Sentencia de los ERE: Griñán, condenado a 6 años de prisión y Chaves, a 9 años de inhabilitación

La Audiencia de Sevilla también ha condenado a la exconsejera andaluza de Economía y Hacienda Magdalena Álvarez a nueve años de inhabilitación especial por prevaricación


Redacción

La Audiencia de Sevilla ha condenado al expresidente socialista andaluz José Antonio Griñán a 6 años de cárcel por un delito de malversación y a 15 años de inhabilitación por otro de prevaricación en el caso ERE, y su antecesor en el cargo, Manuel Chaves, ha sido condenado a 9 años de inhabilitación por prevaricación. También ha condenado a la exconsejera andaluza de Economía y Hacienda Magdalena Álvarez a nueve años de inhabilitación especial por un delito de prevaricación.

Es la sentencia de la conocida como pieza política del caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE), en la que figuran como acusados hasta 21 ex altos cargos de la Administración autonómica.

A estos ex altos cargos la Fiscalía les acusaba de defraudar 855 millones de euros tras la supuesta creación de un sistema de ayudas públicas «totalmente opaco» al margen «de los ciudadanos» y de los controles establecidos por la Intervención General, un importe en principio destinado a la reactivación de empresas en crisis y ayudar a los trabajadores.

Según un resumen de la sentencia facilitada a la prensa, Griñán, que fue presidente de la Junta de Andalucía entre 2009 y 2013, fue «plenamente consciente de la palmaria ilegalidad de los actos en los que participó» al conceder las subvenciones de los ERE a través de las transferencias de financiación. El expresidente, que fue consejero de Economía y Hacienda entre 2004 y 2009 antes de relevar a Manuel Chaves en la Presidencia, asumió «la eventualidad de que los fondos vinculados al programa 31L fueran objeto de disposición con fines ajenos al fin público al que estaban destinados», añade el juez.

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Así, la extensa sentencia (un total de 1.821 páginas) considera que Chaves y Griñán son responsables del sistema de ayudas públicas que la Junta andaluza instauró durante una década (2000-2009) para beneficiar a empresas en crisis. El tribunal cree que el primero es responsable del cambio del mecanismo de pago de las ayudas a empresas en crisis para que se hiciera a través de las llamadas transferencias de financiación, lo que haría más opaco su contro. «[Es impensable que ] esta decisión fuera asumida exclusivamente por la Consejería de Economía y Hacienda, sino que exigió de la decisión del superior jerárquico de ambos, el presidente de la Junta, Manuel Chaves», recoge el documento.

En cuanto a Griñán, el tribunal entiende que éste conocía los informes de la Intervención General de la Junta que censuraron el sistema de ayudas. Sin embargo, el expresidente regional no hizo nada para evitar su continuidad fraudulenta.

Una instrucción de casi 9 años

Todo comenzó el 19 de enero del 2011 cuando la juez de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, comenzó a investigar este caso, cuya sentencia marca el recorrido cuando se sometan a enjuiciamiento las cerca de 200 piezas separadas, una por cada ayuda con cargo al denominado «fondo de reptiles», de la que se desgajó la causa principal tras la partida de Alaya a la Audiencia y la llegada de la juez María Núñez Bolaños.

La instrucción la finalizó en el 2016 el juez de refuerzo Álvaro Martín, quien elevó las actuaciones a la Audiencia de Sevilla después de que el caso llegara al Supremo, cuyo magistrado Alberto Jorge Barreiro, instruyó el procedimiento contra los investigados que gozaban de aforamiento al ser diputados en las Cortes, como es el caso de Chaves, Griñán, Zarrías y Viera, no obstante la renuncia a sus escaños motivó que las actuaciones volvieran al juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla. Todo ello después de que Barreiro dictara un auto en junio del 2015 en el que concluyó que los expresidentes de la Junta deberían ser juzgados por prevaricación descartando la malversación.

