El juez frena de momento el intento de las víctimas de reactivar el caso Alvia

Pablo González
Pablo González REDACCIÓN / LA VOZ

GALICIA

Alega que resolverá sobre la petición de declaración de los presidentes del ADIF y Renfe cuando se acaben las periciales. El juzgado declina pedir que continúe el juez de apoyo

20 nov 2014 . Actualizado a las 05:00 h.

Las víctimas del accidente de tren de Santiago y sus representantes legales reciben cada vez más señales de que, tras el auto de la Audiencia de A Coruña que desimputó a 12 cargos del ADIF, existe una inercia jurídica que puede desembocar en lo que los afectados definen como un cierre «en falso» o «prematuro» de la instrucción.

Una de estas señales fue la providencia firmada por el juez Andrés Lago Louro después de que los abogados de las víctimas presentaran una batería de diligencias que incluían las declaraciones como testigos del presidente del ADIF, Gonzalo Ferre, y del que era presidente de Renfe cuando se produjo el accidente, Julio Gómez-Pomar, actual secretario de Estado de Infraestructuras, dos de las principales pruebas testificales de un total de doce solicitadas. El encargado de la instrucción dio traslado a las partes de las peticiones, pero no las aprobó. En su providencia, asegura que no resolverá sobre las diligencias que piden las víctimas hasta «la presentación definitiva de los informes periciales que ya han sido acordados». A la vista de las conclusiones de estos informes, añade, «se decidirá si procede o no dicha petición». Está previsto que se terminen en enero.

De esta forma, el juez que sustituyó a Luis Aláez al frente del Juzgado de Instrucción número 3 de Santiago pone freno por el momento al intento del abogado de la plataforma de víctimas de reactivar la causa llamando como testigos a personas que, como el presidente del ADIF o el expresidente de Renfe, estuvieron imputados en la primera tanda de inculpaciones.

La decisión del juez ha sorprendido a las partes, especialmente a los promotores de la iniciativa. Manuel Alonso Ferrezuelo, el letrado que lleva la acusación de la plataforma, anunció que hoy mismo recurrirá la providencia en reforma. Espera por tanto que el juez fundamente en un auto las razones que le llevan a relacionar las pruebas testificales que solicitan las víctimas con los informes periciales. «Creemos que no tiene nada que ver una cosa con otra, por eso vamos a recurrir», dijo Manuel Alonso. «Algunas de estas personas ya han comparecido en el Congreso y en la subcomisión de estudio del ferrocarril. Creo que es importante que declaren en la causa, que es mucho más importante», añadió.

La representación legal del otro colectivo de afectados, agrupados en la asociación Apafas, también ha solicitado algunas de las testificales que ha pedido la plataforma, como la declaración del jefe de Seguridad en la Circulación de Renfe, Antonio Lanchares. Pero además ha solicitado que se amplíen las periciales para investigar si se certificaron convenientemente la infraestructura y las modificaciones en el tren. Javier González, uno de los abogados de este colectivo, viendo lo que sucedió con las otras diligencias, es pesimista sobre su aprobación.

En este contexto jurídico, el juzgado del caso Alvia está sin jueza de apoyo desde el pasado 31 de octubre. Según informaron distintas fuentes, el juez declinó solicitar una prórroga al considerar que ya no es necesario. La jueza de apoyo se encargaba de buena parte del trabajo ordinario del juzgado, incluyendo los casos de violencia de género, lo que permitía atender con más desahogo un caso complejo como el del accidente de Santiago, con 79 víctimas mortales y una más pendiente de ser reconocida. El juez sí pidió que continuaran los dos funcionarios de refuerzo para seguir tramitando la causa.