Los opositores tendrán un año para prepararse y competir por 2.405 plazas

Juan María Capeáns Garrido
Juan capeáns SANTIAGO / LA VOZ

GALICIA

rober amado

Se espera una afluencia masiva en las pruebas donde solo se pide la formación básica

01 dic 2017 . Actualizado a las 05:00 h.

Algunos seguirán su ritmo de estudio habitual adquirido en los últimos meses y otros esperarán para empezar a que pasen las Navidades, pero el que quiera aspirar a obtener alguna de las 2.405 plazas de la oferta pública de empleo (OPE) que acaba de convocar la Xunta no debería relajarse mucho más tiempo. En el último trimestre del 2018 o en el primero del 2019 se celebrarán las pruebas para hacerse con los preciados puestos, que tienen un amplio rango de niveles, aunque los responsables de la función pública autonómica consideran que la mayor afluencia se dará en las plazas de acceso libre (639), a las que puede aspirar cualquier persona, y en concreto en las que tienen como requisito niveles básicos de formación, como son las vinculadas al sector forestal -prevención y extinción de incendios, emisoristas, vigilantes, conductores...-, para el que se reservan 210 puestos.

100 % de la tasa de reposición

La Xunta culmina así el proceso laboral previsto para el 2017 con la mayor incorporación de empleados públicos desde el 2008, cuando la crisis todavía no se notaba en los presupuestos autonómicos. Con respecto al año anterior se convocan un 10 % más de plazas hasta rondar las 3.400, que es la cifra de referencia que se ha acordado con los sindicatos para los próximos cuatro años hasta alcanzar los 14.750 empleos públicos, según explicó el presidente Feijoo al término de la reunión de su Ejecutivo en la que se dio el visto bueno a la operación diseñada por el conselleiro de Facenda, Valeriano Martínez. El grueso del empleo que se irá generando con esta convocatoria será para integrarse en el Sergas, que tiene reservadas 1.616 plazas y donde se cubre el 100 % de la tasa ordinaria de reposición. El sistema selectivo será el de concurso oposición y respetará los principios de libre concurrencia, igualdad, mérito y capacidad. Está prevista la convocatoria de plazas de las categorías de medicina de familia, técnicos en cuidados auxiliares de enfermería, celadores, ingenieros técnicos y personal del área administrativa. Además, por primera vez, se oferta un total de 36 plazas para categorías de enfermería especialista de familia y comunitaria, en salud mental, trabajo y pediatría.

Del total de plazas se reservan 114 para discapacitados -81 físicos y 33 intelectuales- concentrándose estas últimas en las categorías de celador y técnicos en cuidados de enfermería. En el caso de la Administración general, que suma 789 puestos repartidos por distintos departamentos autonómicos, se prevén 68 plazas para discapacitados, 18 de ellas exclusivas para casos intelectuales, un aspecto que Núñez Feijoo se preocupó de subrayar en su exposición.

Los opositores que busquen puestos vinculados a los servicios sociales -enfermería, educadores, trabajo social, terapia ocupacional o auxiliares de clínica- son los que tendrán más posibilidades, porque concurren 180 plazas, todas ellas de acceso libre. Además, habrá 32 plazas de especialistas en seguridad y salud del trabajo, así como 76 para los cuerpos generales de la Administración, y otras 213 enmarcadas en los cinco grupos de personal laboral y 150 para promoción interna del personal funcionario.

Matices sindicales

La convocatoria de empleo público se produce en un ambiente de acuerdo con los sindicatos sin precedentes desde que estalló la crisis económica, pero ello no quiere decir que no se cuestionen algunos aspectos. La central UGT anunció su voto negativo a la OPE «por incrementar a desigualdade entre os diferentes colectivos». Además, el comité intercentros difundió ayer un comunicado en el que incide en la necesidad de recuperar algunas condiciones laborales que se tambalearon tras los recortes sufridos desde el 2010. Así, esta misma semana han debatido con los grupos parlamentarios la necesidad de levantar la suspensión de los descansos semanales y por domingos y festivos del personal laboral de la Xunta.

Aprueban crear una bolsa de interinos para cubrir puestos de interventores y secretarios en concellos

El Consello da Xunta también aprobó una orden que establece el procedimiento para la selección y nombramiento de personal interino para desempeñar puestos de habilitación nacional en los ayuntamientos gallegos que lo precisen, cubriendo así plazas vacantes de tesoreros, interventores y secretarios municipales. Se trata de un problema generalizado que afecta a 125 entidades -más de un tercio del total en Galicia- y que se agrava en algunos concellos en los que se están paralizando procesos estratégicos para el funcionamiento de la Administración local. Es el Estado el responsable de promover este tipo de plazas, pero ante la falta de convocatorias, la Xunta y la Fegamp pusieron en marcha esta orden que establece el procedimiento para cubrir las vacantes de forma provisional o por comisión de servicios.

