El Gobierno exige a la Xunta que vuelva a pagar el peaje de Rande y A Barcala y abone ya 15,6 millones a Audasa

Le reclama que se haga cargo de la mitad de la factura y pague a Audasa lo que ha dejado de ingresar en los 2,5 últimos años


vigo / la voz

La AP-9 acaba de suscitar un nuevo conflicto entre el Gobierno central y la Xunta. El Ministerio de Transportes pretende dejar sin efecto la decisión del Gobierno de Rajoy de que sea la Administración central la que asuma en solitario el pago de los peajes de Rande-O Morrazo y A Coruña-A Barcala y que evita desde el 2006 que los abonen sus usuarios. El real decreto del 2017 firmado por el entonces ministro Íñigo de la Serna, eximía a la Xunta de pagar una media de 7 millones de euros al año, al tiempo que el ministerio decidía unilateralmente rebajar a la mitad la factura que iba a pagar desde ese momento por ambos peajes aduciendo que Audasa estaba obteniendo «un enriquecimiento injusto» porque la gratuidad para el usuarios en los dos tramos estaba atrayendo más tráfico que el resto de la autopista y por tanto dando un beneficio exorbitado.

Audasa recurrió y ganó judicialmente dicha decisión y ahora se sabe que los recursos del Gobierno no han sido estimados, por lo que la resolución a favor de la concesionaria es firme.

Según ha sabido La Voz, el secretario de Estado de Transportes, Pedro Saura, ha remitido a la Xunta un requerimiento para que en función de dichos fallos judiciales vuelva a hacerse cargo de la mitad de la factura y pague a Audasa lo que ha dejado de ingresar en los 2,5 últimos años. En concreto, el Gobierno le exige a la Xunta que abone a la concesionaria 15,65 millones de euros, equivalentes al 50 % de los peajes que por decisión de De La Serna se dejaron de pagar a la empresa en Rande y A Barcala. Y de esa cuantía, el ministerio reclama 1,76 millones que han sido pagados por el Ministerio.

El departamento de José Luis Ábalos entiende que al ser declarado nulo el decreto por el que se redujo a la mitad la factura por ambos tramos, también decae el apartado por el que el Gobierno asumía todo el peaje en sombra de ambos pasos por tratarse de una autopista estatal.

La Xunta reaccionó ayer contrariada a dicha exigencia considerando «inaudito que el Gobierno de España actúe como abogado de Audasa» al exigirle los 15 millones para la concesionaria. Recuerda la Administración gallega que el Consejo de Estado estimó el «enriquecimiento injusto» obtenido por la empresa con los peajes de Rande y A Barcala, o que el Consello Consultivo declaró «nulas de pleno derecho» las subidas extra de los peajes de la AP-9. «El Gobierno socialista antepone los intereses de Audasa a los de los gallegos», clama el gabinete de Feijoo, que estima que Ábalos pretende que la Xunta pague la rebaja de la autopista prometida por el PSOE y que aún no se ha concretado.

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