La desproporcionada subida del canon de Sogama aprieta a los concellos. También a los que gobierna el PP, que comparten en silencio los motivos por los que presionan a la Xunta los 97 de otros partidos. Ni el Gobierno gallego ni los alcaldes son los culpables de un tasazo provocado por las decisiones del Ejecutivo central sobre el sector eléctrico. Pero sí de una gestión caótica en la aplicación de esa subida, que estrangula el margen de los concellos para mitigar una repercusión aún incierta en la factura que pagan las familias.
Un agujero en Sogama
El encarecimiento de la tasa que Sogama cobra a los 296 concellos adheridos por tratar sus residuos viene de la reforma del sector eléctrico. La norma sube el gravamen que la empresa paga por la venta de energía que produce a través de la incineración de basura. Además incrementa el precio del gas que emplea la planta de cogeneración y, sobre todo, priva a Sogama de las primas que recibía. Un plan de viabilidad cifró en 14 millones al año las pérdidas que esa reforma eléctrica provocará en la cuenta de resultados de la sociedad pública. Es el agujero que la Xunta tapona al subir el canon, la única vía de ingresos de Sogama al margen de la venta de la electricidad que genera. Pero la amenaza no acaba ahí. El nuevo marco eléctrico no está cerrado y es posible que encarezca todavía más la producción de energía por cogeneración, con lo que podría haber nuevas subidas en el futuro.
Tratamiento ineficiente
A esto hay que sumar la amenaza del conflicto de competencias con el Estado, que reclama 11 millones en primas que la sociedad pudo cobrar de forma indebida. Y luego está el tratamiento que se da a la basura. Los concellos, y al final los ciudadanos, pagarán un 34 % más cuando todavía 250.000 de las 800.000 toneladas que entran en Cerceda cada año acaban en vertederos.