La Abogacía del Estado, «perpleja» porque el Gobierno planteara personarse en casos de víctimas de delitos sexuales
23 jun 2018 . Actualizado a las 13:59 h.¿Endurecimiento de la ley penal? ¿Formación de los jueces? ¿Ambas medidas? El Gobierno central quiso ser un espejo de la «alarma y preocupación social» por el auto de libertad provisional dictado por la Audiencia Provincial de Navarra para la Manada y, además de anunciar que estudiará una reforma normativa en relación a los delitos sexuales, como ya había hecho el anterior Ejecutivo tras conocerse en abril la sentencia que condenaba a sus miembros a nueve años de cárcel por un delito de abuso y no de agresión sexual, manifestó a través de su portavoz, Isabel Celaá, su sorpresa por la decisión adoptada por el tribunal.
Fue ella la que durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros manifestó que el Ejecutivo está estudiando «cómo hacer» que los servicios jurídicos se personen como parte en defensa de las víctimas de delitos sexuales. Lo que deberían ser unas palabras de consuelo tuvo que ser matizado horas después por la responsable de Justicia, Dolores Delgado, que manifestó que el Gobierno no puede personarse en el caso al tratarse de un procedimiento judicial «con sus normas y sus reglas». El planteamiento de Celaá suscitó la «perplejidad» de la Abogacía del Estado. Fuentes de este organismo recuerdan que sus funciones son «la representación y defensa del Estado y de sus organismos autónomos». También señalan que en crímenes tan graves como los asesinatos terroristas de «servidores del Estado», como policías, fiscales, jueces o militares, estos servicios jurídicos «jamás» se han presentado como acusación popular. Todo el peso de la representación jurídica en esos casos ha recaído en la Fiscalía. Las mismas fuentes se preguntan de dónde van a salir los recursos para poder atender las peticiones del Gobierno. Solo en el primer trimestre del año, según el informe de criminalidad del Ministerio del Interior, se produjeron 3.025 delitos contra la libertad sexual. De ellos, 371 fueron agresiones con penetración. Estos últimos, de especial gravedad, son los que teóricamente atenderían los servicios jurídicos del Estado.
Sorpresa en el ministerio
No fue la única polémica del día entre el Ejecutivo y los jueces. La ministra Dolores Delgado rompió la neutralidad entre los poderes para afirmar que el Gobierno estaba «sorprendido» por la decisión, porque «la regla de oro general» era mantener en prisión a los condenados al menos la mitad de la pena (cuatro años y medio en este caso). Incidió también en la necesidad de realizar un estudio sereno sobre el Código Penal y los posibles cambios que deben introducirse para dar respuesta a los delitos contra la libertad sexual. «Son necesarios cambios de mentalidades», adujo Delgado». Agregó que la ciudadanía «tiene todo el derecho del mundo» a manifestarse ante situaciones que consideren dignas de ello. Diferentes colectivos judiciales respondieron que ciertas opiniones políticas «son una temeridad», ya que se consideran «suficientemente formados», y que hay que respetar las decisiones de los tribunales.
