La Xunta califica de broma de mal gusto que Gobierno y Audasa le reclamen cuatro años de bonificaciones de la AP-9

La consellería de Ethel Vázquez recuerda que las dos Administraciones acordaron exonerar a las arcas gallegas de ese pago en el 2018


Redacción / La Voz

La Xunta califica de broma de mal gusto el que primero el Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana y dos semanas después Audasa actúen «de xeito conxunto e lle reclamen á Xunta o pagamento á concesionaria das bonificacións das peaxes de Rande e A Barcala, cando hai un acordo pechado entre o Goberno e a Xunta de Galicia do ano 2018 polo cal a Administración autonómica deixaba de cofinanciar a bonificación da peaxe desa autoestrada estatal», se explica en un comunicado de la Consellería de Infraestructuras e Mobilidade.

El malestar de la Administración gallega surge porque considera que Gobierno y Audasa están actuando juntos en contra de los intereses de los gallegos y, sobre todo, porque se está vulnerando un pacto alcanzado entre los gobiernos gallego y estatal por el que se exoneraba a las arcas gallegas de abonar el 50 % de esas bonificaciones. Le parece improcedente a la Consellería que dirige Ethel Vázquez sobre todo después de que «o Consello de Estado ditaminase que as bonificacións das peaxes de Rande e A Barcala supoñían un enriquecemento inxusto para Audasa». Lo que hace el Gobierno de España, insiste la Xunta, no es otra cosa que «apoiar que ese enriquecemento se manteña e o faga, ademais, con diñeiro dos galegos».

Va todavía más allá el departamento autonómico cuando recuerda que este carteo se produce «despois de que a Administración estatal teña autorizado dende o pasado 1 de xaneiro unha nova suba extraordinaria das peaxes da AP-9 na autoestrada, do 0,92 %, sendo a que máis subiu de España, onde só incrementaron as peaxes tres autoestradas», recalca. Y lo hizo, insiste, a sabiendas de que el  Consello Consultivo de Galicia considera esa subida «nula de pleno dereito e a pesar de que nos Orzamentos Xerais do Estado para o 2021 se prevé anular esa suba e bonificar a autoestrada».

En la comunicación de Audasa -cuya entrada en la Consellería de Infraestructuras tiene fecha de ayer, 15 de enero- la concesionaria reclama el pago de más de 25 millones de euros por los ejercicios 2017-2020, ambos incluidos. Lo hace alegando que el Tribunal Supremo, en una sentencia del pasado octubre, restableció la vigencia del decreto suscrito en el año 2006 sobre otro del 2017 referidos a los pagos a la concesionaria correspondientes a los trayectos Vigo-O Morrazo y A Coruña-A Barcala.

Por todo ello, Audasa solicita que a la mayor brevedad posible se le indique la forma en que ha de facturar las cantidades correspondientes a los ejercicios pendientes, amparándose en la sentencia del Tribunal Supremo

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