Tormenta perfecta en Interior y Justicia

m. saiz / r. gorriarán / m. balín MADRID / COLPISA

ESPAÑA

Santi Donaire | EFE

Las grabaciones al expresidente de la Comunidad de Madrid ponen al descubierto sus tejemanejes para intentar influir en altos cargos, fiscales y jueces

26 abr 2017 . Actualizado a las 09:23 h.

«Una tormenta perfecta», como le denominan ya en algunos despachos del Gobierno. Los ministerios de Justicia e Interior y la Fiscalía General del Estado se enfrentan de forma simultánea a una de las mayores crisis de credibilidad de su historia reciente a cuenta de los delicados pinchazos de la operación Lezo. Las relaciones personales de Ignacio González, principal imputado en la trama corrupta de Madrid, con destacados miembros del Gobierno; sus intentos por obstaculizar las investigaciones; y los tejemanejes del expresidente para cambiar o nombrar a jueces y fiscales que le favorecieran en sus causas abiertas han puesto al Ejecutivo y al ministerio público en apuros, desbordados por lidiar en tantos frentes, que van mucho más allá de la corrupción que salpica al PP.

La crisis provocada por la operación Lezo rebasó ayer las fronteras de la Comunidad de Madrid y de las finanzas del PP. Las peticiones de dimisiones y de comparecencias se dispararon, al tiempo que los ministros de Interior y Justicia trataban de dar explicaciones en el Senado sin convencer. La sombra de duda también siguió sobre el fiscal jefe Anticorrupción, Manuel Moix, a quien el Gobierno también trató de sacar del atolladero mediático, político y judicial. Además del SMS del ministro Rafael Catalá a González el pasado noviembre, el verdadero huracán llegó con las conversaciones grabadas que el expresidente madrileño, estando ya investigado en la operación Lezo y en el caso del ático de Estepona, mantuvo pocos días después con el presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, y con el exministro Eduardo Zaplana.

Fueron agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil quienes de madrugada, acompañados de un secretario judicial, entraron en su despacho de abogado de la calle Alcalá de Madrid, colocaron un micrófono y se fueron. El expresidente madrileño nunca sospechó que era grabado por la Guardia Civil. Se creía a salvo de escuchas después de que en julio del 2016 fuera avisado por quien fue su mano derecha en el Canal de Isabel II, Edmundo Rodríguez Sobrino, de que eran investigados. La información procedía de una «magistrada amiga». González dejó de hablar de asuntos comprometedores por teléfono y adquirió un móvil con un poderoso sistema de encriptación.

El micrófono

Ante esto, el instructor de la causa, Alejandro Abascal, juez de refuerzo de Eloy Velasco, ordenó la colocación del micrófono. Y las conversaciones del expresidente de la Comunidad de Madrid con sus colaboradores y amigos volvieron a fluir. Los investigadores supieron así del interés de González por entrevistarse con el secretario de Estado de Seguridad, tarea que recayó en su hermano Pablo. También se enteraron del chivatazo de «la magistrada» a Rodríguez Sobrino y hasta hilaron pistas sobre el cobro en Suiza de la comisión de 1,4 millones de euros por la adjudicación de una línea ferroviaria en Madrid.

Ayer su defensor, Esteban Mestre, adelantó que recurrirá ante el juez y la sala la prisión preventiva. «Es una medida extrema», aseguró Mestre. «Los motivos por los que se puede mantener a un inocente en prisión son el riesgo de fuga, de reiteración delictiva y destrucción de pruebas. Creo que en este caso no concurren. Por eso voy a recurrir», comentó el abogado. El expresidente autonómico, recalcó, «tiene ganas de defenderse porque tiene argumentos. Aún estamos iniciando la investigación. Pero, desde luego, en prisión preventiva no se vive en condiciones de tranquilidad para preparar la defensa».

Archivada la investigación contra Casals y Marhuenda

El juez instructor de la operación Lezo ordenó ayer, a petición de la Fiscalía Anticorrupción, el sobreseimiento provisional y archivo de la investigación contra el director de La Razón, Francisco Marhuenda, y el presidente de este diario, Mauricio Casals, por presuntas coacciones a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes. Ambos declararon el viernes ante el juez Eloy Velasco como investigados, pero la jefa de gabinete de Cifuentes, Marisa González, a la que Marhuenda llamó «zorra» en un conversación grabada, testificó que no se sintió coaccionada, «sino que, y es lo que importa, en ningún caso lo habrían conseguido». Comentario con el que rebajó las supuestas coacciones.

Fianza de 100.000 euros para el exgerente que viajó con González a Colombia

El gerente del Canal de Isabel II hasta 2009 detenido el lunes, Ildefonso de Miguel, podrá seguir en libertad si deposita una fianza de 100.000 euros. El juez le atribuye los delitos de organización criminal, blanqueo, falsificación, prevaricación, malversación y fraude. Los fiscales habían pedido su ingreso en prisión bajo fianza de 400.000 euros. A De Miguel, estrecho colaborador de Ignacio González, a quien acompañó en el polémico viaje a Colombia en el 2008, el juez lo relaciona con el cobro de comisiones en la adjudicación del campo de golf que se construyó en el 2007 en terrenos del Canal en Madrid, pese a la oposición vecinal y tras cambiar a última hora la Comunidad de Madrid su uso de explotación.