Los concellos se ven impotentes para hacer cumplir la norma antiincendios

Hoy acaba el plazo para tener las fincas y plantaciones limpias de maleza


redacción / la voz

Las fincas gallegas aisladas con viviendas deben tener desde hoy 50 metros sin maleza y con una distancia de siete metros entre cada árbol; y en los 30 primeros nada de pinos, acacias o eucaliptos. La normativa de la Xunta pretende así atajar el avance del fuego, pero esta semana los concellos, que son los que deben exigir el cumplimiento de la ley, reconocen que, aunque se ha avanzado mucho, queda trabajo por hacer. La falta de personal (las empresas están agobiadas por los encargos), el coste del desbroce y las fincas con varios dueños son los principales motivos de los atrasos.

En varias comarcas se destacan las dificultades de tantas fincas privadas. Lo dice el presidente de la mancomunidad Montes de Vigo, Uxío González, para quien «los montes de las comunidades no son el problema, el tema está en los cientos de propiedades privadas: algunas no se sabe de quiénes son y muchos propietarios desconocen hasta que las tienen». En Arousa, Vilanova y Cambados solo actúan contra los propietarios si hay denuncia de un particular, pues no tienen medios para hacerlo de oficio. El alcalde de Valga, José María Bello (PP), lamenta que la Xunta descargue en los concellos esta función.

En Negreira, pese a las reuniones, no se está cumpliendo la normativa, ni en A Baña y Santa Comba, donde depende de la voluntad de los propietarios. Ames asume que resultará imposible acatar la ley por la falta de personal, como Teo. El alcalde de Touro, Ignacio Codesido (PP), señala que los propietarios limpian las franjas, pero que «para mañá [por hoy] é imposible telas», y el de Arzúa, el independiente José Luis García, como el de Toques, Miguel Buján (PSOE), reconoce que no todos los vecinos cumplen.

En Ferrolterra, Ortegal y Eume hay miedo a posibles sanciones, pues la mayor parte del territorio está mal. Los trabajos se concentran en los entornos de viviendas, dejando carreteras y pistas. Algunos productores han optado por «donar» al maderista la plantación afectada para que la limpie y evitar problemas.

Porque además de la limpieza de las viviendas aisladas, hay que mantener un margen en las plantaciones o en fincas próximas a carreteras, ríos, zonas de cultivo o tendidos. Por eso ni los ayuntamientos cumplen con una norma que deben vigilar. Carballo, con mil kilómetros de caminos, resulta inabarcable, y el concejal de Obras, Luis Lamas, ve una «utopía» que todo esté limpio.

Tampoco el balance es muy positivo en Barbanza, donde el 70 % de las parcelas están sin limpiar. Las madereras se ven saturadas y los concellos señalan que es inviable, pero también destacan el cambio de mentalidad en la ciudadanía, y consideran que en los próximos meses se habrá avanzado mucho en este ámbito.

Esta preocupación general se repite por toda Galicia. Así, en Lugo han recibido numerosas consultas, pero las empresas tienen lista de espera y no pueden ejecutar los encargos. Los propietarios están concienciados, no solo por las sanciones, sino por lo que ocurrió en octubre en Cervantes. Y los alcaldes de Deza apuntan que está habiendo movimiento y muchos vecinos limpian sus terrenos, pero aún queda por hacer. Los concellos están recibiendo llamadas sobre las multas y les recalcan que no encuentran quién se encargue de los trabajos. Hay que recordar que la comarca es ganadera y esta época es de mucho trabajo. Según los responsables municipales, los problemas vienen con las fincas con varios herederos. Agolada lleva enviando bandos a las parroquias cada quince días para recordar a los vecinos esa obligación.

En Poio, su alcalde, Luciano Sobral (BNG), sostiene que «cumprir ao 100 % ese famoso decreto da Xunta non é posible», si bien precisó que desde el Concello se está realizando un seguimiento y hay cambios: «Vese moita actividade, a xente creo que está asumindo que ten que ter as fincas limpas». Cuestión aparte merecen los espacios forestales: «A verdade é que van máis lentos». Por su parte, desde Campo Lameiro remarcaron que ven complicado cumplir la totalidad del decreto.

