Una de las principales críticas de los sindicatos tras conocer el anuncio de la modificación de la Lei de Función Pública es el empeño del presidente de la Xunta, Núñez Feijoo, en tomar medidas respecto al gallego, «cando existen conflitos e discusións sociais tan importantes como son as do metal, o transporte sanitario, o ERE de Caramelo...», indicó Ramiro Otero.
Además, entre los cambios que se pretenden introducir figura una transitoria para que esta medida afecte a todos los procesos que están en marcha en el momento de aprobar los cambios. Para Francisco Núñez, de UGT, esto busca una «intencionalidad», mientras que la CIG señala que esto supondría «un prexuízo claro para as persoas que xa están matriculadas nas probas de acceso, xa que verían modificadas as condicións de participación nas mesmas».
La modificación de la norma incluye también la opción de que en determinados cuerpos especialistas -por ejemplo el de sanitarios-, las consellerías respectivas «poderán modular a necesidade de coñecemento da lingua», explica el secretario xeral de CIG-Ensino, Anxo Louzao, para quien todas estas medidas tienen como objetivo eliminar todos los avances conseguidos respecto al gallego.
Enseñanza
Lo cierto es que el gallego ha centrado el debate político casi desde que Alberto Núñez Feijoo tomó posesión como presidente de la Xunta. Pese a que la modificación de la Lei de Función Pública levantó críticas de oposición y sindicatos, la principal polémica se mantiene en el compromiso de derogar el actual decreto del gallego en la enseñanza, y dar libertad a los padres para elegir el idioma en el que quieren que estudien sus hijos.
En este caso el debate ha trascendido a partidos políticos y sindicatos, e incluso algunos sectores han puesto sobre la mesa la necesidad de modificar la Lei de Normalización Lingüística, consensuada por todos los partidos en 1983 y que impide segregar en función de la lengua, para garantizar así que los estudiantes puedan elegir idioma.