Utilizó la red Gürtel para pagar actos electorales con dinero de empresarios afines
12 jun 2018 . Actualizado a las 05:00 h.«El PP valenciano financió sus campañas electorales (el 2007 y el 2008) de manera tan absolutamente irregular que fue delictiva». El Juzgado Central de lo Penal de la Audiencia Nacional sentenció que, como ya ha quedado acreditado en el PP nacional, también la formación que dirigía Francisco Camps (que nunca llegó a sentarse en el banquillo por esta causa) usó de forma reiterada el dinero negro que empresarios amigos le entregaban a través de una de las empresas de la trama Gürtel para pagar sus actos electorales. El tribunal, en el segundo varapalo judicial al PP en poco más de dos semanas, impone penas que van desde los cuatro meses de cárcel a los seis años y nueve meses a 18 de los 20 acusados en el juicio de la rama valenciana del caso Gürtel, al considerar acreditada su participación en la financiación ilegal de las campañas electorales del PP de la Comunidad Valenciana en las elecciones municipales y autonómicas del 2007 y en las generales del 2008.
Pero, a diferencia del fallo conocido en mayo, la Audiencia Nacional ahora sí que condena a 17 de los 20 procesados por delitos electorales, al margen de falsedad documental continuada e ilícitos contra la Hacienda Pública. No obstante, a pesar del alto número de condenas, las penas, como se esperaba, no son especialmente duras, habida cuenta de que la mayoría de los procesados habían alcanzado pactos con la Fiscalía y habían confesado antes del juicio o durante la vista oral. En este último caso está el ex secretario general Ricardo Costa, condenado a cuatro años de cárcel al aplicar el juez las atenuantes de colaboración activa o confesión. El 24 de enero, Costa tiró de la manta en la Audiencia Nacional y admitió que el PP «sí se financiaba con dinero negro», al tiempo que acusó a Camps de estar al frente de esa contabilidad paralela.
La sentencia, relativa a las piezas separadas de Valencia 1, 2 y 6 del caso Gürtel, también condena (por tercera vez) a los cabecillas de la trama. Entre otros, al jefe de la red, Francisco Correa, a quien impone cinco años y tres meses tras aplicarle la atenuante de haber devuelto dos millones de euros; a su mano derecha, Pablo Crespo, quien es sentenciado a cinco; y a Álvaro Pérez, el Bigotes, al que se le condena a seis años y nueve meses.
El titular del Juzgado Central de lo Penal de la Audiencia Nacional, José María Vázquez Honrubia, impone penas de cárcel que llegan hasta un año y nueve meses de cárcel a los nueve empresarios que admitieron haber financiado en B al PP, pero acto seguido conmuta las penas por multas, que llegan hasta los 154.500 euros, ya que se les aplica la atenuante de colaboración activa por haber abonado ya como responsabilidades civiles 1.057.101 euros.
«Soborno en diferido»
La sala solo absuelve a uno de los empresarios (al que se le retiró la acusación) y a Vicente Rambla, exvicepresidente de la Generalitat, porque, afirma la sentencia, no hay prueba directa que permita concluir que sea autor de los delitos imputados aunque tampoco «podía ignorar lo que estaba ocurriendo en las campañas que dirigía». Pero ante la duda, no hay condena.
Los hechos probados de la sentencia son muy duros con el PP, al que acusa, incluso, de haber tejido un sistema de «soborno en diferido», según el cual «ciertos empresarios pagan hoy campañas electorales y mantienen u obtienen mañana contratos administrativos». Un sistema, de financiación «delictiva», que ataca la propia «pureza de los procesos electorales» y, «en definitiva, el juego limpio electoral».
El fallo insiste en que esta estratagema lo corrompió todo: «La neutralidad y objetividad de las Administraciones se ve seriamente cuestionada cuando los financiadores de la campaña electoral son, exacta y precisamente, adjudicatarios de obras, servicios o suministros contratados por la Administración, cuyos representantes políticos han sido elegidos apoyándose en una campaña financiada ilegalmente».
Dos mítines de Mariano Rajoy fueron pagados con dinero negro
La maquinaria orquestada por el PP valenciano -y descrita por Costa, Correa o el Bigotes, a los que la sentencia da credibilidad- no era complicada: los responsables populares en los comicios locales y autonómicos del 2007 y en los generales del 2008 obviaron «la cuantía máxima admitida de gasto electoral prevista por la ley» y recurrieron a empresarios, infringiendo la «genérica prohibición legal de abono de los gastos de los partidos políticos por terceras personas». Fue entonces cuando recurrieron a Orange Market, la empresa en Valencia de Correa.
De esta manera, con dinero no declarado, según la sentencia, se abonaron al menos dos actos electorales protagonizados por el expresidente Mariano Rajoy. Estos dos eventos figuran entre los trabajos realizados por Orange Market para el PP valenciano, pero que nunca fueron abonados por la formación, que dejó a empresarios amigos que zanjaran esas deudas a cambio de favores futuros. El primero de los actos tuvo lugar el 12 de mayo del 2007 en Alicante, en la campaña electoral para las municipales y autonómicas. La empresa valenciana de Correa se gastó 16.882 euros en la organización de ese evento que nunca cobró al PP.
El segundo acto fue el 28 de febrero del 2008 en la campaña de las generales en la Institución Ferial Alicantina. Gürtel gastó en su organización 27.264 euros, que nunca llegó a facturar a los populares, porque fueron pagados por constructores. Orange Market, además, usó otro acto de Rajoy el 6 de marzo del 2008 en la plaza de toros de Valencia para meter un sobrecoste del 40 % al PP, a la espera de que fuera reembolsado por terceros.