El Congreso discutirá en breve una norma que prevé excluir ofertas desproporcionadas
04 ene 2017 . Actualizado a las 05:00 h.España se dispone a trasladar a su corpus jurídico las directivas comunitarias del 2014 sobre el régimen de contratación pública, una serie de normas que pretenden lograr una mayor transparencia e introducen nuevos factores que se pueden utilizar a la hora de adjudicar un proyecto, como aspectos sociales o medioambientales, la calidad del proyecto o la innovación. Pero quizás lo más importante es que estas nuevas normas servirán para controlar aún más las bajas que presentan las empresas constructoras en las adjudicaciones, un factor que el propio presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijoo, colocó como causa principal de los retrasos en algunos de los cinco tramos que estaban paralizados en las obras del AVE a Galicia.
En principio, la picaresca de los concursos públicos lleva a las empresas a presentar ofertas muy cerca de lo que se considera temeridad económica. Después, para que el proyecto sea sostenible, se suelen presentar modificados de proyecto que suponen un aumento sobre el presupuesto inicial. Aunque no pueden superar un porcentaje determinado, la Administración es muy reacia a aceptarlos y los somete a un amplio marcaje. Al final este pulso puede enquistarse y llegan los problemas y los retrasos, agravados por los once meses que el Gobierno estuvo en funciones.
El propio Proyecto de Ley de Contratos del Sector Público que se debatirá en breve en el Congreso dispone en su preámbulo que las nuevas normas «endurecen las disposiciones sobre esta materia en las denominadas ofertas anormalmente bajas». Así, se establece que los órganos de contratación rechazarán las ofertas si comprueban que sus ofertas reducen excesivamente el presupuesto base de licitación con el que la obra sale a contratación.
Esta es una de las novedades del texto que se someterá a discusión en las Cortes. Así, las nuevas normas prevén que se establezcan los límites específicos de las bajas en los pliegos cuando el precio es el único criterio para la adjudicación. Cuando hay más requisitos, también deberán especificarse esos límites, que pueden invalidar la oferta de la empresa por incurrir en una baja desproporcionada o anormalmente baja.
En cualquier caso, la eliminación de un aspirante por una oferta que se considere demasiado baja respecto al presupuesto de licitación no será automática. La nueva ley inspirada en las directivas comunitarias prevé que, una vez identificada una proposición que pueda ser calificada de desproporcionada, deberá darse audiencia a quien la haya presentado para que justifique la valoración de la oferta y explique las condiciones concretas, se asegura en el artículo 147 de la futura ley.
Los aspirantes a hacerse con el contrato deberán justificar el ahorro con respecto al precio oficial marcado por el organismo licitador para demostrar que es posible ejecutar el proyecto. Por tanto, deberán explicar las soluciones técnicas adoptadas y demostrar que a pesar de una oferta tan baja van a ser capaces de respetar las condiciones de trabajo que marca la legislación española. En esta supervisión del proceso se recomienda que los funcionarios cuenten con el asesoramiento técnico de los servicios especializados en los proyectos que están en fase de licitación. La Administración deberá darles a las empresas «un plazo suficiente para que justifiquen el bajo nivel de los precios o de costes».
La decisión de excluir ofertas
El órgano de contratación deberá analizar la información presentada por la empresa y podrá excluirla del procedimiento si se estima «que la oferta no puede ser cumplida como consecuencia de la inclusión de valores anormales o desproporcionados». En cualquier caso, los órganos de contratación rechazarán las ofertas «si comprueban que son anormalmente bajas porque no cumplan las obligaciones aplicables en materia medioambiental, social o laboral».
Si la oferta es demasiado reducida porque el aspirante ha obtenido una ayuda del Estado, solo podrá rechazarse la propuesta por esta causa si no se puede acreditar que se consiguió la ayuda en base a lo que está previsto en la normativa.
La nueva normativa dispone también de medidas en caso de incumplimiento de los plazos de ejecución del proyecto. «Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, incurre en demora respecto al cumplimiento del plazo total, la Administración podrá optar por la resolución del contrato o por la imposición de las penalidades diarias en la proporción de 0,20 euros por cada 1.000 euros del precio del contrato».
Reparan la galería de evacuación de un túnel dañada por la velocidad de los trenes rápidos
El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) ha acordado la reparación de la galería de evacuación de un túnel del eje atlántico de alta velocidad situado entre Pontevedra y Vilagarcía de Arousa. Se trata del subterráneo de Lantaño, situado entre los puntos kilométricos 42/382 y 46/245. Como tiene una longitud de 3.855 metros, precisa de una salida de emergencia de acuerdo con la normativa vigente. Aunque el contrato no llama la atención por el importe -la licitación apenas supera los 60.000 euros- sí es como mínimo curiosa la causa que provocaron los desperfectos que el ADIF pretende reparar ahora.
Así, en los pliegos de licitación del contrato, se describe que la galería está independizada del túnel mediante un cerramiento en la zona de entronque, con el objeto de que, ante una emergencia, «la galería sea un lugar seguro y libre de llamas y humos».
No obstante, los técnicos observaron que ese cerramiento «está profundamente degradado, al estar ejecutado mediante bloques de hormigón». El mal estado y la degradación de esta estructura se debe -y este es el elemento curioso- a que estas estructuras «están siendo profundamente afectados por las enormes presiones aerodinámicas que genera el tren en el túnel al circular a velocidades de 200 kilómetros por hora».
Riesgo para las circulaciones
Los técnicos especifican, además, que ya se han detectado desplomes y caída de cascotes hacia la galería de emergencia, «con el consiguiente riesgo para el personal de mantenimiento y para las circulaciones ferroviarias en caso de arrollamiento de materiales desprendidos». La situación en el túnel, por tanto, presenta riesgos para la seguridad ferroviaria.