Sería un siguiente paso lógico, aunque en varios casos de corrupción, el Tribunal ha agravado las penas impuestas en primera instancia
19 feb 2017 . Actualizado a las 05:00 h.Iñaki Urdangarin, su exsocio Diego Torres o la Fiscalía Anticorrupción tienen hasta el próximo viernes para anunciar recurso de casación ante el Tribunal Supremo. Después se abrirá un plazo para presentar los pertinentes escritos y, una vez sean admitidos a trámite por la Sala Segunda (de lo Penal), se fijará la fecha de la vista en la que las partes expondrán sus argumentos. Uno de los miembros del tribunal será designado ponente de la sentencia, que se conocerá tras las pertinentes deliberaciones.
Todos los condenados por tribunales de instancia en los principales casos de corrupción de los últimos años acudieron en casación al alto tribunal. Confiaban, claro está, en una rebaja de la pena. Sin embargo, todos ellos acabaron entrando en prisión. Algunos tras beneficiarse de una disminución sustancial del castigo, la mayoría porque la sala confirmó el fallo y otros pocos acabaron recibiendo más pena.
Jaume Matas. El Supremo confirmó en julio del 2013 la condena por tráfico de influencias.
Rafael Blasco. El Supremo consideró que el exconsejero de Cooperación de la Generalitat «pisoteó» a los ciudadanos por ayudar a desfalcar fondos públicos en favor del empresario César Tauroni. Quedaron probados tres delitos, pero el Supremo retiró a dos de ellos la agravante de continuidad delictiva y le rebajó la pena.
Carlos Fabra. La sala segunda confirmó la misma pena de cuatro años de prisión y multa que la instancia inferior, casi 1,4 millones de euros, por fraude fiscal.
Juan Antonio Roca. El exasesor del Ayuntamiento de Marbella fue castigado a 11 años de prisión y en julio de 2015 el Supremo elevó la pena a 17 al apreciar un nuevo delito fiscal y agravarse las penas por cohecho y blanqueo.
Pedro Pacheco. El exalcalde de Jerez cumple condena en la prisión de Puerto III (Cádiz) después de que el Supremo elevara su pena un año más, hasta los cinco años y seis meses de prisión, por el nombramiento a dedo de dos cargos de confianza y pagarles 206.833 euros sin trabajar a través de sociedades municipales.