Un candado bien cerrado sobre los secretos de Estado

Gobierno y oposición se ponen de acuerdo para congelar la reforma de una vieja norma del franquismo


madrid / colpisa

¿Conocemos todos los nombres que estuvieron detrás del 23-F? ¿Sabía EE.UU. de los planes de ETA para atentar contra Carrero Blanco? ¿Por qué el Gobierno decidió dejar el Sáhara en manos de Marruecos? ¿Cuánto dinero se invirtió en crear los GAL? El Estado guarda con celo sus secretos oficiales gracias a una vetusta norma heredada de la dictadura franquista y en contadísimas ocasiones ha accedido a desclasificar documentos que afectan a la seguridad nacional.

A diferencia de otros países, en España, la Ley de Secretos Oficiales (promulgada en 1968) no contempla la desclasificación automática de documentos al transcurrir un plazo determinado, por lo que los informes clasificados lo son ad eternum. Para resolver esta anomalía, el Congreso aprobó en noviembre pasado una proposición de ley del PNV que planteaba reformar la actual normativa para que la información secreta vea la luz tras 25 años en la oscuridad, y que el plazo se reduzca a una década en el caso de las materias reservadas. «Se trata de incrementar la salud democrática, de impedir las llaves del eterno secreto», resumió en su exposición el diputado y autor del texto, Mikel Legarda.

La propuesta del PNV establecía otro cambio no menor: que solo el Gobierno pueda clasificar documentos secretos y reservados. Actualmente, tal capacidad la tiene también la Junta de Jefes de Estado Mayor de la Defensa. Pero siete meses después la reforma está congelada. Desde que acabó el plazo para presentar enmiendas, en febrero, PP, PSOE y Ciudadanos han ido solicitando sucesivas prórrogas (18 en total) de una semana de duración cada una, condenando a la reforma de la ley de secretos a dormir el sueño de Morfeo.

Mientras continúa embalsada, los historiadores siguen recurriendo a los archivos de otros países para averiguar qué se esconde de lo sucedido en España desde hace casi 50 años. «Lo que ocurre en nuestro país es una excepción con respecto a las democracias occidentales», asegura Carlos Sanz Díaz, profesor de Historia de la Universidad Complutense de Madrid. 

Escasos precedentes

Los precedentes de desclasificación de secretos de Estado son muy escasos en España. El juez Baltasar Garzón logró en 1997 que el Gobierno de Aznar liberara trece documentos del Cesid relacionados con la guerra sucia contra ETA. Tardó casi dos años en conseguirlo. En el 2008, la entonces ministra de Defensa, Carme Chacón, anunció un proyecto para liberar unos 10.000 documentos referidos a acontecimientos de entre 1936 y 1968, pero tampoco se materializó. La legislatura llegó a su fin y su sucesor en el cargo, Pedro Morenés impuso de nuevo el tradicional secretazo. El ministro se escudó en que su desclasificación «podía dañar las relaciones diplomáticas» y que difundirlos no era una prioridad. María Dolores de Cospedal tampoco retomará la labor iniciada por Chacón. El argumento de la actual titular de Defensa descansa en el enorme trabajo que sería revisar «documento tras documento», lo que supondría un coste inasumible para su departamento.

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