De hecho, en abril del 2015, el ya expresidente de la Junta de Andalucía y entonces senador socialista, José Antonio Griñán, manifestó al término de su declaración en el Tribunal Supremo por los ERE irregulares en Andalucía aquella famosa declaración que no hubo «un gran plan (para defraudar) pero sí hubo un gran fraude» y eso significa que «alguno de los controles pudo fallar».

Esta sentencia acabará en el Tribunal Supremo

Por otro lado, según han confirmado a Europa Press fuentes judiciales, con total seguridad esta sentencia acabará en el Tribunal Supremo, el cual tendrá que resolver los recursos de casación que eleven las partes, una cuestión que «le llevará años».

Durante el juicio, tras la declaración de los 22 acusados --concluyeron en abril--, expusieron su testimonio más de 120 testigos, cuatro agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y nueve peritos a lo largo de las 152 sesiones desarrolladas en la vista oral.

A su término, tras concluir el informe final del ex director general de Presupuesto Antonio Lozano, el tribunal abrió el turno de derecho a última palabra de los 21 ex altos cargos encausados, que se limitaron a dar las gracias a la Sala, a excepción de los dos expresidentes.

Así, Chaves afirmó que no tenía «nada que añadir, salvo expresar el reconocimiento a la labor del tribunal y que las intervenciones de la Fiscalía y los abogados de las defensas», indicando además que había sido «un cúmulo de conocimiento e información, una experiencia vital», mientras que Griñán mostró su «pleno convencimiento y apoyo» a lo dicho por su letrado en agradecimiento al tribunal por su actuación y apoyo a la Sala. En aquellas fechas el juicio quedó visto para sentencia.

Un caso mastodóntico con un macrojuicio de 152 sesiones y una sentencia de 1.700  folios

La pieza política de los ERE de la Junta de Andalucía es un caso mastodóntico que va de los 21 acusados a los ocho años de cárcel que la Fiscalía pide para once de ellos, pasando por un lustro y medio de instrucción, un macrojuicio de 152 sesiones o la propia sentencia, cuya extensión ronda los 1.700 folios, informa Efe.

Estas son las cifras más significativas del caso:

21 acusados, menos de la mitad de los 51 que llegó a encausar la jueza Mercedes Alaya durante la instrucción.

2 expresidentes de la Junta de Andalucía: Manuel Chaves y José Antonio Griñán.

7 exconsejeros: Gaspar Zarrías (Presidencia), José Antonio Viera (Empleo), Antonio Fernández (Empleo), Magdalena Álvarez (Economía y Hacienda), Francisco Vallejo (Innovación), Carmen Martínez Aguayo (Hacienda) y José Salgueiro (Hacienda).

10 ex altos cargos de la Junta: dos exviceconsejeros (Agustín Barberá y Jesús María Rodríguez), tres ex directores generales (Francisco Javier Guerrero, Juan Márquez y Antonio Vicente Lozano), dos ex directores generales del Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) y la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA) (Miguel Ángel Serrano y Jacinto Cañete) y tres ex secretarios generales técnicos (Lourdes Medina, Juan Francisco Sánchez y Javier Aguado).

2  ex altos funcionarios: un exjefe del gabinete jurídico (Francisco del Río) y un ex interventor general (Manuel Gómez).

3 jueces: Juan Antonio Calle Peña, que ha sido el ponente y redactor de la sentencia, Pilar Llorente y Encarnación Gómez. Pertenecen a la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla.

2 delitos: Todos los acusados lo son por prevaricación y quince de ellos, por malversación.

10 años de inhabilitación. Es la petición de condena de la Fiscalía para el expresidente Chaves, así como para Zarrías, Álvarez, Salgueiro, Lozano y Del Río.

8 años de cárcel. Es la petición de la Fiscalía para Viera, Fernández, Vallejo, Guerrero, Márquez, Barberá, Rodríguez, Medina, Sánchez, Aguado y Serrano.

6 años de cárcel. Es la petición de la Fiscalía para Griñán, Martínez Aguayo, Gómez y Cañete.

