La Xunta no lo ve así. Estima que primero el Gobierno la eximió de seguir cubriendo los costes de los peajes gratuitos por ser una vía de titularidad estatal. Y después el ministerio optó por variar el concepto de pago, al considerar tanto el ministro como el Consejo de Estado que Audasa estaba obteniendo «un cierto enriquecimiento injusto» gracias a haber visto incrementada su facturación en Rande y A Barcala a cuenta de un aumento del tráfico atraído por pasar a ser ambos tramos gratuitos para el usuario. La Xunta cree que la interpretación del Consejo obligó al Gobierno de Rajoy a variar el cálculo de la factura, para evitar ir contra el interés general y dar cobertura a «una injusticia».
La concesionaria de la AP-9 alegó ante la Justicia que el cambio unilateral implantado por la Administración le suponía una pérdida de 482 millones de euros hasta el final de la concesión. Su reclamación fue estimada por el Supremo y Audasa salió indemne también de los recursos posteriores. La sentencia subraya que se condena a la Administración general del Estado, «como parte que aprobó la modificación anulada», a pagar a la concesionaria los peajes, una indemnización e intereses, «sin perjuicio del derecho que pueda asistirle frente a la Administración de la Comunidad Autónoma de Galicia como consecuencia de los compromisos acordaros en el 2006», cuando las dos administraciones se repartieron el pago. El Gobierno aduce esa afirmación para reclamar ahora a la Xunta su parte.
