Sentencia de los ERE: Griñán, condenado a 6 años de prisión y Chaves, a 9 años de inhabilitación

La Voz REDACCIÓN

ESPAÑA

La Audiencia de Sevilla también ha condenado a la exconsejera andaluza de Economía y Hacienda Magdalena Álvarez a nueve años de inhabilitación especial por prevaricación

19 nov 2019 . Actualizado a las 20:07 h.

La Audiencia de Sevilla ha condenado al expresidente socialista andaluz José Antonio Griñán a 6 años de cárcel por un delito de malversación y a 15 años de inhabilitación por otro de prevaricación en el caso ERE, y su antecesor en el cargo, Manuel Chaves, ha sido condenado a 9 años de inhabilitación por prevaricación. También ha condenado a la exconsejera andaluza de Economía y Hacienda Magdalena Álvarez a nueve años de inhabilitación especial por un delito de prevaricación.

Es la sentencia de la conocida como pieza política del caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE), en la que figuran como acusados hasta 21 ex altos cargos de la Administración autonómica.

A estos ex altos cargos la Fiscalía les acusaba de defraudar 855 millones de euros tras la supuesta creación de un sistema de ayudas públicas «totalmente opaco» al margen «de los ciudadanos» y de los controles establecidos por la Intervención General, un importe en principio destinado a la reactivación de empresas en crisis y ayudar a los trabajadores.

Según un resumen de la sentencia facilitada a la prensa, Griñán, que fue presidente de la Junta de Andalucía entre 2009 y 2013, fue «plenamente consciente de la palmaria ilegalidad de los actos en los que participó» al conceder las subvenciones de los ERE a través de las transferencias de financiación. El expresidente, que fue consejero de Economía y Hacienda entre 2004 y 2009 antes de relevar a Manuel Chaves en la Presidencia, asumió «la eventualidad de que los fondos vinculados al programa 31L fueran objeto de disposición con fines ajenos al fin público al que estaban destinados», añade el juez.

Así, la extensa sentencia (un total de 1.821 páginas) considera que Chaves y Griñán son responsables del sistema de ayudas públicas que la Junta andaluza instauró durante una década (2000-2009) para beneficiar a empresas en crisis. El tribunal cree que el primero es responsable del cambio del mecanismo de pago de las ayudas a empresas en crisis para que se hiciera a través de las llamadas transferencias de financiación, lo que haría más opaco su contro. «[Es impensable que ] esta decisión fuera asumida exclusivamente por la Consejería de Economía y Hacienda, sino que exigió de la decisión del superior jerárquico de ambos, el presidente de la Junta, Manuel Chaves», recoge el documento.

En cuanto a Griñán, el tribunal entiende que éste conocía los informes de la Intervención General de la Junta que censuraron el sistema de ayudas. Sin embargo, el expresidente regional no hizo nada para evitar su continuidad fraudulenta.

Una instrucción de casi 9 años

Todo comenzó el 19 de enero del 2011 cuando la juez de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, comenzó a investigar este caso, cuya sentencia marca el recorrido cuando se sometan a enjuiciamiento las cerca de 200 piezas separadas, una por cada ayuda con cargo al denominado «fondo de reptiles», de la que se desgajó la causa principal tras la partida de Alaya a la Audiencia y la llegada de la juez María Núñez Bolaños.

La instrucción la finalizó en el 2016 el juez de refuerzo Álvaro Martín, quien elevó las actuaciones a la Audiencia de Sevilla después de que el caso llegara al Supremo, cuyo magistrado Alberto Jorge Barreiro, instruyó el procedimiento contra los investigados que gozaban de aforamiento al ser diputados en las Cortes, como es el caso de Chaves, Griñán, Zarrías y Viera, no obstante la renuncia a sus escaños motivó que las actuaciones volvieran al juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla. Todo ello después de que Barreiro dictara un auto en junio del 2015 en el que concluyó que los expresidentes de la Junta deberían ser juzgados por prevaricación descartando la malversación.