En el entorno de A Coruña el seguimiento es irregular: Arteixo y Bergondo mandaron miles de notificaciones, y en Abegondo y Curtis hay campañas informativas generales con buenos resultados.

Un caso especial supone el Concello de Ribadeo, cuyo alcalde, el nacionalista Fernando Suárez, aplica estrictamente la ley e identificó 676 montes; en febrero se enviaron cartas a los dueños y 160 fueron devueltas. A estas alturas, Suárez valora positivamente las limpiezas que se están haciendo de forma voluntaria.

Las sanciones 

administrativas

Por no limpiar. Dependiendo del abandono de la finca, las multas van 100 a 1.000 euros.

Reforestación. Con especies expresamente prohibidas y sin respetar la distancia, pueden ser multas de hasta 100.000 euros.

Parcelaria. La declaración de abandono de una finca de concentración parcelaria puede tener multa de 300 a 3.000 euros.

coste de la extinción

Si agravan un incendio. Si los incumplimientos provocan o agravan un incendio, los costes de extinción también podrán ser repercutidos a los propietarios.

limpieza de oficio

Entre 400 y 1.200 euros por hectárea. Se puede cobrar la limpieza, confiscar la madera y hasta expropiar la finca si el valor catastral es inferior al coste de limpiarla. Este oscila entre los 400 y 1.200 euros por hectárea.

«Temos casos de fincas de 40 metros con 32 donos»

El concejal de Medio Ambiente de Allariz, Bernardo Varela, sufre el problema de gran parte de Galicia: «A xente foi limpando, pero algúns non. Seguimos co problema de titulares de propiedades que son ilocalizables, porque faleceron, porque está mal o catastro ou porque o terreo é de múltiples herdeiros. Temos casos de fincas de 40 metros con 32 donos. Hai un problema estrutural de abandono do rural e fan falta medidas máis áxiles e mobilizar o terreo para que estea traballado; se non non vai haber cartos que cheguen».

En Xinzo, decenas de fincas que deberían haber sido desbrozadas están en mal estado, lo mismo que en Verín, como informa el edil de Servicios, Julio Vieitez. El alcalde de A Rúa, Luis Fernández Gudiña (PSOE), reconoció que hay mucho movimiento, aunque detectan escasez de personal, incluso para el concello.

Pilar Regueiro, concejala de Medio Ambiente de Celanova, cree que este año «es mejor que el pasado. La gente se preocupó con lo del plazo y se limpiaron incluso fincas que llevaban años sin limpiar». La apertura de expedientes ha servido para que en O Barco se apurasen con los desbroces, según el edil de Medio Rural, Jesús Jares, mientras que en O Carballiño aseguran no tener constancia del problema y en Ribadavia el alcalde, Ignacio Gómez (PSOE), recoge las quejas de los vecinos por esta «imposición da Xunta» y recalca que es una carga demasiado pesada, porque «non chega acompañada dos fondos necesarios»

En Ourense, desde el 2017

El Concello de Ourense afirma que se adelantó un año a este problema modificando la ordenanza y obligando a los vecinos a mantener limpias las fincas e incluso, afirma, se han abierto expedientes sancionadores y realizado campañas. Pero saben que tener todo el año las fincas desbrozadas es imposible, porque en una semana todo vuelve a crecer, y sin productos tóxicos en los trabajos de desbroce, algo que el Concello apoya, es más difícil controlar la maleza.

Por otra parte, ayer comenzaron las reuniones de estudio para el control de la actividad incendiaria en Pontevedra y Ourense. La conselleira de Medio Rural, Ángeles Vázquez, estuvo en Dozón, la primera de las quince paradas en las 77 parroquias consideradas zonas de alta actividad incendiaria.

Con información de X. Melchor, B. Costa, J. F. Alonso, A. F. Cuba, A. Gerpe, C. Devesa, R. Pérez, C. Andaluz, M. J. Fuente, S. Martínez, M. Cobas, M. Rodríguez, D. Cela, S. Garrido, E. Araújo y A. L. Penide.

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