Correa, Costa y el Bigotes, condenados por la trama valenciana de la Gürtel

Europa Press

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Ballesteros | efe

La Audiencia Nacional considera que ha quedado probado que los populares valencianos pagaron con dinero negro parte de los actos electorales de las campañas autonómicas y municipales del 2007 y las generales del 2008

11 jun 2018 . Actualizado a las 20:48 h.

El Juzgado Central de lo Penal de la Audiencia Nacional ha condenado a cuatro años de prisión al exsecretario general del PP de la Comunidad Valenciana Ricardo Costa y absuelto al exvicepresidente Vicente Rambla por la financiación irregular del partido liderado entonces por Francisco Camps en las elecciones del 2007 y el 2008. Según la sentencia, el PP de la Comunidad Valenciana se financió de manera «tan absolutamente irregular» durante las campañas electorales del 2007 y el 2008 que «fue delictiva».

El juez José María Vázquez Honrubia también ha condenado a los líderes de la trama Gürtel Francisco Correa y Pablo Crespo -a cinco años y tres meses de prisión el primero y a cinco años, el segundo-, y a Álvaro Pérez El Bigotes a seis años y nueve meses por girar facturas falsas para que otros empresarios sufragasen ilícitamente parte de los actos electorales de los populares. Estas penas se acumulan a las impuestas ya por las irregularidades en Fitur y por la primera época de la trama Gürtel -en esta última El Bigotes resultó absuelto-.

El magistrado considera que ha quedado probado que los populares valencianos pagaron con dinero negro parte de los actos electorales de las campañas autonómicas y municipales del 2007 y las generales del 2008 y otros eventos, todos ellos organizados por la empresa de la Gürtel, Orange Market.

La Audiencia Nacional ha sustituido las condenas de prisión por multas para los nueve empresarios juzgados en el caso Gürtel, incluido Vicente Cotino, que confesaron haber financiado de forma irregular las campañas electorales del PP valenciano de los años 2007 y 2008. «En síntesis, se podría hablar de un soborno en diferido: ciertos empresarios pagan hoy campañas electorales y mantienen u obtienen mañana contratos administrativos», expone el juez. La sentencia impone a los empresarios penas que llegan hasta el año y nueve meses de cárcel, pero en todos los casos los sustituye por multas que se elevan hasta los 154.500 euros.

Con esta última sentencia, los tres cabecillas de la trama Gürtel, liderada por Francisco Correa, acumulan ya largas penas de prisión. Desde que fue dictada la primera sentencia a la red, en febrero del 2017, sus condenas se han visto agravadas este lunes tras el fallo de la Gürtel valenciana. De esta forma, Francisco Correa, considerado el líder, acumula ya 70 años y 2 meses de cárcel, de los que 51 años y 11 meses corresponden a la pieza de la primera época de la Gürtel (1999-2005), 13 por irregularidades en la contratación del expositor de Fitur en la Generalitat valenciana y 5 años y 3 meses por la financiación irregular del PP valenciano a través de la trama.

Por su parte, Pablo Crespo, número 2 de la red, acumula ya una condena de 55 años y medio de los que 37 corresponden a la pieza principal, 13 a la de Fitur y 5 a la de la Gürtel valenciana. Álvaro Pérez, el Bigotes, responsable de la Gürtel valenciana acumula 19 años. Fue condenado a 12 años y 3 meses por Fitur y 6 años y 9 meses por la última sentencia de la Audiencia Nacional. En cambio, fue absuelto de los hechos correspondientes a la pieza principal, en la que la Fiscalía pedía para él 5 años y 2 meses de cárcel.

Tras hacerse pública la sentencia, la presidenta del PP valenciano, Isabel Bonig, ha asegurado que las actitudes que se han juzgado en este caso corresponden «al pasado» y el PP ha asumido «responsabilidades políticas». Además, ha subrayado que este fallo demuestra que «el que la hace, la paga».

