubrir se lo dividían al 50 % las dos administraciones, central y gallega.
La Xunta no lo ve así. Estima que primero el Gobierno la eximió de seguir cubriendo los costes de los peajes gratuitos por ser una vía de titularidad estatal. Y después el ministerio optó por variar el concepto de pago, al considerar tanto el ministro como el Consejo de Estado que Audasa estaba obteniendo «un cierto enriquecimiento injusto» gracias a haber visto incrementada su facturación en Rande y A Barcala a cuenta de un aumento del tráfico atraído por pasar a ser ambos tramos gratuitos para el usuario. La Xunta cree que la interpretación del Consejo obligó al Gobierno de Rajoy a variar el cálculo de la factura, para evitar ir contra el interés general y dar cobertura a «una injusticia».
La concesionaria de la AP-9 alegó ante la Justicia que el cambio unilateral implantado por la Administración le suponía una pérdida de 482 millones de euros hasta el final de la concesión. Su reclamación fue estimada por el Supremo y Audasa salió indemne también de los recursos posteriores. La sentencia subraya que se condena a la Administración general del Estado, «como parte que aprobó la modificación anulada», a pagar a la concesionaria los peajes, una indemnización e intereses, «sin perjuicio del derecho que pueda asistirle frente a la Administración de la Comunidad Autónoma de Galicia como consecuencia de los compromisos acordaros en el 2006», cuando las dos administraciones se repartieron el pago. El Gobierno aduce esa afirmación para reclamar ahora a la Xunta su parte.
El Supremo plantea bajar los peajes por interés general
En la sentencia en la que el Supremo condena al Estado a pagar a Audasa por todos y cada uno de los vehículos que pasen por Rande y A Barcala, el tribunal abre la puerta a bajar los peajes de la AP-9. Indica que existía esa posibilidad en lugar de implantar una fórmula de cálculo «extraña» que consistía en aplicar un porcentaje de crecimiento de tráfico del resto de la autopista sobre la tarifa de ambos tramos cuando eran de pago. Asegura el Supremo que se pueden variar las tarifas en aras del interés general, aunque indemnizando a Audasa.