Los dueños de montes ven injusto tener que costear la franja de seguridad forestal

Estiman que la verdadera causa de peligro ante los incendios es la «anarquía urbanística»

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vigo / la voz

Los propietarios de montes gallegos han echado mano de una de las máximas que rige los contratos de concesión de las autopistas en España para argumentar que cualquier cambio unilateral en las normas de explotación de su negocio tiene que ser compensado por la administración que promueve la modificación. La implantación de la franja de seguridad en los montes de la comunidad, que obliga a dejar un frente mínimo de 50 metros de ancho limpio y libre de especies pirófitas (eucaliptos, pinos o acacias) es considerada por la Asociación Forestal de Galicia como un cambio en las reglas de propiedad y gestión de los montes que, entienden, debe de ser compensada.

La mayor organización de propietarios de montes en Galicia, que agrupa a 280 comunidades de montes y 1.800 propietarios particulares, no llega al extremo de las concesionarias de viales de pago de exigir que se les reembolse cualquier cambio que afecte a sus previsibles ingresos. En el caso de los dueños de plantaciones arbóreas sería el lucro cesante que dejarán de ingresar por no poder explotar con cortas la franja más próxima a suelo urbano. Pero la Asociación Forestal de Galicia sí estima que los propietarios de montes son víctimas de la «anarquía urbanística» y de la expansión constructiva sin control, por lo que no se les debe de cargar también con los gastos que acarrea establecer y mantener un espacio de seguridad entre las masas forestales y los núcleos habitados.

«Los montes estaban antes que las casas y muchas no deberían estar donde están, pero se construyeron porque las administraciones miraron para otro lado. Aún así, ahora son los propietarios forestales y comunidades los que tienen que gastar una barbaridad de dinero en limpiar y repoblar con especies frondosas las franjas de seguridad, terreno cuyo valor además pasará a ser cero, pues no se podrá hacer nada en ellos. Es más, esas tierras tendrán un valor negativo por el coste de las tareas de mantenimiento a las que deberán ser sometidas», explica Daniel Rodríguez, técnico de la organización forestal.

Doble solución

Los dueños de montes estiman que deberían ser compensados, bien haciéndose cargo los ayuntamientos y la Xunta de la limpieza y plantación de especies adecuadas en las franjas de seguridad, o bien abonando a los propietarios los gastos derivados de las medidas de prevención impulsados por la Administración gallega.

«No puede caer todo encima del propietario forestal», añade Rodríguez, que cuantifica solo en el caso de Vigo en 50 kilómetros de longitud el tamaño de la franja de seguridad que deberá estar limpia y desbrozada, como en el resto de Galicia, antes del 31 de mayo, o en caso contrario será la Xunta la que actúe de oficio procediendo al desbroce y eliminación de especies pirófitas para pasar la factura a los titulares de los terrenos. En el caso vigués será el Concello quien se haga cargo de una franja que llegará a cien metros de ancho.

«Los incendios de octubre han dejado al descubierto en muchos sitios los lugares donde llegan a levantarse casas, y no se puede achacar a los propietarios de montes una responsabilidad que en realidad es de las administraciones por no haber llevado a cabo su obligación de custodia del territorio y no hacer cumplir las normas urbanísticas», añade el miembro de la Asociación Forestal de Galicia verbalizando la petición de compensación que reclaman sus asociados por las franjas de seguridad.

Unas 392.000 hectáreas de monte comunal abandonado están en manos de la Xunta

El economista Venancio Salcines está llevando a cabo una tarea de mediación entre la Xunta y los propietarios de montes para tratar de consensuar soluciones a los cambios que la Lei de Montes está propiciando. El árbitro entre ambos sectores considera vital en la lucha contra los incendios y para un mejor aprovechamiento forestal encontrar una salida para los montes abandonados. Según sus cifras, la Xunta tiene en sus manos 392.000 hectáreas repartidas en mil montes que están en estado de abandono o con escasa rentabilidad, incidencia especialmente notable en la provincia de Ourense.

Ceder la gestión de esos montes a comunidades interesadas, técnicos forestales, y agrícolas de cada zona, o en ultimo caso a empresas mediante contratos de gestión pública, son algunas de las posibilidades apuntadas desde la Asociación Forestal de Galicia para conseguir evitar que un monte abandonado pueda amenazar la pervivencia de otro gestionado correctamente, y para que también el sector forestal permita enraizar a la población joven en el rural.

Posibilitar una transición de la gestión de los montes abandonados hacia nuevos propietarios que los quieran explotar, es lo que el sector trata de conseguir de la Xunta, mediante herramientas como la puesta en marcha de créditos blandos que hagan posible su explotación sin costes financieros añadidos, así como facilitar formación a los interesados. Los técnicos estiman que los montes abandonados tienen muy pocas posibilidades de generar beneficios, pero sí cubrir costes y salarios de las personas que se impliquen en su gestión, si cuentan con ayudas para ello.

En paralelo, los propietarios forestales inciden en que se clarifique la situación de los montes comunales ante el vencimiento en el año 2021 de los convenios con la Xunta mediante los que reciben ayudas para limpieza y gestión de las superficies arboladas. Que las comunidades sigan gestionando con facilidades sus montes es prioritario para los dueños de superficies forestales, que no desdeñan que las empresas puedan hacerse cargos de ellas, cuando ni comunidades de montes o técnicos se presten para ello.

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