Las comparecencias de Rajoy y Casado dependerán de la postura del PSOE
02 oct 2020 . Actualizado a las 08:19 h.El Pleno del Congreso aprobó ayer la creación de una comisión de investigación sobre la llamada operación Kitchen, nombre con el que el se bautizó una supuesta campaña de espionaje organizada desde el Ministerio del Interior durante la etapa de Jorge Fernández Díaz con el objetivo de eliminar cualquier prueba que pudiese conservar el extesorero del PP Luis Bárcenas con la que incriminar a dirigentes del partido.
Los populares y sus aliados de Foro Asturias se quedaron solos en la votación de ayer en el Congreso mediante la que se aprobó la propuesta planteada a cuatro manos por las formaciones que componen el Gobierno de coalición. Junto al PSOE y Podemos se posicionaron las fuerzas secesionistas o el PNV, que alegó que, pese a tratarse de un asunto que ya está siendo investigado por la Justicia, no quita que no pueda merecer «el reproche político», afirmó su portavoz en la Cámara, Aitor Esteban, rebatiendo la principal línea argumental expuesta por el PP para votar en contra.
Cs también se mostró favorable a crear la comisión de investigación, aunque denunció una doble vara de medir por parte de los grupos que sostienen al Ejecutivo, quienes recientemente sumaron sus votos para desbaratar un intento de arrojar luz sobre la supuesta financiación ilegal de Podemos, un doble rasero que llevó a abstenerse a Vox, al entender que deslegitima a los impulsores de la comisión.
No hay ni un solo día de tregua en el Congreso. Como ya es costumbre, el debate de ayer volvió a estar repleto de tensión entre las dos principales bancadas. El socialista Felipe Sicilia, encargado de defender la propuesta desde la tribuna, acusó a los populares de haber montado la operación Kitchen para «tapar el lodazal en el que habían convertido la Calle Génova», convidándolos a «demostrar que no son una trama, sino un partido político».
El portavoz parlamentario de Unidas Podemos, Pablo Echenique, incluso insinuó con la posibilidad de pedir la ilegalización del PP recurriendo al artículo 22.2 de la Constitución: «las asociaciones que persigan fines o utilicen medios tipificados como delitos son ilegales». La reacción de la bancada popular se quedó a medio camino entre la carcajada y la indignación.
La ourensana Ana Vázquez, especialista en asuntos de Seguridad e Interior, fue la encargada de defender la postura del PP. «¿Qué broma es esta?», cuestionó, justo antes de iniciar un repaso por todas las comisiones de investigación sobre las que socialistas y morados se mostraron contrarios a crear, como la de los abusos sexuales a menores tutelados por el Gobierno de Baleares, «¡Qué vergüenza!», lamentó. «Señores de Podemos. Hagamos una sobre la financiación ilegal de su partido, ¡que está imputado!», recordó. «O hagamos una comisión sobre usted, señor Echenique, de cómo defrauda a la Seguridad Social. O sobre la Faffe (fundación vinculada al PSOE) y sus campañas electorales en Andalucía. ¡Estarán llenas de rayas de cocaína; se recordarán por eso y por los prostíbulos!», denunció.
Quinielas de comparecientes
De aquí a los próximos tres meses la comisión se pondrá a andar. En ese plazo los partidos deberán ponerse de acuerdo sobre el diputado que presidirá la misma, así como el reparto del resto de puestos en la Mesa. Una vez constituida disfrutará de un máximo de seis meses para citar a declarar a aquellas personas que considere oportunas, algo que se determina por mayorías. Hay nombres que parecen seguros, como el del exministro del Interior Jorge Fernández Díaz, el de la exvicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría o el de la exsecretaria general del PP María Dolores de Cospedal. Unidas Podemos ya ha confirmado que citará al expresidente Rajoy y al actual líder del partido, Pablo Casado, algo para lo que necesitará el beneplácito de los socialistas. ERC avanzó que volverá a solicitar la comparecencia del excomisario Villarejo. Vox pretende la citación de Marlaska. El vicepresidente Pablo Iglesias aseguró recientemente que no tendría ningún problema en acudir para dar explicaciones del conocido como caso Dina.