Los posibles delitos de Camps ya habrían prescrito

Honrubia sostiene en la sentencia que, en el caso de que el expresidente valenciano hubiese incurrido en delitos por la financiación irregular del PP valenciano, estos ya habrían prescrito, pues la investigación comenzó en el 2009. El juez ve además «jurídicamente imposible» pronunciarse sobre Camps o sobre el que fuese su vicepresidente Víctor Campos en la sentencia a la rama valenciana de la trama en tanto que ambos tuvieron la condición de testigos y no de investigados en el juicio. «Es obvio conforme al principio acusatorio formal que no puede hacerse ni un mero juicio de valor acerca de su conducta», señala en el fallo.

Ambos fueron señalados en el juicio por varios acusados, como Costa, que acusó a Camps de encargar el sistema de financiación irregular y a Campos de llevar la relación con los empresarios que pagaban actos electorales a través de facturas falsas y dinero negro. Pero, según el juez, al remontarse los hechos a las elecciones del 2007 y el 2008, y dada «la naturaleza del delito aquí enjuiciado de carácter menos grave», sus actos «habrían prescrito por haber transcurrido más de cinco años sin formularse desde la fecha acusación alguna». Además, «aun considerando que han sido designados como artífices del mecanismo defraudatorio», el juez reconoce que ambos «tienen derecho a no declarar contra sí mismos y no confesarse culpables», teniendo en cuenta además que Camps está imputado en tres piezas de esta trama. En todo caso, el magistrado admite que sus declaraciones fueron «totalmente infructuosas para aclarar los hechos enjuiciados», y que se limitó a «apuntalar extremos ya acreditados por otros medios» pues, según ellos, «nada saben, nada recuerdan, nada reconocen».

Una jerga muy particular

La sentencia también ha sacado a la luz la peculiar jerga utilizada por parte de la red para intentar enmascarar sus actividades ilícitas, con términos como «biscotes», para referirse al dinero en metálico, «galletas», para las facturas o «magdalenas», para el empresario Enrique Ortiz.

Es «muy elocuente», afirma la sentencia, que en las conversaciones del grupo Correa se hable de Barcelona, para el dinero B, o de Alicante, para el dinero A; o que se denomine «parque» a la caja fuerte del Banco de Santander utilizada por Pablo Crespo y Cándido Herrero.

La trama usaba además apelativos concretos para referirse a determinados empresarios («el príncipe» o «el cantante») o políticos («el tuerto») y recurría a iniciales para identificar a los máximos jerarcas del PP de la Comunidad Valenciana, mientras que el propio Correa aparecía en la caja B como «D. Vito». 

Todos los condenados

- Francisco Correa. Empresario y cerebro de la trama, ha sido condenado a 5 años y tres meses de prisión por tres delitos electorales (elecciones locales y automómicas de 2007 y generales de 2008) continuado de falsedad y tres delitos contra la Hacienda Pública, todos ellos con la atenuante de reparación del daño. La Fiscalía había pedido para él 7 años y 3 meses tras su colaboración durante el juicio, porque la petición inicial contra él era de 22 años.

- Ricardo Costa. Exsecretario general del PP en la Comunidad Valenciana es condenado a 4 años de cárcel por tres delitos electorales y uno continuado de falsedad, con atenuante de confesión. La Fiscalía pedía para él 4 años y tres meses de cárcel tras celebrarse el juicio.

- Pablo Crespo. Número dos de Correa y exresponsable del PP en Galicia. Ha sido condenado a 5 años de prisión por los mismos delitos electorales que Correa, continuado de falsedad y tres delitos contra la Hacienda Pública, también con el atenuante de confesión. La Fiscalía pidió para él 13 años y medio de cárcel.

- Álvaro Pérez'el Bigotes'. Socio de Correa en Orange Market, es condenado a 6 años y 9 meses de cárcel por los mismos tres delitos electorales, uno continuado de falsedad, y cinco delitos contra la Hacienda pública, aplicándose la atenuante de confesión o colaboración activa a los dos primeros. La Fiscalía había pedido para él 16 años y medio de prisión.

