Cuestiones territoriales y de gasto y el miedo a que se acabe rescatando la concesión frenan el traspaso del vial
04 oct 2018 . Actualizado a las 11:28 h.El traspaso de la AP-9 es una petición sin diferencias de color político en la reivindicación, pero solo en Galicia. El Parlamento gallego lo ha reclamado tres veces y lleva camino de estrellarse contra el muro del Ministerio de Fomento y del Congreso otra vez. Pero ¿por qué?
centralidad
Una parte del Estado. En el momento más crítico del debate territorial, la concesión a una comunidad de un vial de la red estatal y de interés general es para este Gobierno, como lo fue para el anterior, una invitación a abrir de nuevo el melón de la reivindicación de nuevas transferencias y que todas las comunidades se apunten a reclamar la titularidad de su trozo de asfalto. Borrel ya cedió autopistas a Cataluña en 1995 y Álvarez Salgado hizo lo mismo en favor del País Vasco en 1999. Pero los trece años que lleva reclamándolo Galicia no tienen visos de fructificar ahora.
se debatirá
Concesión parlamentaria. En Marea ya ha advertido que colocará el traspaso de la AP-9 entre sus reivindicaciones para apoyar los Presupuestos del Estado. Por eso, y para mostrar una actitud diferente al PP, que había vetado el debate en el Congreso, el PSOE se muestra abierto a debatirlo, pero ya desde Galicia el PSdeG ha cambiado el tono de su reivindicación dando una pista de cómo puede acabar el debate.
vía internacional
Aunque no lo es. Pedro Sánchez explicó ya al presidente de la Xunta su oposición al traspaso por ser, dijo, un vial de conexión internacional. Pero en realidad no lo es. La AP-9 concluye en Tui, pero en la confluencia con la autovía A-55. El puente internacional sobre el Miño dista 4 kilómetros, pero los técnicos de Fomento ven esa situación como una cuestión casi exclusivamente de nomenclatura de las carreteras y no de la función que desempeñan. La verdad es que la autopista no asume más de 5.000 vehículos al día en su tramo final de Tui, mientras que absorbe prácticamente todo el tráfico la autovía paralela.
razones económicas
Rescate. El BNG y En Marea han reiterado que su objetivo es lograr el rescate de la autopista, y que el pago a la concesionaria por cesar en su negocio antes de tiempo sea compensado por la Administración central, a lo que no está dispuesta. Las arcas de la Xunta no podrían hacerse cargo de un pago que no llegaría ni a los 8.000 ni a los 4.000 millones con los que el Gobierno anterior llegó a cifrar el coste del rescate. Pero tampoco de los 1.001 millones de euros en los que Itínere, la empresa matriz de Audasa, valora la concesión de la AP-9. El total del grupo cuenta con una oferta de compra de 1.300 millones.
obras pendientes
Quién las pagaría. El entorno de la autopista está salpicado de hasta diez proyectos de obras de enlace con los viales de su entorno desde Vigo hasta A Coruña. La Xunta ha dejado entrever que antes de asumir el traspaso de la autopista, la Administración central tendría que hacerse responsable del pago de dichos proyectos, cuyo coste supera los 183 millones de euros, sin contar la urbanización del tramo final de la autopista en Vigo y la conexión con la vía Ártabra en A Coruña. Fomento no parece muy a favor de asumir ese coste, pues tampoco se ha brindado a frenar las próximas dos subidas extraordinarias de peajes pagando las obras de ampliación de Rande y Santiago.
objetivo de la xunta
Negociar peajes y control. El Gobierno gallego considera que sería capaz de negociar tarifas horarias y descuentos si fuese titular del vial. Sin embargo no lo hace en las dos autonómicas que gestiona con la misma Itínere. Asegura a mayores que controlaría y presionaría más intensamente desde Galicia que como lo hace Fomento con sus inspectores y a golpe de reclamación política.