«Temos un problema e hai que resolvelo», resumió el presidente Feijoo, quien admitió que se trata de una solución «excepcional»: «Non podemos esperar por unha convocatoria que non se produce», argumentó. El objetivo es agilizar estas sustituciones sin que los concellos tengan que soportar el coste económico que supone el proceso selectivo para cubrir cada una de las vacantes que se produzcan, aunque sumarse a esta iniciativa tiene carácter voluntario.

Los requisitos

La Xunta va a coordinar tres bolsas en el ámbito de la secretaría, la intervención y la tesorería, y cada aspirante deberá optar por una zona de preferencia que se corresponderá con las cuatro provincias gallegas. Como requisitos generales, los solicitantes deben tener la nacionalidad española. En cuanto a la titulación exigida, necesitarán acreditar estar en posesión o en condiciones de obtener el rango académico previsto en el artículo 22 del Real Decreto 1174/1987, además de haber superado una prueba tipo test sobre un temario y justificar el conocimiento del gallego con el nivel Celga 4 o equivalente y superar un curso de formación. El personal que quiera ser incluido en la lista de interinos tendrá también un curso de formación en línea y deberá hacer la solicitud de forma telemática.

Las mujeres son el 70 % de los empleados de la Xunta y el 30 % de los estatales

Siete de cada diez trabajadores públicos autonómicos en Galicia son mujeres, que sin embargo solo representan el 30 % de los funcionarios estatales de la comunidad. Son datos de Las mujeres en la Administración pública que ayer publicó ADAMS Formación. Galicia sigue así la tendencia del conjunto de España. Las cifras se igualan en el caso del profesorado universitario y la administración local, con casi paridad entre hombres y mujeres.

Por sectores, la mayoría de las empleadas públicas ejercen en los ámbitos de la sanidad, la enseñanza no universitaria y la Justicia, con un 70 % de trabajadoras. Sin embargo, son apenas el 10 % de la plantilla de las fuerzas y cuerpos de seguridad. Su presencia, aunque menos, también es testimonial en el ámbito de las instituciones penitenciarias: son menos del 30 %.

Las necesidades del Sergas hacen muy complicado bajar del 7 % de temporalidad

Xunta y sindicatos han convenido en que, una vez se culmine el calendario de convocatorias hasta el 2020, que incluirán algo menos de 15.000 plazas, se podrá hablar de «práctica estabilidade» en el empleo público autonómico. El objetivo es bajar del 14-15 % de temporalidad que existe actualmente, propiciado por los años de crisis, en los que no se cubría la tasa de reposición y que obligó a recurrir a los interinos de forma reiterada. El nivel dentro de cuatro años podría quedar en torno al 7 % (5 % solo en el Sergas), pero será muy complicado bajar de ahí por el peso del empleo sanitario en la Xunta, que paga unas 35.000 nóminas en este ámbito y otras tantas en el de la educación, donde se espera que la temporalidad sea menor. En algunos puestos los sanitarios trabajan por turnos las 24 horas y 365 días al año, y su carácter estratégico obliga a acelerar las sustituciones para cubrir bajas, para las que se recurre a las llamadas listas pool, en las que cientos de profesionales esperan a ser reclamados para labores sanitarias incluso por horas.

Las oposiciones docentes serán eliminatorias y mantendrán los temarios dos años

T. m.

Acabó con un encierro. Los sindicatos CC.OO., UGT y STE mostraron su desacuerdo con la decisión del Ministerio de Educación sobre la oferta extraordinaria de empleo de los próximos años. Según les comunicó el Gobierno central, los cambios de los temarios se producirán en el 2020 y las pruebas mantendrán su carácter eliminatorio. Todo lo contrario a lo que defendían las organizaciones sindicales, proclives a suprimir el carácter eliminatorio y a mantener los temarios, así como a incrementar la ponderación de la fase de concurso frente a la de oposición y a elevar el peso de la antigüedad.

El Ministerio de Educación afirmó que el informe que había solicitado a la Abogacía del Estado apoyaba su postura de mantener el carácter eliminatorio de la oposición, y que las comunidades autónomas habían coincidido tanto en la necesidad de revisar los temarios como de retrasar su modificación -se llegó a plantear para el 2019- hasta el año 2020. ¿Novedades? El cambio en el baremo, que otorga más peso a la experiencia a razón de 0,7 puntos hasta un máximo de diez años, o lo que es lo mismo, se podrá obtener un máximo de siete puntos por experiencia. Además, habrá más opciones para elegir el tema que hay que desarrollar durante las pruebas. Si hasta ahora se escogían por sorteo dos de ellos, a partir de ahora serán tres.