La Fiscalía autoriza el reingreso de García Ortiz pese a la pena de inhabilitación de dos años
ESPAÑA
Fiscales disconformes amenazan con pleitear si Peramato no lo expulsa de la carrera
14 ene 2026 . Actualizado a las 05:00 h.La Fiscalía General del Estado ha autorizado que su anterior responsable, Álvaro García Ortiz, continúe ejerciendo sus funciones como fiscal sin que la condena impuesta por el Tribunal Supremo por revelación de datos reservados —dos años de inhabilitación, 7.200 euros de multa y 10.000 euros de indemnización— afecte a su carrera profesional. Ello pese a que el reglamento interno del ministerio público, en su artículo 32.1, abre la puerta a su expulsión de la carrera en caso de ser castigado por un delito doloso, como ha sido el caso, y la pena sea superior a los seis meses.
García Ortiz, que se incorporará en la Sección de lo Social de la Fiscalía del alto tribunal —el órgano que le corresponde por su condición de fiscal de Sala, categoría a la que fue ascendido por su antecesora Dolores Delgado— ha recibido el aval de la Inspección Fiscal para continuar ejerciendo sus funciones dentro de la carrera. Este departamento está dirigido por María Antonia Sanz Gaite desde mayo del 2021, es decir coincidiendo con su entonces jefe García Ortiz, y se dedica a supervisar tareas de personal y el correcto funcionamiento de los servicios fiscales.
La decisión llega menos de un mes después de que el tribunal que condenó al acusado, por cinco votos a dos, acordara ejecutar la sentencia y remitiera a la Fiscalía General cualquier tipo de consecuencia laboral para el implicado a los «efectos oportunos». Por lo tanto, la Inspección Fiscal debía analizar si tenía que ir más allá de esa inhabilitación especial de dos años para ejercer como fiscal general y apartarle directamente de la carrera. Finalmente, la propuesta avalada también por la actual responsable del ministerio público, Teresa Peramato, va en línea con la interpretación que el propio Supremo hizo en su resolución.
Esto es, que la condena solo afecta exclusivamente a la condición que ostentaba García Ortiz en el momento de los hechos: fiscal general del Estado. «Nos parece que, desde una perspectiva estrictamente penal, es proporcionada esa acotación, porque no es necesario ser fiscal para alcanzar la titularidad de la Fiscalía General del Estado», señaló, en su momento, la sentencia. Por lo tanto, cualquier proyección a otros supuestos sería «excesiva», añadió.
Pues bien, la Inspección Fiscal ha tomado al pie de la letra esta referencia del ponente del fallo, Andrés Martínez Arrieta, a la sazón presidente de la Sala Segunda (Penal) del Supremo, y con el respaldo de Peramato ha aceptado el reingreso del condenado al servicio activo, dejando sin efecto la situación de servicios especiales en la que se encontraba tras su nombramiento como fiscal general por parte del Gobierno en julio del 2022.
Contra la decisión de Peramato
La decisión benevolente de Peramato fue calificada de inadmisible e incluso de directamente ilegal por fiscales disconformes, que amenazaron con presentar nuevas denuncias ante el Supremo, para que este tenga la última palabra sobre el asunto, según aseguraron fuentes jurídicas a El Confidencial. Este sector reclama la salida definitiva de García Ortiz de la carrera como consecuencia de la pena de inhabilitación de dos años. Sin embargo y como informa El Español, el alcance de la condena fue establecido en la sentencia del alto tribunal de forma específica para el puesto de fiscal general, sin que se hiciera extensiva a otros cargos públicos.