El Concello convocó a los familiares del centro de día
08 oct 2014 . Actualizado a las 05:02 h.La concejala de Benestar Social del Concello de Lugo, Ana González Abelleira, declaró ayer durante largo tiempo ante la jueza Pilar de Lara en el marco del caso Antonio Gandoy. Una denuncia presentada por varias personas ante la fiscalía y desviada posteriormente a los juzgados lucenses revelaba que podrían haberse producido malos tratos a ancianos, así como otras presuntas irregularidades como, por ejemplo, el desvió de alimentos y muebles a casas particulares.
La edila declaró en calidad de testigo. No trascendieron aspectos ni de su intervención ni tampoco de las preguntas que le planteó la magistrada en el transcurso de una declaración que, al parecer, fue larga. Sin embargo es posible que la magistrada no hubiese dejado pasar por alto un aspecto que recalcó el PP en su momento y fue el dato de que el equipo de gobierno era conocedor de la supuesta situación irregular que se daba en el centro Antonio Gandoy porque el asunto salió a relucir en una comisión de investigación el 4 de noviembre de 2013.
La citada comisión tenía como finalidad estudiar lo ocurrido con el hijo de la concejala Carmen Basadre que acudió al centro en el que trabajaba con una pistola que se acabó disparando e hiriéndole en una pierna. En esa comisión había representantes de todos los grupos políticos con representación en el gobierno municipal.
En su momento también fue informada de las presuntas irregularidades la concejala del Partido Popular, Mari Teijeiro, que también fue llamada a declarar la pasada semana por parte de Pilar de Lara que es la instructora del caso.
González Abelleira dijo en su momento que ella no tuvo constancia de queja alguna por parte de familiares de usuarios del centro que tiene un cupo de 50 plazas y lista de espera. También explicó que tras recibir las quejas de una persona, el Concello se puso en contacto con la empresa adjudicataria del servicio. «Investiguouse o tema e non había nada que puidera reflexar o que manifestou a persoa que denunciou», dijo. Aclaró que quien contó la situación había sido una persona que realizó prácticas en el centro en algún momento.
Convocatoria a familiares
Después de la declaración de la edila se supo que el Concello había convocado a los familiares directos de las 50 personas que acuden a la instalación para una reunión que se celebrará hoy a las cinco de la tarde. Todo apunta a que en el transcurso de la misma representantes municipales escucharán la versión de los asistentes. De todos modos, algunas personas recordaron que los hechos denunciados no correspondían a la actualidad y advirtieron de que las posibles personas afectadas ya no acudían al establecimiento.
De Lara sigue con las investigaciones y en los próximos días tomará declaración en calidad de imputadas a varias personas, entre ellas a la directora que está citada para pasado mañana.
La denuncia presentada por trabajadoras del centro ha generado un gran malestar en el entorno de la directora. Esta no desea hacer declaraciones, al menos hasta que pase por el despacho de la jueza.
De todos modos, personas vinculadas al centro advirtieron que se trataba de un presunto enfrentamiento personal que no afectaba al funcionamiento del centro, ni a la atención de los internos que, según explicaron, reciben un trato calificado como exquisito.
La misma fuente precisó que el centro funciona desde el año 2002 y que, desde entonces, no hay constancia de quejas presentadas por familiares. Recordaron también que es el servicio con más lista de espera de la ciudad.
De todos modos, las denunciantes entran en cuestiones que podrían superar lo que es el presunto enfrentamiento personal. En este sentido hay referencias a que muebles destinados al centro pudieron acabar en una casa privada, lo mismo que comida.
Estos aspectos también son rebatidos por personas allegadas al centro que ayer manifestaron que, para la contratación del equipamiento hubo un concurso municipal y que resultaba fácil de comprobar si realmente estaba todo o no en el centro. Dijeron también que la mudanza fue rápida porque lo único que hubo que llevar fue una furgoneta con archivos. Sobre la comida explicaron que en el centro no la había porque la servía una empresa de cátering. La jueza prosigue con las investigaciones para tratar de esclarecer los hechos.