La jueza suma más de 200 investigados en ocho casos que se alargan en el tiempo y sin fecha final
18 mar 2016 . Actualizado a las 05:00 h.Más de doscientas personas aguardan en calidad de investigados a que Pilar de Lara, titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Lugo, concluya la investigación de los ocho casos y varias ramificaciones que hacen de su despacho el epicentro judicial en Galicia desde el año 2009.
Solo uno de los de mayor repercusión que han pasado por su instancia está cerrado y concluso, aunque fue el juez auxiliar que ha reforzado su juzgado el que decretó el archivo del llamado caso Gandoy, nacido de denuncias de supuestos malos tratos y acoso en un centro de día lucense que tras pasar por la instrucción de la jueza se acabó transformando en una investigación sobre posibles contrataciones a dedo. De los investigados, uno de los que ha salido peor parado ha sido el secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, obligado a retirarse de la carrera a la presidencia de la Xunta.
Carioca, Pokémon -con diez piezas separadas de las que ocho se mantienen abiertas-, Garañón, Pulpo, Cóndor, Fábrica de la luz, Club de Golf y Leones siguen encima de la mesa de De Lara.
Los siete años que llevan camino de cumplir sin conclusión el caso Carioca y los cuatro de la Pokémon ya hicieron que el fiscal superior de Galicia, Fernando Suances, y su antecesor, Carlos Varela, dedicasen a la jueza inusitadas críticas haciéndola partícipe del efecto que la dilación en la instrucción judicial genera en la Justicia. «La mejor manera de no llevar nada es querer llevarlo todo», llegó a señalar el actual fiscal superior al referirse a la Pokémon y sus derivaciones, con más de cien investigados, los primeros desde el 2012.
«Los instructores que no hacen bien su trabajo desprestigian a la Justicia y generan gran frustración en la ciudadanía», señalaba antes y también desde la dirección del ministerio público en Galicia Carlos Varela al indicar que la instrucción de la operación Carioca «ha generado una macrocausa de difícil manejo y peor entendimiento». Los dos fiscales superiores instaron a De Lara con sus críticas a poner coto a sus investigaciones para no demorarse hasta el infinito a base de tirar del hilo de testimonios y pruebas «sin límite».
La nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal que entró en vigor en diciembre pasado establece que los casos más complejos deben contar como máximo con una instrucción de 18 meses, prorrogables por otro año y medio, tiempo sobre el que a la jueza solo le cabe fijar una fecha tope máxima para resolver.
El caso Carioca, la más antigua de las macrocausas que maneja De Lara ya ha duplicado el plazo máximo que concede ahora la nueva Ley. Con más de un centenar de investigados, entre ellos guardias civiles, policías, mandos de ambos cuerpos y hasta el que fuera subdelegado del Gobierno en Lugo, se mantiene abierta una causa desde octubre del 2009 en la que se dilucidan supuestos delitos de tráfico ilegal de personas, prostitución, agresión sexual, blanqueo de capitales, prevaricación, falsedad y omisión en la persecución de delitos, entre otros.
Del hilo de esas investigaciones De Lara abrió tres años más tarde otra causa con otro centenar de imputados, la Pokémon, abierta desde que, entre otros, el que era alcalde de Ourense, Francisco Rodríguez, fue detenido y llevado al calabozo en septiembre del 2012. La investigación de una supuesta trama de pagos y regalos de empresas a políticos y técnicos a cambio de la concesión de servicios, acabó por salpicar en la campaña de las pasadas elecciones autonómicas a alcaldes de prácticamente las cuatro provincias, que desconocen aún cuál será su futuro legal.
Múltiples ramificaciones
La complejidad de la macrocausa acabó por derivar en 10 piezas separadas de las que solo se han resuelto dos en instancias ajenas a De Lara, y con el mismo resultado, la desimputación de los que eran portavoz del PP en el Parlamento, Paula Prado, y alcalde de O Carballiño, Argimiro Marnotes.
La rama de Vendex, que lleva de su mano la jueza y es la que cuenta con más investigados; la operación Pikachu, versión coruñesa de la Pokémon que con más de una treintena de implicados se mantiene a la espera de que se determine si la magistrada de Lugo es competente para seguir su instrucción, debe pasar a la Audiencia provincial o al Juzgado Central de Instrucción; la pieza que sigue las posibles irregularidades en la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil; la operación Manga, que sigue contratos en el Concello de Santiago y Asturias; la posible financiación ilegal del PSOE compostelano, y las ramificaciones catalana y asturiana nacidas de la macrooperación de septiembre del 2012, siguen igualmente sin conclusión.
La jueza incrementó su trabajo aún más el año pasado con dos causas con las que señala a la cúpula del PSOE al imputar a su secretario xeral, José Ramón Gómez Besteiro. La operación Pulpo, abierta a raíz de una denuncia por acoso laboral del 2013, ha acabado por transformarse en una investigación sobre supuestas contrataciones ilícitas en la Diputación de Lugo, manipulación de concursos, desviación de fondos públicos, subvenciones sin justificar... Y antes de esa causa que cortó las aspiraciones de Besteiro, la jueza abrió la carpeta del caso Garañón, que salpica de nuevo por cuestiones de gestión urbanística al socialista junto al exalcalde López Orozco.
Acusación del PSOE
El portavoz del PSOE provincial de Lugo, Álvaro Santos, aludió ayer al juzgado de De Lara como el «más politizado del entorno» por el «trasiego de políticos, bastante habitual» en ese juzgado, en el que, añadió, «fue a caer el mejor candidato a la Xunta», en alusión a Besteiro.