Hacienda rechaza la prórroga que piden Galicia y ocho comunidades más.
07 jun 2011 . Actualizado a las 15:22 h.El cada vez más frágil equilibrio de las cuentas de la Xunta, muy ajustadas para sostener la prestación de los servicios esenciales, se complicará todavía más en el 2012. Galicia tendrá que consignar en los Presupostos que confeccionará en septiembre la devolución de 500 millones de euros al Estado por las liquidaciones negativas de los anticipos de los ejercicios 2008 y 2009, cuya suma para esta comunidad ronda los 2.600 millones. Aunque el Gobierno de Feijoo mantiene la petición que secundan otras ocho comunidades para elevar a diez años el plazo que ahora les obliga a realizar ese reintegro en cinco, Hacienda se ratifica en su negativa a escalonar todavía más los pagos.
En pleno pulso autonómico del PP para que el Estado no traslade a las comunidades la responsabilidad del déficit público, el ministerio de Elena Salgado sigue reticente a moverse del itinerario que traza la ley de financiación autonómica, que establece que la devolución de los anticipos debe ejecutarse en 60 mensualidades a contabilizar desde enero pasado. La Xunta ya cumple este año con un primer pago de 115 millones. Pero la hipoteca más gravosa llegará entre el 2012 y el 2016, cuando tendrá que devolver una media de 500 millones por ejercicio.
Ante esa amenaza, Feijoo activó hace un año una ofensiva para posponer el inicio los pagos y que no obstaculizaran la salida de la crisis. La fórmula consistía en aplazar los reintegros hasta que la economía gallega crezca al 2 %, para escalonar después los reintegros en 10 años. En octubre, Cataluña, Baleares y Aragón, que por entonces tenían presidentes socialistas, secundaron una demanda que también apoyaron Castilla y León, La Rioja, Murcia, Comunidad Valenciana y Cantabria. Pero la presión no tuvo éxito.
Si Hacienda no muda su criterio, la Xunta deberá primar todavía más el gasto social en las cuentas del 2012 para evitar que la tijera merme la atención sanitaria que Feijoo ya ve ahora amenazada por la negativa ministerial a liquidar 243 millones del Fondo de Cooperación que el Ejecutivo gallego presupuestó y parece que no ingresará.