- Cándido Pérez. Gerente de la empresa de Correa es condenado a 5 años y 1 mes de cárcel por tres delitos electorales, uno continuado de falsedad y tres delitos contra la Hacienda Pública. La Fiscalía había pedido para él 16 años 9 meses.

- Cristina Ibáñez. Exgerente del PP Valenciano es condenada a 3 años y 8 meses de prisión también por tres delitos electorales y otro continuado de falsedad. Anticorrupción solicitaba para ella siete años y medio.

David Serra. Exvicesecretario de organización del PP en Valencia es condenado a 3 años y 8 meses de cárcel por tres delitos electorales y otro delito continuado de falsedad. La Fiscalía pidió para él siete años y medio de prisión.

- Yolanda García. Extesorera del PP valenciano y exdiputada de las Corts ha sido condenada con 4 meses de prisión como cómplice de un delito electoral relativo a las elecciones generales de 2008. La Fiscalía pedía para ella cinco meses de cárcel.

- José Ramón Blanco Balín. Cerebro financiero de la red corrupta, ha sido condenado a 3 años de cárcel por tres delitos contra la hacienda pública de los años 2006 y 2007. La Fiscalía pedía para él 15 años de cárcel.

- Vicente Cotino. Empresario y sobrino del expresidente de las Cortes valencianas Juan Cotino es condenado a 1 año y 3 meses de cárcel que se sustituyen por una multa total de 109.500 euros. Esta sustitución de cárcel por multa se acordó de conformidad con la Fiscalía.

- Enrique Gimeno. empresario, es condenado a 1 año y 9 meses de cárcel que se sustituye por una multa total de 154.500 euros por tres delitos electorales y uno de falsedad. Esta sustitución de cárcel por multa se acordó de conformidad con la Fiscalía.

- Antonio Pons. Empresario, es condenado a 1 año y 9 meses de cárcel que se sustituye por multa total de 154.500 euros por tres delitos electorales y uno de falsedad. Esta sustitución de cárcel por multa se acordó de conformidad con la Fiscalía.

- Alejandro Pons. Empresario, es condenado a 1 año y 9 meses de cárcel que se sustituye por multa total de 154.500 euros euros por tres delitos electorales y uno de falsedad. Esta sustitución de cárcel por multa se acordó de conformidad con la Fiscalía.

- Tomás Martínez Berna. Empresario, es condenado a 1 años y 6 meses de cárcel que se sustituye por una multa total de 132.000 euros por dos delitos electorales y uno de falsedad. Esta sustitución de cárcel por multa se acordó de conformidad con la Fiscalía.

- Rafael Martínez Berna. Empresario, es condenado a 1 año y seis meses de cárcel que se sustituyen por una multa total de 132.000 euros por dos delitos electorales y uno continuado de falsedad. Esta sustitución de cárcel por multa se acordó de conformidad con la Fiscalía.

- Enrique Ortiz. Empresario, es condenado a 1 año y 3 meses de cárcel por un delito electoral y otro continuado de falsedad que se sustituyen por una multa total de 109.500 euros. Esta sustitución de cárcel por multa se acordó de conformidad con la Fiscalía.

- José Francisco Beviá. Empresario, es condenado a 1 año y 3 meses de cárcel por un delito electoral y otro continuado de falsedad que se sustituyen por una multa total de 109.500 euros. Esta sustitución de cárcel por multa se acordó de conformidad con la Fiscalía.

Gabriel Alberto Batalla. Empresario, es condenado a 1 año y 9 meses de cárcel que se sustituyen por multa de 154.500 euros por tres delitos electorales y uno continuado de falsedad. Esta sustitución de cárcel por multa se acordó de conformidad con la Fiscalía.

Absueltos

- José Enrique Fresquet. También empresario, resulta absuelto por retirarse la acusación contra él, que únicamente presentaba el PSOE valenciano.

- Vicente Rambla. Exvicepresidente de la Comunidad Valenciana, resulta absuelto. Anticorrupción pedía para él 6 años y medio de cárcel.