Los gallegos consideran injustificable la espera por dependencia y sanidad

Toleran mejor aguardar por el cobro de un impuesto o por una licencia de vado


redacción / la voz

La espera para lograr el reconocimiento de una discapacidad, para obtener la ayuda de la ley de dependencia o para ser atendido en la sanidad pública constituyen, para la mayoría de los gallegos, los tres retrasos más injustificables en sus relaciones con la Administración pública, unos servicios que los ciudadanos financian con sus propios impuestos. Esta es la principal conclusión que se desprende de una encuesta de Sondaxe elaborada para La Voz.

En una escala de cero a diez, ocuparían, por ese orden, los tres primeros puestos; de hecho, se trata de cuestiones que suscitan una honda inquietud social en esta comunidad, donde existe una sociedad muy envejecida y en la que la ciudadanía, con crecientes problemas de salud y dependencia para valerse por sí mismos por su edad, demanda cada vez mayor asistencia pública.

Lejos de corregir este problema, los ajustes que se ha hecho en el gasto público a lo largo de los años de crisis, han servido para agravar las esperas en las relaciones que mantienen sus ciudadanos con la administración.

Después de la discapacidad, la sanidad y la dependencia, los gallegos consideran más injustificables las esperas por reconocer una prestación por desempleo, por el cobro de una beca o para pagar el paro. Serían, para la mayoría, los tres siguientes retrasos más inaceptables.

Aún sin considerarlos justificables, los gallegos tolerarían mejor los retrasos para recibir un documento oficial, para esperar por una licencia de obra, para cobrar un impuesto o para obtener la licencia de un vado. En cualquiera de los cuatro casos, en la escala de cero a diez, es decir, de injustificable a justificable, los cuatro supuestos obtendrían una puntuación inferior al cinco.

En las esperas que los gallegos consideran algo menos injustificables se encuentran trámites de la Administración relacionados con la apertura de negocios, y esta es una de las quejas más aireadas a lo largo de los últimos años: cómo el exceso de burocracia dificulta la labor emprendedora, algo que han confirmado también otros estudios internacionales. De la encuesta elaborada por Sondaxe se desprende, por ejemplo, que son precisamente las personas más mayores las que toleran peor los retrasos relacionados con la discapacidad, la dependencia y la sanidad. Las personas cuyas edades superan los 45 años consideran más injustificables las esperas en estos servicios, por ejemplo, que en asuntos relacionados con una beca o con el cobro de la prestación por desempleo, un problema que afecta, en mayor medida, a personas más jóvenes. El trabajo demoscópico también revela que es precisamente en los municipios de menos de 5.000 habitantes, es decir, donde están la mayoría de núcleos rurales, donde sus ciudadanos consideran más intolerable el retraso de una discapacidad. Es en el rural donde hay menos servicios. 

Un 85,8 % impondría sanciones por las demoras

En aras de plantear cuál puede ser una vía para resolver las esperas, la encuesta de Sondaxe pregunta a los gallegos si consideran que se deberían imponer sanciones o indemnizaciones a las administraciones por los retrasos en responder. La respuesta es abrumadora: hasta un 85,8 % de los ciudadanos encuestados se decantarían por esta vía, frente a un 14,2 % que dice que no.

Según el informe elaborado para La Voz, las mujeres son más partidarias de multar a las administraciones que los hombres - un 88 % frente a un 83,3 %- y el análisis de las diferentes cohortes de edad también muestra una brecha. Mientras que en la franja entre los 18 y los 29 años hasta un 85,4 % de los encuestados se declara partidario de multar al poder por sus retrasos en la prestación de servicios, en la horquilla que va de los 65 años en adelante se da el porcentaje de apoyo a los multas más bajo: solo el 78 %. Los más firmes defensores de esta vía para resolver las esperas son los ciudadanos que están entre los 30 y los 44 años: hasta un 90,6 % de los entrevistados se declara a favor de sancionar a la administración cuando es la causante de esperas que causan perjuicios a los ciudadanos.

