Pilar de Lara, la jueza que acumuló nueve macrocausas a la vez y solo resolvió una

La magistrada deberá dejar su puesto tras un final caótico y desbordado en el que llegó a investigar a más de 200 personas a la vez

La jueza Pilar de Lara, durante un registro en el 2015
La jueza Pilar de Lara, durante un registro en el 2015

lugo / la voz

Nacida en el año 1971 en Cartagena (Murcia), Pilar De Lara Cifuentes llegó al Juzgado de Instrucción número 1 de Lugo en el 2007, procedente de Mieres. Al poco tiempo de llegar a la ciudad de las murallas empezó a abrir macrocausas de todo tipo, relacionadas con instituciones como la Guardia Civil y la Policía Nacional, políticos y empresarios. Al principio tuvo el respaldo de sectores sociales de una tranquila ciudad como Lugo, pero con el paso de los años fue ganando enemistades. Muchos la acusaron de que sus investigaciones iban dirigidas contra el PSOE, pero con la operación Pokémon entró también en las filas del PP. De Lara, cuyos afines destacaban de ella ser una mujer que no se arrugaba y que tenía mano firme, además de gran capacidad de trabajo, comenzó a dilatar las numerosas causas que fue abriendo con el paso de los años: la operación Carioca (2009), la Pokémon (2012), la Pulpo (2013), la Cóndor (2015) o la Garañón (2015), entre otras.

En el 2013, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ya comenzaba a hacerle inspecciones ante las numerosas quejas que recibía de las decenas de imputados que iba dejando por el camino. Tras investigar a más de cien personas y ordenar detenciones, actualmente es ella la investigada por el Poder Judicial por los «retrasos», «desatención en su juzgado» y, en definitiva, por su particular forma de instruir. Según opinan la mayoría de los letrados que han pasado por algunas de sus causas, a la magistrada posiblemente le faltó concreción para atar acusaciones en momentos puntuales y, en vez de ello, optó por seguir abriendo vías. Dicen que parecía como si no fuese capaz de trabajar de otra manera y aseguran que autos que se solventarían «con dos líneas», De Lara los convertía «en temas de derecho universal y penal».

Tuvo refuerzos —un juez y un secretario de apoyo—, pero el verdadero tapón estuvo en funcionarios y medios técnicos. Profesionales de la Justicia consultados ven positivo que si una jueza ve indicios de delito abra causa para investigar y determinar, pero a la vez califican de grave que haya decenas de imputados que llevan años en el limbo. Sus investigaciones pusieron fin a carreras políticas, afectaron personalmente a empresarios, y salpicaron a muchos más.

Hasta nueve macrocausas a la vez

Más de doscientos investigados en nueve macrocausas con varias ramificaciones sitúan al juzgado de Pilar De Lara en el epicentro judicial de Galicia desde hace diez años. Solo uno de los casos está cerrado, aunque fue el magistrado que reforzó su juzgado el que decretó el archivo de la operación Gandoy, nacida de denuncias de supuestos malos tratos y acoso en un centro de día lucense, donde ella investigó posibles contrataciones a dedo.

La operación Carioca, la más antigua de las macrocausas que maneja Pilar De Lara, duplica el plazo máximo que concede la nueva ley. Del hilo de esas investigaciones la magistrada abrió tres años más tarde otra causa con otro centenar de imputados: la Pokémon. Se abrió desde que, entre otros, el exalcalde de Ourense, Francisco Rodríguez, fue detenido y trasladado al calabozo en septiembre del 2012.

Políticos desimputados

La complejidad de la macrocausa acabó por derivar en diez piezas separadas de las que solamente se resolvieron dos en instancias ajenas a De Lara, y con el mismo resultado: la desimputación de Paula Prado, que era portavoz del PP en el Parlamento gallego; del exalcalde de O Carballiño, Argimiro Marnotes; o, del entonces regidor de Ferrol, José Manuel Rey.

La rama de Vendex, que lleva la magistrada y que es la que cuenta con mayor número de investigados, y la operación Pikachu, versión coruñesa de la Pokémon, con más de una treintena de implicados, se mantienen a la espera de que se determine quien es competente para seguir su instrucción, si debe pasar a la Audiencia Provincial o al Juzgado Central de Instrucción.

También siguen abiertas la pieza que sigue las posibles irregularidades en la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil; la operación Manga, que investiga contratos en el Concello de Santiago y en Asturias; la posible financiación ilegal del PSOE compostelano, y las ramificaciones catalana y asturiana nacidas de la macrooperación en el 2012.

La jueza Pilar de Lara aumentó la actividad de su despacho años después, con las causas con las que imputó al socialista y expresidente de la Diputación de Lugo José Ramón Gómez Besteiro. La operación Pulpo, abierta a raíz de una denuncia por acoso laboral del año 2013, acabó por transformarse en una investigación sobre supuestas contrataciones ilícitas en la Diputación de Lugo, manipulación de concursos, desviación de fondos públicos o subvenciones injustificadas.

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