Los asesores legales creen que es la mejor opción para ejecutar la sentencia y lograr los 1.000 millones de dólares del seguro
12 ago 2016 . Actualizado a las 09:03 h.Las espadas están en alto en lo que respecta a la ejecución de la sentencia del Prestige dictada por el Tribunal Supremo, que condenó a dos años de cárcel al capitán Mangouras -una pena suspendida durante tres años- por un delito contra el medio ambiente. También se declaraba a la aseguradora del petrolero, el London P&I Club, responsable civil directo de los daños del accidente. Así, la Sección Primera de la Audiencia Provincial de A Coruña ya trabaja en la valoración de los daños, un trabajo proceloso y gris que llevará su tiempo por la ingente documentación de la pieza civil. En paralelo, tanto el tribunal como la Fiscalía y la Abogacía del Estado preparan la estrategia para lograr que los mil millones de dólares -898 millones de euros- de la póliza que el armador suscribió con la aseguradora londinense sirvan para resarcir los daños de la marea negra. Entre los instrumentos legales que se están estudiando, aparte del más habitual consistente en una comisión rogatoria buscando la colaboración de la Justicia británica en la ejecución del fallo, se maneja la posibilidad de demandar a la aseguradora londinense en su propia jurisdicción, una opción que distintas fuentes jurídicas consuladas consideran la más efectiva dada las peculiares características del sistema judicial del Reino Unido.
Lo más probable, aseguran estas fuentes, es que al final se recurra a los dos instrumentos, aunque consideran que la comisión rogatoria tiene muchas opciones de terminar en saco roto. La idea de la demanda, en cambio, tiene visos de ser más efectiva, aunque obligaría a contratar un bufete de abogados en el Reino Unido y, por tanto, a un desembolso presupuestario.
Este es uno de los problemas que puede retrasar la toma de la decisión. La Voz ha podido saber que el Gobierno en funciones es reacio a embarcarse en esta aventura británica, por lo que se asume que el plácet del Ejecutivo solo llegaría si finalmente se conforma un nuevo Ejecutivo tras las últimas elecciones generales.
La demanda no es un pleito civil al uso. Se denomina técnicamente demanda ejecutiva y consiste en que España, representada por unos letrados con poderes otorgados por la Abogacía del Estado, se presentará en los tribunales londinenses con la sentencia del Supremo para lograr que la aseguradora afronte parte del pago de los daños con la póliza de mil millones de dólares. En este caso la Abogacía del Estado no puede ir de la mano de la Fiscalía, pues el ministerio público no podría actuar como demandante privado en una jurisdicción extranjera.
En este proceso habrá una lógica y dura resistencia por parte de la aseguradora, que también presentará la sentencia de un tribunal británico con la que, en principio, se blinda ese dinero, obligando a España a someterse a la normativa de arbitraje del Reino Unido para resolver el conflicto. Además, la sentencia dictada en el 2013 -en paralelo al juicio del Prestige- asume que la aseguradora solo estaría obligada a pagar al armador, nunca a un tercero, y siempre y cuando el armador haya desembolsado antes las compensaciones.
En el tribunal en el que se presente la demanda, por tanto, se enfrentarán las tesis de dos sentencias, una de carácter penal del Supremo y otra del ámbito civil británico.
Un proceso ya de por sí complejo que puede complicarse aún más por el «brexit»
La ejecución de la sentencia del Prestige se cruzó en el camino con la desconexión del Reino Unido de la Unión Europea, un proceso conocido como brexit que también tendrá repercusiones en el ámbito de la colaboración judicial, pero que podría eludirse acudiendo directamente a los tribunales londinenses. La posibilidad de que el brexit afecte a la causa -que en noviembre cumplirá 14 años de periplo judicial- fue intuida por la acusación del grupo ecologista Arco Iris, que en un escrito alertaba de que los instrumentos de auxilio judicial se quedaron «en papel mojado» tras la decisión que los británicos tomaron en el referéndum del pasado 23 de junio. En cualquier caso, la desconexión aún no se ha producido, y parece que habrá tiempo para que los trámites de la comisión rogatoria se trasladen a los jueces británicos antes de que se rompan los convenios de colaboración judicial auspiciados por Bruselas.
La Abogacía del Estado sería la encargada de coordinar la demanda ejecutiva en Londres, como hizo en su momento con el pleito contra la clasificadora del buque (ABS) en Nueva York. Primero porque puede actuar en otros países y, en segundo lugar, porque el Estado español es el principal perjudicado por la marea negra después del Estado francés. Hay que recordar que el Ejecutivo adelantó las compensaciones a buena parte de los afectados por el vertido, de tal forma que los que siguen sin cobrar son una minoría.