En el análisis a nivel territorial, son precisamente las provincias más pobladas, A Coruña y Pontevedra, las que concentran una mayor proporción de habitantes partidarios de la vía de imponer multas o exigir indemnizaciones por los retrasos. Mientras que en estas se declaran favorables de esta alternativa el 87,5 % y el 86,9 % de los entrevistados, en Ourense y Lugo, respectivamente, son el 86,4 % y el 76,5 %.

En el análisis por habitantes se llega a la misma conclusión: a mayor censo, más porcentaje de partidarios de las sanciones.

Si se analiza el nivel de estudios, por ejemplo, son precisamente los titulados medios y superiores quienes más se decantan por las multas, frente a las personas con estudios primarios o sin ellos. Los asalariados también apuestan más por las sanciones que los pensionistas.

La sociedad exige más eficiencia y más personal para mejorar los servicios

Los gallegos consideran que para resolver los problemas de lentitud de la Administración en la prestación de servicios sería necesario, en primer lugar, una mayor eficiencia. En una escala de cero a diez, es la variable que más puntúan, con un 8,34; le seguirían más inversión en tecnología (7,27), más personal (7,23) y, por último, más dinero (6,02). La tercera exigencia más demandada por la sociedad, más puestos de trabajo, se produce después de años de congelación y recortes en las plantillas, tanto de los servicios administrativos generales, como en educación y en sanidad, sobre todo porque no se han cubierto jubilaciones, una tendencia que empieza ahora a cambiar.

En el análisis de genero y por franjas de edad, son las mujeres las que consideran que hace falta más dinero y más personal que los hombres, y en relación a los jóvenes, llama la atención que los encuestados de más de 65 años puntúan más alto que los jóvenes la necesidad de inversión tecnológica: un 7,58 sobre diez, frente a un 6,70. 

Igualdad en valoraciones

En las diferentes cohortes de edad existe más igualdad a la hora de valorar la incorporación de más puestos de trabajo o la demanda de una mayor eficiencia en la prestación de los servicios. En la desagregación territorial es en los núcleos de población de menos de 5.000 habitantes, es decir, con peores servicios administrativos y con peor desarrollo de las tecnologías de la comunicación, donde los ciudadanos encuestados puntúan con una nota más alta la necesidad de invertir más dinero y más tecnología para acabar con los retrasos.

La burocracia no tiene exclusividad

Colas para realizar trámites burocráticos en Grecia
Colas para realizar trámites burocráticos en Grecia

Los excesos de la Administración son un problema también en Europa, desde grandes potencias a pequeños países

El «vuelva usted mañana», los retrasos o la falta de coordinación entre Administraciones no son exclusivos de España. Desde las grandes potencias como Alemania o Francia, hasta un país comparable como Italia, hasta uno que está renaciendo, Portugal, se constata que la burocracia se sigue imponiendo, pese las nuevas tecnologías. 

Alemania

Sin coordinación entre Administraciones. Pese a lo que pueda aparentar, la primera potencia europea goza de un sistema administrativo extremadamente complejo, pesado y ancestral. Ello se debe a la paranoia de los alemanes por la falta de seguridad en Internet, la necesidad, por encima de todo, de proteger el derecho a la privacidad de datos, y la mala coordinación entre las autoridades federales y estatales. El resultado es que los sobres y sellos se imponen aún a las soluciones digitales, salvo cuando se trata de realizar una transferencia bancaria para pagar impuestos o una sanción de tráfico. Algo similar a lo que sucede en España. Eso sí, a la hora de recurrir multas o tramitar licencias de cualquier tipo hay que ponerle muchas ganas: son procesos que pueden prolongarse entre meses, para el primero de los casos, y años, para el segundo. Además, a menudo hay que dirigirse a la ventanilla de oficinas municipales o regionales, abiertas al público solo en días y horarios muy concretos. No es de extrañar que lo más complicado sea solicitar beneficios sociales o asilo. Ya antes de la crisis migratoria del 2015, la cola para acceder a la Oficina de Extranjería de Berlín daba la vuelta a la manzana cada día. 

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