El decálogo del PP para negociar con Vox exige a los de Abascal aprobar los presupuestos de toda la legislatura
ESPAÑA
Génova elabora un documento marco para «ordenar» los pactos en los gobiernos autonómicos
23 feb 2026 . Actualizado a las 22:54 h.El PP ha elaborado un documento marco para «ordenar» los pactos con Vox y dar estabilidad a los gobiernos autonómicos que regirá la negociación con la formación de Santiago Abascal después de que la dirección nacional haya decidido asumir esta vez las riendas del diálogo. En el texto, que consta de diez puntos, y se establece «un sistema único, vinculante y de aplicación a toda España» para cualquier negociación en el que se fijan una serie de condiciones obligatorias sobre unidad nacional, proporcionalidad en el reparto de poder, política fiscal, inmigración, vivienda, seguridad, educación y sanidad, y en el que se exige además el compromiso de aprobar cuatro presupuestos consecutivos para garantizar la legislatura. «Los acuerdos deben asegurar la estabilidad institucional porque ningún Gobierno puede ser útil a la ciudadanía en la permanente incertidumbre», reza el documento, donde se recoge un método de seguimiento que evite el «chantaje parlamentario».
La primera condición que el PP pone encima de la mesa para cristalizar «el cambio» que ha salido de las urnas es que cualquier acuerdo respete «la unidad nacional, el marco constitucional y el Estado de Derecho»; en la segunda recuerdan que el respeto a la ley «incluye el acatamiento del reparto competencial» y, por tanto, cualquier exigencia debe entrar en lo que «legalmente» puede adoptar cada Administración. La tercera medida insta a «velar por el respeto de las principales instituciones de la nación», especialmente en lo relativo a la «separación de poderes», la preservación de las «instituciones autonómicas» y el «respeto» a la Jefatura del Estado, una figura de la que Vox se ha distanciado públicamente en los últimos meses dejando de acudir a actos con el rey.
Los populares fijan también que cualquier acuerdo debe basarse en la «coherencia programática», de tal modo que no se puede «contradecir» su programa electoral, pero sí «ampliarlo»; así como en «la igualdad de los ciudadanos ante la ley» sin perjuicio de su «ideología, lengua, sexo, origen u otra condición». La sexta condición establece que el «reparto de poder» debe respetar la «proporcionalidad» que los ciudadanos establezcan en las urnas, como ha defendido Alberto Núñez Feijoo desde la noche electoral de Extremadura que dio una amplia victoria a María Guardiola —del 43%— pero insuficiente para gobernar en solitario.
El texto recoge igualmente que «el PP tiene identidad política propia» y ningún acuerdo implica «acabar siendo lo mismo, ni pretenderlo». Establece además los ámbitos prioritarios a pesar de las «diferencias programáticas». Estos son: la rebaja de impuestos y la reducción de la burocracia, la defensa de los agricultores y ganaderos rente a la «sobrerregulación que encarecen sus costes»., el rechazo a las políticas climáticas —un guiño ideológico a los de Abascal—, la vivienda y la okupación ilegal, la política migratoria, la natalidad, la educación, el rechazo a la violencia, los jóvenes, la educación y la sanidad.
Condena «inequívoca» de la violencia
Sobre la violencia, los populares marcan que su condena debe ser «inequívoca» y que «cualquier acuerdo poselectoral »rechazará expresamente« las violencias políticas, terroristas, machistas, domésticas o de cualquier clase. Todas ellas las combatiremos con todos los recursos e intensidad que sea posible, y hacerlo exige —remarcan— también prescindir de cualquier partida que se haya demostrado inútil o contradictoria con este objetivo».
Los de Feijoo recogen igualmente en el documento que «cualquier acuerdo» compromete a las dos formaciones a «responder solidaria y colegiadamente por las decisiones y su aplicación presupuestaria», con independencia de las «responsabilidades ejecutivas» que cada uno tenga. Y, por último, circunscriben los pactos de investidura a un «compromiso» para aprobar los presupuestos de toda la legislatura y garantizar así la «estabilidad institucional» con el establecimiento además de un método de seguimiento que garantice el cumplimiento de lo acordado.