Nadie quiere rogar para votar

Tan solo el Bloque, sin representación en el Congreso, defiende un filtro para el voto exterior


vigo / la voz

La norma que obliga a los emigrantes a tener que solicitar su derecho al voto cada vez que se convocan elecciones ha fracasado. El llamado voto rogado ha acabado por expulsar a los residentes en el exterior de los procesos electorales debido a su complejidad, dependencia de los servicios de correos de otros países y el escaso margen existente para cruzar envíos postales y reclamaciones entre electores y administración electoral.

Del 35 % de participación de los residentes en el extranjero en las generales del 2008 se pasó en Galicia a un 3,5 % en las últimas elecciones estatales, y de un 30 % en las autonómicas gallegas del 2009 a un 3,5 en las del 2016. Entre unas citas y las siguientes la diferencia llegó de la mano de la reforma de la Ley electoral del 2011 y la obligación impuesta a la emigración de rogar su voto, a la vez que quedaba excluida de los comicios municipales.

La evidencia de la exclusión electoral que está sufriendo la diáspora, incluida la que en los últimos años se ha visto obligada a emigrar y demanda poder seguir vinculada en las urnas a su país, está siendo reconocida en el Congreso, donde la subcomisión creada para abordar otra reforma electoral solo se ha puesto de acuerdo en certificar que el voto rogado debe desaparecer.

Fracaso reconocido

Quienes lo introdujeron con la reforma de hace siete años -PP, PSOE, CiU y PNV- reconocen ahora el error, y junto a Unidos Podemos y Ciudadanos, cada uno con su matiz, defienden ahora sin reparos su eliminación.

Aunque fuera del Congreso, el BNG es la única formación que defiende la vigencia del filtro electoral, y que quienes quieran votar desde otro país tengan que solicitarlo previamente, como sucede dentro de España para quienes quieren remitir su papeleta por correo.

«En la práctica ha demostrado ser complejo e incluso disuasorio», admitió en la cámara baja en los últimos días el ministro de Exteriores, Alfonso Dastis, justo cuando el censo exterior gallego ha alcanzado un nuevo récord con 453.412 residentes en el extranjero con derecho a voto y vinculados por nacimiento, residencia de origen o descendencia con alguna de las cuatro provincias de la comunidad. Son ya el 16,8 % del total del censo electoral de Galicia, pero nunca su voto pesó menos.

Un cambio más

La eliminación del voto rogado no requeriría una reforma constitucional, pero su readaptación va en el mismo saco que los demás cambios que trata de promover cada formación, como una nueva proporcionalidad en la asignación de escaños, la aplicación de mayorías absolutas sin necesidad de llegar al 50 %, listas abiertas o sistemas como el francés de doble vuelta.

Todas las plataformas de la emigración reclaman celeridad en la reparación de su exclusión electoral. Se consideran agraviados por tener que rogar para poder votar en lugar de que les llegue de oficio la documentación. Y la diáspora se siente también excluida del debate, como reitera el Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior, que clama sin éxito, desde antes incluso de la reforma electoral, ser tenida en cuenta para garantizar la cuota de participación de la emigración.

En sus planteamientos, el órgano de representación institucional de la emigración española reclama incluso llegar a contar con escaños específicos elegidos por la diáspora a modo de circunscripción, que se podría dividir por continentes o conformar con todos los votos emitidos desde el extranjero.

Más allá de la convicción general de que hay que reformar el voto rogado poco se ha avanzado en cómo articular la participación electoral de la emigración.

Los partidos que sustentan al gobierno valenciano (PSOE, Compromís y Podemos) acaban de dar un paso registrando por escrito su propuesta de la implantación del voto telemático desde el extranjero. Dicha herramienta fue recomendada incluso por la Junta Electoral Central. Y a la misma fórmula se ha abonado también la Xunta, cuya Secretaría Xeral da Emigración mantiene que los residentes en el extranjero tienen que poder votar en las mismas condiciones que los residentes en la comunidad.

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