5 años y nueve meses de instrucción desde que la jueza Alaya abrió diligencias previas en enero del 2011 hasta que el juez Álvaro Martín dictó auto de apertura de juicio oral el 3 de noviembre del 2016.

680 millones de euros. Es lo que la Fiscalía calcula que salió de las arcas públicas «sin ningún control» para ayudar a empresas en crisis, aunque el instructor habló de 854,8 millones cuando procesó a todos los ex altos cargos.

6.096 trabajadores que recibieron ayudas procedentes de la partida presupuestaria 31-L creada por la Junta de Andalucía para empresas en crisis o planes de prejubilaciones en el periodo investigado (2000-2010), aunque hubo más de 120.000 empleados afectados por ERE en toda la comunidad en esa década. Casi 200 se prejubilaron en empresas donde jamás habían trabajado.

15 informes elaboró la Intervención General de la Junta, cuyo antiguo responsable es uno de los acusados, para avisar al Gobierno andaluz de las irregularidades en el sistema de concesión de ayudas.

152 sesiones tuvo el juicio, que comenzó el 13 de diciembre de 2017 y acabó el 17 de diciembre de 2018.

120 testigos pasaron por delante del tribunal de la Sección Primera durante la vista oral.

337 días esperando una sentencia histórica desde que terminó la vista oral.

14.276 folios de la instrucción, repartidos en 38 tomos y siete de anexos.

1.700 folios tiene la sentencia. La del Tribunal Supremo sobre el «procés», por ejemplo, tuvo 493.

187 piezas separadas tiene el caso ERE, al margen de esta pieza política, después de que la jueza María Núñez, sucesora de Alaya, trocease la causa principal y la dividiese ayuda a ayuda.

¿Quién es quién entre los 21 encausados?

1. Manuel Chaves, ex presidente de la Junta. Condenado a nueve años de inhabilitación especial por delito continuado de prevaricación. La Fiscalía Anticorrupción le pedía diez años de inhabilitación.

2. José Antonio Griñán, ex presidente de la Junta y ex consejero de Hacienda. Condenado a seis años y dos días de prisión por delito continuado de malversación y a 15 años y dos días de inhabilitación absoluta por delito continuado de prevaricación. La Fiscalía Anticorrupción le solicitaba seis años de prisión y 30 de inhabilitación.

 

3. Gaspar Zarrías, ex consejero de la Presidencia. Condenado a nueve años de inhabilitación especial por delito continuado de prevaricación. La Fiscalía Anticorrupción le pedía diez años de inhabilitación.

4. Magdalena Álvarez, exconsejera de Economía. Condenadada a nueve años de inhabilitación especial por delito continuado de prevaricación. La Fiscalía Anticorrupción le solicitaba diez años de inhabilitación.

5. José Antonio Viera, exconsejero de Empleo. Condenado a siete años y un día de cárcel por un delito continuado de malversación y 18 años y un día de inhabilitación absoluta por un delito continuado de prevaricación. La Fiscalía Anticorrupción le pedía ocho años de prisión y 30 de inhabilitación.

6. Antonio Fernández, exconsejero de Empleo. Condenado a siete años, 11 meses y un día de cárcel por un delito continuado de malversación y 19 años, seis meses y un día de inhabilitación especial por un delito continuado de prevaricación. La Fiscalía Anticorrupción le solicitaba ocho años de prisión y 30 de inhabilitación.

7. Francisco Vallejo, exconsejero de Innovación, Ciencia y Empresa. Condenado a siete años y un día de cárcel por un delito continuado de malversación y 18 años y un día de inhabilitación absoluta por delito continuado de prevaricación. La Fiscalía Anticorrupción le pedía ocho años de prisión y 30 de inhabilitación.

8. Carmen Martínez Aguayo, exconsejera de Hacienda y Administraciones Públicas. Condenada a seis años y dos días de cárcel por delito continuado de malversación y 15 años y dos días de inhabilitación asboluta por un delito continuado de prevaricación. La Fiscalía Anticorrupción le solicitaba seis años de prisión y 30 de inhabilitación.

9. Francisco Javier Guerrero, exdirector general de Trabajo. Condenado a siete años, 11 meses y un día de cárcel por un delito continuado de malversación y a 19 años, seis meses y un día de inhabilitación especial por un delito continuado de prevaricación. La Fiscalía Anticorrupción le pedía ocho años de prisión y 30 de inhabilitación.

10. Juan Márquez, exdirector de Trabajo. Condenado a siete años y un día de cárcel por un delito continuado de malversación y 18 años y un día de inhabilitación absoluta por un delito continuado de prevaricación. La Fiscalía Anticorrupción le solicitaba ocho años de prisión y 30 de inhabilitación.

11. José Salgueiro, exviceconsejero de Hacienda. Condenado a nueve años de inhabilitación especial por un delito continuado de prevaricación. La Fiscalía Anticorrupción le pedía diez años de inhabilitación.

12. Agustín Barberá, exviceconsejero de Empleo. Condenado a siete años y un día de cárcel por un delito continuado de malversación y 18 años y un día de inhabilitación absoluta por un delito continuado de prevaricación. La Fiscalía Anticorrupción le solicitaba ocho años de prisión y 30 de inhabilitación.

13. Jesús María Rodríguez, exviceconsejero de Innovación y exvicepresidente de IFA-IDEA. Condenado a seis años y dos días de cárcel por delito continuado de malversación y 15 años y dos días de inhabilitación absoluta por un delito continuado de prevaricación. La Fiscalía Anticorrupción le pedía ocho años de prisión y 30 de inhabilitación.

14. Manuel Gómez, exinterventor general de la Junta. Absuelto. La Fiscalía Anticorrupción le solicitaba seis años de prisión y 30 de inhabilitación por prevaricación y malversación.

15. Miguel Ángel Serrano, exdirector de la agencia IFA-IDEA. Condenado a seis años y seis meses de cárcel por un delito continuado de malversación y 17 años y un día de inhabilitación absoluta por un delito continuado de prevaricación. La Fiscalía Anticorrupción le pedía ocho años de prisión y 30 de inhabilitación.

16. Jacinto Cañete, exdirector de la agencia IFA-IDEA. Absuelto del delito continuado de malversación y condenado a ocho años, seis meses y un día de inhabilitación especial por un delito continuado de prevaricación. La Fiscalía Anticorrupción le solicitaba seis años de prisión y 30 de inhabilitación.

17. Juan Francisco Sánchez, exsecretario general técnico de Trabajo y exdirector de Administración y Finanzas de IFA-IDEA. Absuelto del delito continuado de malversación y condenado a nueve años de inhabilitación especial por un delito continuado de prevaricación. La Fiscalía Anticorrupción le pedía ocho años de prisión y 30 de inhabilitación.

18. Javier Aguado, exsecretario general de técnico de Empleo. Absuelto del delito continuado de malversación y condenado a nueve años de inhabilitación especial por un delito continuado de prevaricación. La Fiscalía Anticorrupción le solicitaba ocho años de prisión y 30 de inhabilitación.

19. Lourdes Medina, exsecretaria general técnica de Empleo. Absuelta del delito continuado de malversación y condenada a ocho años, seis meses y un día de inhabilitación especial por un delito continuado de prevaricación.La Fiscalía Anticorrupción le pedía seis años de prisión y 30 de inhabilitación.

20. Antonio Vicente Lozano, exdirector general de Presupuestos. Condenado a nueve años de inhabilitación especial por un delito continuado de prevaricación. La Fiscalía Anticorrupción le solicitaba diez años de inhabilitación.

21. Francisco del Río, exjefe del Gabinete Jurídico de la Junta. Absuelto. La Fiscalía Anticorrupción le pedía diez años de inhabilitación por prevaricación.

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